La Corte Constitucional colombiana declaró la inconstitucionalidad del convenio, mediante el cual el gobierno de Uribe entregó 7 bases militares a las Fuerzas Armadas Estadunidenses, comprometiendo la soberanía y dignidad del pueblo colombiano. La decisión de la Corte Constitucional es un aporte a la lucha de miles de organizaciones que, en todo el mundo, buscan hacer realidad el principio de autodeterminación de los pueblos.

Ver la sentencia completa de la Corte Constitucional colombiana aquí:

Este artículo analiza el proceder de la Corte Constitucional ecuatoriana, frente a diversas leyes que, en contra de la Constitución, han sido aprobadas por la Asamblea Nacional.
Se pone énfasis en los puntos más controversiales de la sentencia de la Corte a  la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Minería, que realizó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
Si el cambio de paradigma constitucional implica que las disposiciones de la Constitución son normas jurídicas exigibles y que dejábamos atrás la figura del Tribunal Constitucional como órgano político-jurídico para establecer una Corte Constitucional como corte de derecho, nos preguntamos ¿Por qué la Corte Constitucional en este caso falló de manera política? Y más importante aún ¿Hasta cuándo durará el argumento de las circunstancias excepcionales?, ¿Cómo fallará la Corte Constitucional si se repite la falta de consulta pre-legislativa en casos como la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Aguas?

Comunidad Salango	11/08/2010
Comunicado urgente

Aspiramos que se reconozca la Ancestralidad de la Comunidad Salango, garantizando de conformidad a la Constitución los derechos humanos y  los derechos colectivos, la conservación de la propiedad imprescriptible de  sus tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e indivisibles, la participación en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en nuestra circunscripción territorial, a no ser desplazados de nuestras tierras ancestrales, reconociendo a la Comunidad Salango como una propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial con el derecho a la integridad personal, física, psíquica, y moral de todos sus comuneros.

La Constitución del Ecuador de 2008, en esencia garantista, crea una serie de acciones jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos, como son: la Acción de Protección, la Acción de Hábeas Corpus, la Acción de Hábeas Data, la Acción por Incumplimiento, la Acción de Acceso a la Información Pública y la Acción Extraordinaria de Protección. En algunas oportunidades ya se ha evidenciado cómo la Constitución del 2008 y la acción gubernamental mantienen un divorcio, sin que se vislumbren posibilidades de resolverse, incluso varios funcionarios han cuestionado que las ciudadanas y ciudadanos  hayan empezado a hacer uso de las garantías constitucionales, y específicamente, de la Acción de Protección.  
En este boletín presentamos precisamente algunas pautas de uso de este recurso constitucional frente a los reiterados abusos de poder, aún más, instamos a las organizaciones sociales, comunidades indígenas y campesinas a hacer un uso más extensivo de este recurso para la protección de sus derechos y de los derechos de la naturaleza; pues, sólo ejerciendo las garantías podremos dar vida a nuestra Constitución.

Frente al aumento de la irresponsabilidad de las empresas extractoras de recursos, espacios nacionales e internacionales como el Tribunal Permanente de los Pueblos constituyen un medio para hacer escuchar  la voz de los pueblos frente a los sordos y ciegos gobiernos nacionales y denunciar la famosa “responsabilidad” de las empresas como una filosofía muerta cuyo cuerpo inerte se muestra en instrumentos rupestres como el llamado plan estratégico, plan de manejo ambiental.

El Relator Especial de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales después de su visita a Ecuador, emitió un informe preliminar, en el que se da cuenta del hostigamiento gubernamental hacia líderes sociales usando, al igual que sus predecesores, el sistema judicial;  de la confusión premeditada de varias autoridades y medios de comunicación que buscan desprestigiar la justicia indígena endosándole procedimientos que son ajenos a ella, como los ajusticiamientos, y presentándola como un sistema salvaje y bárbaro; la creciente presión que los militares y la policía ecuatoriana ejerce sobre las comunidades de frontera, desconociendo totalmente su realidad, y que conlleva una serie de abusos de poder e, incluso, el asesinato.
El profesor Philip Alston, Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, tuvo la prolijidad de reunirse con representantes gubernamentales y de la sociedad civil, visitó los lugares de mayor conflicto y tuvo entrevistas personales con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y no solo se remitió a informes presentados por los organismos de derechos humanos, lo que hace de este informe preliminar, un informe muy cercado a la realidad, aunque esta realidad incomode al gobierno.
 
AQUÍ EL INFORME COMPLETO...
 

El 4 de junio de este año se cumplieron 20 años del primer gran levantamiento indígena en el Ecuador moderno. Este hecho vislumbró al movimiento indígena como un actor central en la vida política del país y se convirtió en un ejemplo de lucha y propuesta en Latinoamérica.

Para conmemorar el levantamiento de los años 90, indígenas de la Amazonía ecuatoriana el 10 de junio empezaron una caminata desde el Puyo hasta Quito donde, el 21 de junio, se celebrará el Inti Raymi y junto con indígenas de todo el país y organizaciones sociales  instalarán el parlamento Plurinacional de los Pueblos. Pero, ¿qué ha cambiado en 20 años? ¿Cuáles son los derechos por los que ahora los pueblos indígenas se movilizan, caminan?. Aquí el Informe sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en Ecuador, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH

Foto del día