INREDH es parte del Comité Interinstitucional en contra de los efectos de las Fumigaciones del Plan Colombia y junto con otras organizaciones amigas como Acción Ecológica, la Clínica de Derechos Humanos de la PUCE, el Comité Andino de Servicios y la CEDHU, se ha venido desarrollando un trabajo conjunto para ayudar a las comunidades campesinas y pueblos indígenas afectados por las fumigaciones del Plan Colombia en la frontera con Ecuador.

En este contexto INREDH a colaborado en las diversas estrategias planteadas para la protección de los derechos humanos de los afectado/as.

Reuniones de Planificación:

El 06 de mayo de 2006 se realizó una reunión de planificación estratégica a la cual asistieron los máximos representantes de las organizaciones que conforman el CIF y se planificaron acciones a nivel jurídico, psicológico, médico, de incidencia política, comunicativas y educativas1.

En la reunión de planificación estratégica se propuso realizar reuniones quincenales para dar a conocer los avances obtenidos y coordinar nuevas acciones. INREDH ha asistido regularmente a estas reuniones y a colaborado para llevar adelante las distintas acciones jurídicas y no jurídicas planificadas.

En la última reunión quincenal llevada a cabo el 31 de mayo de 20062, INREDH se comprometió a colaborara para fortalecer el papel de los defensores/as de derechos humanos mediante la obtención de resoluciones de la Defensoría del Pueblo y apertura de las investigaciones abiertas y además a fortalecer los mecanismos de denuncia de las oficinas de derechos humanos de la frontera.

Acciones Jurídicas

Entre las diversas estrategias implementadas, INREDH colaboró en la elaboración y presentación de un Recurso de Amparo a favor de las personas afectadas por los efectos de las fumigaciones del Plan Colombia en Ecuador, recurso que fue ganado en la instancia superi3or, el Tribunal Constitucional, que ordenó al gobierno tomar todas las medidas necesarias para proteger a la población afectada4, con detalles específico de lo que cada ministerio debía hacer. Pese a esta resolución favorable, en la práctica jamás se ejecutó la decisión del Tribunal Constitucional y la población nunca recibió la asistencia que requería.

Habiéndose agotado los recursos internos, INREDH colaboró en la elaboración y presentación de una demanda contra el Estado ecuatoriano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por omisión en su deber de protección a su población afectada, que ha sufrido serios daños en su salud por los efectos de las fumigaciones. Específicamente la petición se presentó a favor de cinco mujeres habitantes de la a Parroquia General Farfán, Provincia de Sucumbíos, Frontera Norte de Ecuador, quienes habían sufrido serios daños genéticos científicamente comprobados.

Acciones a nivel del Sistema de Naciones Unidas

En el mes de Abril del año 2006, vino a Ecuador una Misión Técnica Preliminar de Naciones Unidas para proponer estudios sobre el impacto de las aspersiones aéreas y acciones complementarias en la Frontera Norte de Ecuador.

INREDH junto con el CIF, colaboró con dicha misión mediante la presentación de la información que había sido recopilada sobre los efectos negativos de las fumigaciones a más de copias de los recursos y acciones implementadas a nivel nacional e internacional.

Dicha misión elaboró un informe5 en el cual se relata como se ha desarrollado el proceso de colaboración y participación de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, para denunciar esta situación y llevar adelante acciones y estrategias a nivel interno e internacional en favor de la población afectada.

Visitas a territorio de la Comunidad Awá

Durante los días 13, 14 y 15 de marzo de 2006, el CIF visitó la comunidad de Mataje Alto, territorio indígena awá, ubicado en la provincia de Esmeraldas, sector de la frontera con la República de Colombia.

Entre el equipo que conformó la misión se encontraba el señor Andrés Borja, miembro del equipo legal de INREDH quien evaluó la situación de esta comunidad y realizó las siguientes recomendaciones que fueron incorporadas al Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos y Colectivos del Pueblo Indígena Awá6:

1. Informar de esta situación al Relator Especial de la ONU de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Su pronunciamiento respecto a este caso sería fundamental para sustentar cualquier recurso judicial, ya sea presentado internamente o ante cortes internacionales.

2. Con base en el presente informe presentar un recurso de Amparo Constitucional, fundamentados en la omisión del Gobierno en su deber de proteger a su población, garantizándole los derechos fundamentales como Salud, Integridad Sicológica o Educación. En caso de que el amparo fuere rechazado o que pese a ser concedido no se ejecute se intentaría iniciar una demanda internacional en contra de estado ecuatoriano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dada la apertura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para considerar a comunidades indígenas como víctimas colectivas “individualizables” sería preferible y conveniente presentar una demanda en base a los estándares aplicables a comunidades indígenas.

3. Finalmente, sería importante contar con un pronunciamiento por parte de la Defensoría del Pueblo Indígena, que de igual manera sirva para constatar la carencia de atención por parte del estado a este grupo humano.