Asamblea binacional frontera norte
29/05/2014

COMUNICADO PÚBLICO

Situación de derehos humanos en la frontera colombo-ecuatoriana.

Asamblea comunitaria Binacional de organizaciones y comunidades campesinas e indígenas de la provincia de Sucumbíos (Ecuador) y Puerto Asís (Colombia)

 

 

En la comunidad de El Palmar, cantón putumayo, Provincia de Sucumbíos, Ecuador, el día 28 de abril de 2014, se dieron cita treinta y cinco comunidades ecuatorianas y colombianas, así como organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos, con el fin de denunciarla grave situación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional que se está viviendo en esta región fronteriza a consecuencia de la agudización del conflicto colombiano.

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Organización de acción social "Cóndor Mirador" 12/05/2014
San Marcos símbolo de resistencia
 

 

De manera arbitraria Ecuacorriente s.a  realizó cerramientos de alambre de púas en los bienes patrimoniales de la comunidad San Marcos el 9 y 10 de Mayo 2014, los moradores tomamos la decisión de retirar el cerramiento y letreros con mensajes “propiedad privada”, en presencia de la policía nacional, en vista que se los encontró trabajando de manera abusiva. Enseguida los moradores solicitaron documentos que autoricen a Ecuacorriente para ingresar a la propiedad comunitaria, pero no presentaron ningún documento, solo mencionaron que han comprado estos bienes comunitarios y el abogado Cristian Barriga de Ecuacorriente manifestó categóricamente que el vicariato de Zamora firmó un convenio y que el bien inmueble es de propiedad del Vicariato.

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INREDH 08/05/2015
Caso Intag ante relatores internacionales
 

 

 La zona de Intag, se encuentra ubicada en las estribaciones occidentales de los Andes Ecuatorianos, en la provincia de Imbabura (Cordillera del Toisan) “(...)formando parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y es parte de la región biótica conocida como  Andes Tropicales, la más biodiversa de los 34 puntos candentes (Hotspots) del plantea”  . El Valle de Intag se encuentra conformado por las parroquias de Apuela, Plaza Gutierrez, Peñaherrera, Vacas Galindo, García Moreno, Cuellaje ubicadas en el Cantón Cotacachi, y la Parroquia de Selva Alegre, Cantón Otavalo.

 

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Pablo Dávalos 28/04/2014
Crimen y castigo: El Código Penal de Alianza País
 

 La manera por la cual se debe comprender y asumir al Código Penal aprobado en el año 2014, es desde la praxis política de Alianza País y el modelo de dominación político que le fue correlativo. Este instrumento jurídico instaura la culpa como ontología política de la violencia y sustrato de la dominación política. El COIP pretende cerrar el rizoma de la violencia posneoliberal creando un régimen disciplinario sustentado en uno de los regímenes carcelarios más duros de los que el Ecuador haya tenido memoria.

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Introducción:

Uno de los retos más grandes del Estado ecuatoriano es la implementación de un sistema penitenciario que garantice los derechos de las personas privadas de la libertad y que permita una rehabilitación e inserción de aquellas (os) que cometieron un error en sus vidas.

 

El problema del Sistema Penitenciario en el Ecuador no es actual; siempre ha existido una lucha por parte de los personas privadas de la libertad (en adelante “ppl´s”) como de organizaciones de derechos humanos para conseguir políticas públicas en las cuales, el Estado cumpla su papel de garante frente a este grupo en situación de vulnerabilidad que se encuentran en cárceles del Ecuador. Así también, políticas que eviten acciones discriminatorias generadas por las mismas instituciones estatales con la consigna de proteger la seguridad ciudadana.

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En el momento en el que se produce una grave violación a los derechos humanos, se generan para las víctimas (ya sean directas o indirectas) tres necesidades básicas, que a su ves son derechos reconocidos por constituciones nacionales e instrumentos internacionales; estas son: el conocimiento de la verdad, la obtención de justicia y la activación de mecanismos de reparación integral idóneos y efectivos que restauren a los afectados y afectadas y eviten la repetición los hechos.

Pero, la verdad, la justicia y la reparación implican, necesariamente, el cumplimiento de obligaciones correlativas por parte del Estado, que a través de su institucionalidad debe, investigar, sancionar y reparar las graves violaciones de derechos humanos, siempre con la debida diligencia para evitar la impunidad.

 

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Titulares

 
 

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Inredh Derechos Humanos