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INREDH EN LA FRONTERA NORTE



Observatorio Internacional por la Paz OIPAZ


El trabajo de INREDH en la frontera norte empieza en el 2001 al conformarse el Observatorio Internacional por la Paz-OIPAZ integrado por varias organizaciones como: Comité Ecuménico de Derechos Humanos-CEDDU; Fundación Regional de Derechos Humanos-INREDH; Servicio Paz y Justicia del Ecuador-SERPAJ y el Programa Andino de Derechos humanos –PADH de la Universidad Andina Simón Bolívar.

El Observatorio nace para realizar un diagnostico inicial sobre la situación de los derechos humanos en la zona fronteriza. Para realizar este diagnostico se contó con el apoyo de varias organizaciones de las provincias fronterizas y se estimó la colaboración de un investigador por provincia.


Además de denunciar y dar seguimiento a los efectos directos del Plan Colombia en línea de frontera, se analiza  sus alcances  en el País, con temas como la firma del Convenio para la instalación del Centro de Operación de Avanzada de Estados Unidos en de la Base de Manta. Esta base, como se conocería después, era una estrategia que   Estados Unidos de Norte América contemplaba en su “lucha contra el narcotrafico”, así el Plan Colombia no solo se configuraba como una propuesta para pacificar a Colombia sino para extender el conflicto armado a otras naciones vecinas, bajo el discurso de la lucha antinarcóticos y antiterrorista. Además, al Plan Colombia hay que analizarlo en el marco de los planes de Estados Unidos junto con otro tipo de proyectos que se venían aplicando en otros países, como es la Integración Regional Andina, que según Estados  Unidos se  destina a: democratizar la región.


Del trabajo del Observatorio se identifica que los efectos del plan Colombia en línea de frontera afectan directamente la salud, la seguridad alimentaria, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.


Una de las estrategias de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos planteado por OIPAZ fue un sistema de información y alerta temprana desde los local a lo nacional e internacional.
La militarización, afecciones a los derechos humanos y colectivos la violencia, el sicariato, fumigaciones, criminalización de los pueblos indígenas y población de frontera traen dos grandes resultados (ya planificados desde la aplicación del plan Colombia) el desplazamiento interno y la desterritorialización.


De la población de frontera, los pueblos indígenas han sido los receptores principales de los efectos del plan Colombia, sobre todo porque ha incidido en su forma de vida, a través de las fumigaciones se ha afectado su principal recurso que les proveía de alimentos y trabajo: el territorio.


Posteriormente en la Frontera aparecen una serie de ong’s destinadas a reactivar la economía de estas poblaciones a través de proyectos productivos la construcción de carreteras y caminos hacia las comunidades asentadas en líneas de frontera, la infraestructura que antes no tenían, y la conservación del territorio todo esto con fondos de cooperación internacional, que no lograron mejorar la situación de las personas en frontera.


Comité Interinstitucional contra las fumigaciones


En el año 2004 INREDH forma parte del CIF , Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones, integrado por Acción Ecológica, Acción Creativa,  CEDHU, Comité Andino de Servicios, y la Clínica de Derechos Humanos de la PUCE, llevando adelante varias acciones en conjunto respecto a actividades de incidencia política, sobre el tema de la situación en frontera norte,  por los efectos del Plan Colombia. Una de estas acciones es la demanda de Acción de Amparo en contra del estado Ecuatoriano por fumigaciones y omisión de Ecuador iniciada en marzo del 2006 y que hasta el momento se sigue litigando ante la CIDH por el incumplimiento de los 13 puntos que se habían acordado en la demanda inicial.

El Estado ecuatoriano argumentó  que no se han agotado los recursos al interior del mismo, así que la acción debería ser la Acción por incumplimiento mas no la de Amparo y que Ecuador no puede ser responsable por la acciones de terceros, refiriéndose a la acción de fumigación por el gobierno colombiano.
El argumento de las organizaciones demandantes era que esta demanda no alude a acciones de terceros y que ante la nueva Constitución ecuatoriana aprobada en el  2008 sí procede la demanda.