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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Demanda contra bases en Colombia

Categoría: No Bases Creado: Lunes, 17 Octubre 2016 12:22
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Comunicación INREDH

 

¡Demandado el Acuerdo de las Bases Militares de UU.UU. en Colombia!


El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos le solicitó al Alto Tribunal de lo contencioso administrativo la nulidad del acuerdo para instalar siete bases castrenses en territorio colombiano.
 
El día de hoy 15 de Diciembre de 2009, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos presidido por el ex magistrado LUIS CARLOS BONILLA RICO,  a través del abogado LUIS CARLOS DOMÍNGUEZ PRADA presentó ante la Sección Primera del Consejo de Estado demanda de Nulidad del Acuerdo suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, que entre otras cosas, permite la instalación de siete bases militares norteamericanas en territorio patrio.


 
El vocero de la organización, Juan Carlos Bonilla, dijo que es un nuevo acuerdo bilateral y no la continuación de uno ya existente, como lo afirma el Gobierno, y de ahí la necesidad de que pase por la aprobación del Congreso de la República.
 
Agregó que este convenio contiene muchos elementos novedosos, que no se compensan con los precedentes que aún están vigentes entre los dos países, es decir, que no hacen parte de ninguno de los 17 documentos de esa naturaleza que han sido firmados por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
 
"Esto, en realidad es una coartada del Gobierno, pero tenemos el precedente de que el Consejo de Estado dio una opinión y, efectivamente, dijo eso: que esto no se ampara, porque es un asunto nuevo, de una incidencia importantísima a nivel cualitativo de presencia militar, no de tránsito de tropas, que requiere de un trámite especial", dijo el abogado Juan Carlos Domínguez Prada, quien también hace parte de la plataforma.
De la misma manera, señaló que se trata de una disposición que atenta contra la soberanía nacional, aspecto que constituye uno de los pilares del Estado moderno, junto al territorio y otros elementos intangibles como la Nación.
El abogado indicó que no sólo Colombia sino los países vecinos se verían sometidos a este riesgo latente y permanente de persecusión, teniendo en cuenta que la simple presencia en la Base de Palanquero le otorgaría a los marines norteamericanos la capacidad de monitorear a todos los países de América Latina.
La importante acción instaurada  que está llamada  a provocar trascendentales decisiones judiciales del más importante órgano de la jurisdicción administrativa, hace un análisis del Acuerdo, concluyendo que se trata de un  verdadero Tratado Internacional que como tal, debe cumplir con los requisitos legales, constitucionales e internacionales –Convención de Viena- de este tipo de instrumentos. Requisitos que fueron escamoteados por el gobierno colombiano al suscribir el Acuerdo. Demuestra el demandante que contrario a lo afirmado por éste, el Acuerdo no  desarrolla facultades  ya pactadas en tratados vigentes, sino que lo entregado por el país en materia de soberanía rebasa ampliamente los Acuerdos y Tratados suscritos entre los dos países.
 
Según el abogado demandante Domínguez Prada, lo anterior hace obligatorio que el Acuerdo sea  aprobado por el Congreso de la República como Tratado tal como lo ordenan la Constitución Nacional y la Convención de Viena. Así el funcionario que lo suscribió, el canciller Jaime Bermúdez, actúo por fuera de su competencia y usurpando la jurisdicción del Congreso, lo cual hace nulo de nulidad absoluta el Acuerdo.
 
La demanda solicita al Consejo de Estado la SUSPENSIÓN PROVISIONAL  del Acuerdo mientras se surte el trámite de la nulidad, lo cual eventualmente hace que en cuestión de unos meses el Acuerdo de las bases militares no pueda ser implementado. Esto solucionaría el más importante motivo de tensión internacional del gobierno de Colombia frente a los de América latina que mayoritariamente se han pronunciado contra la instalación de bases militares extrajeras en el sub continente.