Compartimos con ustedes la carta  que varias organizaciones entregaron este 8 de febrero en la Embajada de Panamá en Ecuador debido a su preocupación por la situación de los indígenas Ngäbe Buglé, a quienes se les ha reprimido violentamente.

 CIDH urge a Panamá a garantizar la integridad física y seguridad de manifestantes

 Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge al Estado de Panamá a garantizar la integridad física y seguridad de líderes y miembros del pueblo indígena Ngöbe Buglé que protestan contra la aprobación de legislación relativa a la ejecución de proyectos de inversión en sus territorios.

Según información de público conocimiento, miembros del pueblo indígena Ngöbe Buglé bloquearon por varios días la circulación de la carretera Interamericana como medida de protesta relacionada con el debate parlamentario del Proyecto de Ley No. 415 “Que establece un Régimen Especial para la Protección de los Recursos Minerales, Hídricos y Ambientales en la Comarca Ngöbe Buglé”.

Compartimos con ustedes el informe "Derechos de los Pueblos Indígenas y Acoso a Manifestantes, preparado por Amnistía Internacional para el Examen Periódico Universal que la Organización de Naciones Unidas realizará sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador entre los meses de mayo y junio del 2012. En este informe Amnistía Internacional muestra su preocupación por la crminalización en Ecuador. Este informe hace un análisis del marco legal ecuatoriano y señala que pese a que la Constitución del 2008 “reconoce explícitamente la identidad plurinacional y pluricultural del país y el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos concernientes a recursos naturales no renovables y que afecten a sus tierras y medios de vida, así como sobre la adopción de medidas legislativas que pudieran afectar cualquiera de sus derechos colectivos” hasta el momento no se han “establecido ningún mecanismo que garantise el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados”.

 ¿Quiénes son los defensores y las defensoras de los derechos humanos?

Sucede en Ecuador, sucede en Chile y en varios países de América Latina. Más allá de la tendencia ideológica del gobierno de turno, la criminalización a defensores y defensores de derechos humanos y la naturaleza es un hilo conductor de un modelo económico en avance.

Aunque el poder diga lo contrario, la criminalización no es un engaño social, la criminalización es una lamentable verdad.
Este es el primero de una serie de artículos que van desglosando la temática de la criminalización en el Ecuador y contextualizándola a nivel latinoamericano, mostrando el hilo conductor que se esconde detrás de esta política.

En Ecuador se evidencian procesos de criminalización de las actividades realizadas por los y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, principalmente, cuando éstas se oponen al modelo de desarrollo que ejecuta el Estado ecuatoriano. Uno de los hechos que evidencia esta criminalización es el reconocimiento de la Asamblea Constituyente a través de las Resoluciones de Amnistía que se dieron entre marzo y agosto de 2008.

La existencia de acciones concretas de criminalización y de actores específicos da lugar a que se configure una política de criminalización caracterizada por la intencionalidad del Estado, por el desarrollo de acciones de las diferentes funciones y organismos que lo conforman y por el por el carácter sistémico que poseen.

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