Comunicación INREDH 11/04/2014
Demanda ante la CIDH por muerte de mexicanos en bombardeo de Angostura

 

Durante el 150vo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se  presentó una demanda por la muerte de los 4 estudiantes mexicanos en el bombardeo colombiano a un campamento de las FARC asentado en Angostura, Ecuador, el 1 de marzo de 2008.

En la demanda presentada el jueves 27 de Marzo, se pide sanciones a los responsables de este bombardeo, en este caso al Estado colombiano; pero además al Estado ecuatoriano, cuyos funcionarios no han dado las facilidades ni han hecho las gestiones solicitadas por los operadores de justicia para que prosperen los procesos judiciales instaurados en el país; y al Estado mexicano por no haber protegido a sus connacionales al no activar los mecanismos necesarios para exigir justicia por la muerte de los 4 estudiantes.

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Uno de los retos más grandes del Estado ecuatoriano es la implementación de un sistema penitenciario que garantice los derechos de las personas privadas de la libertad y que permita una rehabilitación e inserción de aquellas (os) que cometieron un error en sus vidas.

 

El problema del Sistema Penitenciario en el Ecuador no es actual; siempre ha existido una lucha por parte de los personas privadas de la libertad (en adelante “ppl´s”) como de organizaciones de derechos humanos para conseguir políticas públicas en las cuales, el Estado cumpla su papel de garante frente a este grupo en situación de vulnerabilidad que se encuentran en cárceles del Ecuador. Así también, políticas que eviten acciones discriminatorias generadas por las mismas instituciones estatales con la consigna de proteger la seguridad ciudadana.

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En el momento en el que se produce una grave violación a los derechos humanos, se generan para las víctimas (ya sean directas o indirectas) tres necesidades básicas, que a su ves son derechos reconocidos por constituciones nacionales e instrumentos internacionales; estas son: el conocimiento de la verdad, la obtención de justicia y la activación de mecanismos de reparación integral idóneos y efectivos que restauren a los afectados y afectadas y eviten la repetición los hechos.

Pero, la verdad, la justicia y la reparación implican, necesariamente, el cumplimiento de obligaciones correlativas por parte del Estado, que a través de su institucionalidad debe, investigar, sancionar y reparar las graves violaciones de derechos humanos, siempre con la debida diligencia para evitar la impunidad.

 

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Luis Ángel Saavedra 11/12/2013
Reflexiones sobre el cierre de la Fundación Pachamama
 

 

 

¿Alguien recuerda de los huevos lanzados a Emilio Palacio cuando compareció a un tribunal en Guayaquil por el juicio que se le seguía, junto a los dueños de Diario el Universo, por injurias al presidente Rafael Correa?

¿A quién se le adjudicó la responsabilidad de esta agresión? ¿A quién se le debía responsabilizar por ella?

Según la ruta de responsabilidades esgrimida por el Ministerio del Interior para el cierre de la Fundación Pachamama, la responsabilidad debería ser de quien convocó a manifestarse a favor del Presidente Correa. ¿Quién sería? ¿Alguien de Alianza País? Quizá sí.

 

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INREDH 25/11/2013

Informe sobre la muerte de Freddy Taish y la minería artesanal en el río Zamora

 

 

Un equipo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, hizo una “visita in situ” para comprobar los hechos acaecidos el día 7 de noviembre, cuando una patrulla militar realizaba un operativo para requisar dragas con las que se efectúan labores mineras en el río Zamora, en la parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago. Este operativo provocó la muerte del indígena shuar Freddy Taish y ha convulsionado la zona. Presentamos el informe de dicha visita.

 

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