Frente al aumento de la irresponsabilidad de las empresas extractoras de recursos, espacios nacionales e internacionales como el Tribunal Permanente de los Pueblos constituyen un medio para hacer escuchar  la voz de los pueblos frente a los sordos y ciegos gobiernos nacionales y denunciar la famosa “responsabilidad” de las empresas como una filosofía muerta cuyo cuerpo inerte se muestra en instrumentos rupestres como el llamado plan estratégico, plan de manejo ambiental.

El Relator Especial de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales después de su visita a Ecuador, emitió un informe preliminar, en el que se da cuenta del hostigamiento gubernamental hacia líderes sociales usando, al igual que sus predecesores, el sistema judicial;  de la confusión premeditada de varias autoridades y medios de comunicación que buscan desprestigiar la justicia indígena endosándole procedimientos que son ajenos a ella, como los ajusticiamientos, y presentándola como un sistema salvaje y bárbaro; la creciente presión que los militares y la policía ecuatoriana ejerce sobre las comunidades de frontera, desconociendo totalmente su realidad, y que conlleva una serie de abusos de poder e, incluso, el asesinato.
El profesor Philip Alston, Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, tuvo la prolijidad de reunirse con representantes gubernamentales y de la sociedad civil, visitó los lugares de mayor conflicto y tuvo entrevistas personales con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y no solo se remitió a informes presentados por los organismos de derechos humanos, lo que hace de este informe preliminar, un informe muy cercado a la realidad, aunque esta realidad incomode al gobierno.
 
AQUÍ EL INFORME COMPLETO...
 

Informe sobre el estado actual de aplicación de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en la región amazónica de Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú; en relación con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).El presente informe recoge los aportes del Derecho Internacional y del Derecho Constitucional de cinco países de la región amazónica a la positivización y la práctica del derecho al consentimiento informado previo. Se analiza cómo  ha sido tomado en cuenta este derecho en la implementación de la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA), por parte de los Estados sudamericanos, en particular aquellos en los que tiene miembros la Red Jurídica para la Defensa de la Amazonía, RAMA, de la cual forma parte INREDH (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil).

Este informe fue presentado durante el 138º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que se celebró del 15 al 26 de marzo del 2010 en Washington.

El 4 de junio de este año se cumplieron 20 años del primer gran levantamiento indígena en el Ecuador moderno. Este hecho vislumbró al movimiento indígena como un actor central en la vida política del país y se convirtió en un ejemplo de lucha y propuesta en Latinoamérica.

Para conmemorar el levantamiento de los años 90, indígenas de la Amazonía ecuatoriana el 10 de junio empezaron una caminata desde el Puyo hasta Quito donde, el 21 de junio, se celebrará el Inti Raymi y junto con indígenas de todo el país y organizaciones sociales  instalarán el parlamento Plurinacional de los Pueblos. Pero, ¿qué ha cambiado en 20 años? ¿Cuáles son los derechos por los que ahora los pueblos indígenas se movilizan, caminan?. Aquí el Informe sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en Ecuador, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH

El gobierno nacional, ha demostrado en estas últimas semanas su verdadero rostro cuando se ha dedicado a promover spots publicitarios y cadenas informativas, en donde sataniza a la dirigencia indígena, manipula a la ciudadanía con información falsa y promueve el odio racial y la xenofobia. Estas cadenas ameritan una condena moral nacional e internacional, y evidencian a un gobierno dispuesto a enfrentar a los ecuatorianos entre sí y exacerbar odios raciales con mentiras y distorsiones de la verdad, con tal de salvar sus intereses particulares. Urge una acción democrática de la ciudadanía para defender la democracia, para salvaguardar el diálogo como mecanismo pacífico para la resolución de conflictos, y salvar al país que está viviendo sus horas más sombrías de la llamada 'revolución ciudadana'.

En la actualidad, la ley de aguas se convertirá, paradójicamente, en el parte aguas definitivo de la llamada “revolución ciudadana”. Aquí se decantarán las posiciones. No hay alternativa al cumplimiento de la Constitución. No se puede llegar a acuerdos que atropellen la Constitución.
Tal como sucede en estos días, cuando se discute la ley de recursos hídricos, dentro y fuera de Montecristi, asomaron quienes defendían el agua como un derecho humano fundamental y quienes actúan  por sus intereses particulares.

El Yasuní es el lugar más biodiverso del mundo, ya que en una sola hectárea se encuentran más de 644 especies de árboles. Además, en este territorio se encuentran los pueblos Taggaeri y Taromenane que decidieron ocultarse en la selva para proteger su cultura, sus tradiciones,  sus saberes ancestrales y su modelo de vida.
La extracción del petróleo en el Yasuní pone en riesgo la biodiversidad y las culturas indígenas que se encuentran ahí. El deseo de extraer ese recurso responde a un modelo extractivista que  ha sido impulsado durante la historia del Ecuador, por los gobernantes de turno en beneficio de los grandes capitales trasnacionales. 

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