INREDH 05/11/2013
Informe sobre la situación de la frontera norte presentado en la CIDH
 

 

 

El 29 de octubre de 2013, el equipo legal de INREDH se reunió con el equipo encargado de la Mesa Andina 2, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos. La Mesa Andina 2 lleva los casos presentados por Ecuador en el Sistema Interamericano de Justicia.

A más de realizar una revisión de los casos que INREDH mantiene en la CIDH, se analizó la situación de la frontera norte, en el marco de la demanda que los campesinos de FORCCOFES mantienen en la CIDH en contra del Estado ecuatoriano por no haberlos protegido frente a las fumigaciones tóxicas que realizó Colombia entre el 2000 y 2005. En esta reunión se expuso la situación actual de las víctimas y los problemas que afronta FORCCOFES luego de la firma del Acuerdo amistoso entre Ecuador y Colombia, donde el gobierno ecuatoriano se somete a la propuesta colombiana y retrocede, especialmente en la tesis de que no se fumigue en una franja de diez kilómetros, contados desde la línea fronteriza hacia dentro de territorio colombiano.

En esta reunión se presentó un informe sobre la situación de frontera, en el que se analiza los procesos de militarización y la consolidación de la estrategia de “yunque y martillo”, implementada en el marco del Plan Colombia y que fuera rechazada por la sociedad ecuatoriana. La estrategia del Plan Colombia consiste en asignar al ejército ecuatoriano la tarea de contención en la línea de frontera de miembros que puedan huir frente al embate del ejército colombiano. Esto ha provocado los constantes enfrentamientos que se suscitan en la frontera y que pone en riesgo la seguridad de comunidades de campesinos e indígenas que nada tienen que ver con el conflicto.

 

Ver documento en PDF

 

Anna Schmit10/12/2009
Desplazamiento, Frontera y Derechos humanos
 

 

Desde los años ochenta, en Colombia alrededor de cuatro millones de personas, indígenas, campesinos y afros han sido obligados a abandonar sus tierras. Caracterizar los desplazamientos como efectos de la “violencia” y del conflicto armado consiste en prescindir de los intereses económicos y políticos que les convierten en una estrategia de guerra económica y de imposición del modelo de orden económico a nivel mundial.

Leer más...
 
INREDH

INFORME ALTERNATIVO AL INFORME PRESENTADO POR EL ESTADO ECUATORIANO ANTE EL COMITÉ CONTRA LA
TORTURA

 

La Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, conjuntamente con el Comité Nacional de Presos, pone a consideración del Comité contra la Tortura este Informe Alternativo al Tercer Informe Periódico del Ecuador sobre la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

 

El espíritu de este informe es el de proveer al Comité de información objetiva y fidedigna, basada en nuestro trabajo cotidiano, sobre la situación de la tortura en el Ecuador, y las limitaciones que todavía siguen existiendo en el país para erradicar esta práctica inhumana.

 

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en el Ecuador la tortura persiste y es una práctica permanente y selectiva.

 

Permanente porque se utiliza como método cotidiano de investigación del delito por parte de agentes policiales con anuencia de Fiscales; y de castigo / control en los centros penitenciarios.

 

Es selectiva porque se ejerce frente a las personas que con mayor frecuencia son procesadas ante el sistema penal ecuatoriano: hombres y mujeres de escasos recursos económicos, indígenas, afroecuatorianos, minorías sexuales, migrantes irregulares y personas en situación de refugio.

 

Su persistencia evidencia las propias limitaciones que el Estado tiene para asumirla y enfrentarla y por ello consideramos necesario que el Estado Ecuatoriano arbitre, de manera efectiva, medidas de carácter legislativo, administrativo y judicial para erradicarla.

 

Para ello es esencial que el Estado consolide un marco de estabilidad política e institucional, y supere el clima de inseguridad jurídica en el que se viene manteniendo en los últimos años.

 

Como organizaciones que trabajamos por los derechos humanos estamos convencidas que sólo superando el discurso formal y estableciendo medidas efectivas y prácticas para prevenir, investigar y sancionar la tortura, se puede contribuir a consolidar un verdadero Estado de Derecho.

 

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR ARTICULO


Artículo 1

1. El Estado afirma, en el párrafo 8, que la norma constitucional que regula la tortura “es lo suficientemente amplia y al mismo tiempo precisa para abarcar todos los elementos del artículo 1 de la Convención contra la Tortura… Con estas reformas se absuelve una de las preocupaciones del Comité respecto a la falta de definición en la legislación interna de la tortura mental.”

La Constitución no determina sanciones para la tortura, tratos inhumanos y degradantes. Luego, el juez penal, por el principio de legalidad, no puede aplicar la Constitución si es que no se reforma el Código Penal. Si no hay tipificación penal, se considera como derecho que nadie puede ser juzgado.

 

No basta, pues, la norma Constitucional. El tipo penal de tortura es mucho más protectivo que los tipos penales que existen en el Ecuador y que el Estado afirma que son suficientes (Ver infra, Artículo 4).

 

2. Ecuador, en el párrafo 10 de su informe, sostiene que ha ratificado el Estatuto de Roma y que “es por tanto Ley de la República”.

 

Ecuador no ha adecuado el Código Penal al Estatuto de Roma. Por la misma razón por la que no puede aplicar el principio constitucional de la tortura, tampoco, si no se adecuan los tipos penales al estatuto de Roma, un juez penal no lo podrá aplicar (principio de legalidad, ver supra 1)

 

3. Ecuador sostiene, en el párrafo 15 de su informe, que ha habido tantas reformas a las leyes adjetivas, que se ha mejorado el sistema de justicia, “a fin de otorgar mejores condiciones para el juzgamiento expedito de los delitos más graves, como es el caso de la tortura. La misma afirmación la repite en el párrafo 153 del informe, cuando sostiene que la tasa de población penitenciaria viene decreciendo debido a reformas legales. Afirmaciones de esta índole las repite al comentar el Art. 12 del informe, párrafos 161 en adelante.

 

Estas afirmaciones no se compadecen con la realidad.

En una reciente investigación sobre la justicia en Ecuador2, se afirma que “fuimos en busca de la justicia y encontramos un cadáver”3. En las conclusiones, después de un estudio basado en estadísticas y entrevistas, se sostiene que “se ha comprometido seriamente el derecho a la justicia, se han desatendido las garantías fundamentales (…), están ausentes todos y cada uno.


INREDH