Este artículo analiza el proceder de la Corte Constitucional ecuatoriana, frente a diversas leyes que, en contra de la Constitución, han sido aprobadas por la Asamblea Nacional.
Se pone énfasis en los puntos más controversiales de la sentencia de la Corte a  la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Minería, que realizó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
Si el cambio de paradigma constitucional implica que las disposiciones de la Constitución son normas jurídicas exigibles y que dejábamos atrás la figura del Tribunal Constitucional como órgano político-jurídico para establecer una Corte Constitucional como corte de derecho, nos preguntamos ¿Por qué la Corte Constitucional en este caso falló de manera política? Y más importante aún ¿Hasta cuándo durará el argumento de las circunstancias excepcionales?, ¿Cómo fallará la Corte Constitucional si se repite la falta de consulta pre-legislativa en casos como la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Aguas?