¿Quiénes son los defensores y las defensoras de los derechos humanos?

Sucede en Ecuador, sucede en Chile y en varios países de América Latina. Más allá de la tendencia ideológica del gobierno de turno, la criminalización a defensores y defensores de derechos humanos y la naturaleza es un hilo conductor de un modelo económico en avance.

Aunque el poder diga lo contrario, la criminalización no es un engaño social, la criminalización es una lamentable verdad.
Este es el primero de una serie de artículos que van desglosando la temática de la criminalización en el Ecuador y contextualizándola a nivel latinoamericano, mostrando el hilo conductor que se esconde detrás de esta política.

En Ecuador se evidencian procesos de criminalización de las actividades realizadas por los y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, principalmente, cuando éstas se oponen al modelo de desarrollo que ejecuta el Estado ecuatoriano. Uno de los hechos que evidencia esta criminalización es el reconocimiento de la Asamblea Constituyente a través de las Resoluciones de Amnistía que se dieron entre marzo y agosto de 2008.

La existencia de acciones concretas de criminalización y de actores específicos da lugar a que se configure una política de criminalización caracterizada por la intencionalidad del Estado, por el desarrollo de acciones de las diferentes funciones y organismos que lo conforman y por el por el carácter sistémico que poseen.

El presente boletín tiene como objetivo analizar la aplicación la normativa constitucional que protege y garantiza los derechos de la Naturaleza o Pachamama y que se encuentran plasmados en la Constitución vigente desde el 2008, por parte de los operadores de justicia dentro de las causas que son sometidos a su conocimiento. El caso en estudio se denominara “Troya,” precisamente por ser el apellido de quien propuso la Acción de Protección (garantía jurisdiccional), para defender a la Naturaleza o Pachamama

  La Asamblea Nacional aprobó, sobre la base del informe de la Comisión de Justicia,  el proyecto de amnistía a favor de las siete personas criminalizadas de Nabón. Rodrigo de los Ángeles Quezada Sanmartín, Vinicio Saravio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Segundo Olmedo Sanmartín Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo Erráez enfrentaban un juicio por supuesto sabotaje.

 Compartimos con ustedes un fragmento de la entrevista realizada a Guillermo Navarro por Radio Quito, el 5 de noviembre del 2009. Navarro fue Presidente de la Comisión Auditora de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión. En esta entrevista, Navarro hace referencia a la serie de investigaciones y artículos de prensa  sobre los negocios de la Familia Alvarado que aparecieron en ese entonces.

El Presidente Correa, en su último enlace sabatino del 21 de octubre, manifestó que Dayuma constituyó una gran lección para el gobierno y que aprendieron a no dejarse sorprender otra vez.  En esta carta abierta analizamos los aprendizajes que Rafael Correa tuvo en Dayuma y cómo se los aplicó en Río Grande.

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