MALOS NEGOCIOS: Análisis de los convenios de Compensación  entre comunidades y empresas petroleras

Septiembre 2010

Serie Investigación # 16 INREDH

Autores:

Cristina Pol Roca
Rodrigo Varela Torres
David Cordero Heredia
Edición final: David Cordero Heredia

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 INTRODUCCIÓN:

Las provincias petroleras amazónicas constantemente han sido escenario de confrontación social; las medidas
de hecho se han constituido en la única base para forzar un diálogo; sin embargo, en la mayoría de casos los interlocutores de estos diálogos no han sido los indicados, pues las empresas petroleras, y sus representantes, no pueden ser interlocutores para superar los conflictos sociales, especialmente si estos son derivados de la propia acción de las petroleras y de la ausencia permanente del Estado.
Lo que ha pasado es que el Estado ha mantenido una ausencia permanente en las zonas de explotación, dando lugar a que dos actores se conviertan en interlocutores frentes a las comunidades: los militares y las petroleras. Los primeros con su incapacidad para el diálogo y con una visión sesgada de defensa de las petroleras; recordemos que hasta hace poco mantenían convenios para dar seguridad a estas empresas; y las segundas empeñadas en superar los obstáculos para la explotación, para lo cual siempre recurrieron a la oferta demagógica, permanentemente incumplida.
Las empresas fueron cambiando sus métodos de penetración hacia las comunidades campesinas o a los territorios indígenas. Al inicio, el ingreso de las petroleras se daba sin la resistencia de las comunidades, que aún no estaban conscientes de sus derechos y creían que basta una orden del Estado, o de cualquier autoridad local, era suficiente para despojarlos de sus tierras o contaminarlas impunemente; luego, las petroleras
debieron iniciar un proceso de negociaciones para su ingreso; estas se volvían más duras, conforme avanzaba lel autoreconocimiento de las comunidades como sujetos de derechos.
Las primeras negociaciones se dieron de palabra. Para los campesinos y para los indígenas, la palabra tiene el valor de la dignidad y cuando negociaban “de palabra” con los representantes de las petroleras asumían un compromiso y estaban dispuestos a cumplirlo en todos sus aspectos; sin embargo, las petroleras hacían uso de un sinnúmero de artimañas para evitar los compromisos asumidos “de palabra”, el más usado era el desautorizar a sus propios negociadores y desentenderse de los compromisos asumidos por estos, o simplemente el negociador desparecía y los compromisos asumidos se desvanecían igualmente: la palabra de la empresa nunca tuvo valor.
Entonces se exigió el convenio escrito, firmado, para que las empresas no pudiesen negarse a cumplir los compromisos asumidos ante las comunidades. Las petroleras, con sus propuestas de convenios, consideran a las comunidades como un obstáculo a salvar mediante un sistema de compensaciones; un sistema en el que las comunidades no son consideradas como sujetos de derechos, sino como sujetos de necesidades, las cuales de alguna manera pueden ser satisfechas por las petroleras, ante la total ausencia de las estructuras estatales; entonces las petroleras pasan a convertirse en la fuente de recursos para obras sociales e infraes-tructura de las comunidades. Las comunidades, a su vez, conciben las medidas de hecho como una forma de presión a las empresas para lograr una dádiva, y no conciben su lucha como una forma de exigencia al Estado, responsable del ejercicio pleno de los derechos par parte de éstas; es decir, se considera a la inversión social como un servicio social de la empresa y no como una aporte al ejercicio pleno de sus derechos.

 Con el gobierno de Correa se anuncia un cambio en el procedimiento, se establece que ya no son las petroleras las que deben negociar con las comunidades, sino que debe hacerlo el Estado, pues es el Estado el responsable de la concesión y de que esta se de en los términos en se establece en la ley, de ahí que Correa haya afirmado que las petroleras no deben negociar convenios de compensación, sino que será el Estado, a través de la Secretaría de Pueblos, quien tiene la responsabilidad de estas negociaciones y de la implementación de los acuerdos a los que el Estado pueda llegar con las comunidades.
Con esta nueva situación, el Estado intenta, por una parte remediar su ausencia, y por otra evitar el clientelismo de las petroleras que, a la larga se ha transformado en conflictos sociales que, finalmente, debe enfrentar el Estado, el caso Dayuma y el caso Pindo son solo dos de estos ejemplos. Sin embargo, esta “negociación” (visión empresarial) no sustituye al derecho a la consulta previa (visión de derechos).
El presente estudio analiza estos procesos de negociación con las petroleras y el grado de cumplimiento de los convenios, así como las dificultades, y acciones de hecho, que tuvieron las comunidades para llegara a estas negociaciones y, claro, el estudio lo que hace es ratificar que las negociaciones con las petroleras siempre fueron un mal negocio, y en el presente es necesario insistir en que ya no es factible negociar con las petroleras, no solo porque sea un mal negocio, sino porque en el escenario actual ya no es el referente, ni el interlocutor, para este tipo de negociaciones.
En este sentido, este estudio, al analizar los convenios y sus falencias, establece un mecanismo de diálogo, fundamentado
en los derechos de las personas, las comunidades y naturaleza, en caso de que se requiera dialogar con el Estado sobre explotación de recursos existentes en territorios comunitarios; teniendo estos mecanismos un punto inicial, que es la consulta previa, pues cualquier negociación con el Estado debe darse luego de que las comunidades hayan decidido permitir la explotación petrolera en sus territorios y deben darse en el marco de derechos, más no en el marco de necesidades a cubrirse: las comunidades son sujetos de derechos, al igual que la naturaleza, por tanto las consultas deben darse con estas premisas y, considerando además que el Estado es responsable de la vigencia de estos derechos. Si nos reducimos a poner un mecanismo de negociación con las petroleras nos quedamos en el pasado y esto es precisamente lo que deseamos superar
En estos procesos de negociación se vuelve fundamental el acompañamiento de las organizaciones y las autoridades locales, pues hay una extensa experiencia de lucha que debe ser compartida, pues, pese a la tendencia del gobierno actual de desacreditar la lucha social, ésta hoy se torna más vigente que nunca.