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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Ecuador: no existe protección para los defensores de derechos humanos

Categoría: Defensoras/es de DDHH y la Naturaleza Creado: Sábado, 09 Diciembre 2017 14:08
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Mirella Tonato - asistente legal Inredh 

09/12/2017

Ecuador: no existe protección para los defensores de derechos humanos 

 

Amable Angamarca y Luisa Lozano, fueron procesados en el marco del levantamiento indígena y paro nacional, 2015.

 

Un día como hoy - 9 de diciembre- hace 19 años, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió declarar este día como el Día Internacional de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos teniendo como resultado final un texto coherente, muy útil y pragmático con el cual se busca proteger y garantizar el derecho que tenemos todas las personas de desempeñar un rol dentro de la sociedad en defensa de los derechos humanos y la naturaleza. Para esto se promulgó la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” la cual contiene principios y derechos diseñados de tal manera que guardan relación con los derechos ya establecidos en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, pero con la particularidad de estar enfocada en la situación y rol práctico de los defensores.

 

A raíz de esto, se han establecido diferentes obligaciones y deberes concretos a los Estados partes que deben guardar fiel cumplimiento, pues recae sobre ellos la responsabilidad de defensa del defensor de derechos humanos y la importancia de proteger al defensor de derechos humanos por su papel que desempeña en la sociedad al impulsar y procurar un diálogo entre el Estado y la sociedad civil promoviendo por lo tanto una sociedad democrática.

 

Sin embargo, hay que señalar que la labor y el activismo de los defensores en su mayoría se ven orientadas a irse en contra de políticas públicas o planes de los gobiernos de cada Estado, por lo que se ven expuesto a una situación de mayor vulnerabilidad y peligro, siendo por lo tanto víctimas de asesinatos, hostigamiento, ataques y/o amenazas. Por esto, organismos internacionales se han pronunciado respecto de la situación de los defensores, el riesgo al que están expuestos y cuáles son las obligaciones de los estados para brindar protección.

 

Estos pronunciamientos se ven reflejados en el Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores en las Américas, publicado el 7 de marzo de 2006 y en el Informe de la Comisión Intereamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos del 2015 en donde se observa una las acciones dirigidas a impedir, obstaculizar, o desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos en los Estados parte; y por lo tanto reconoce que las y los defensores contribuyen a mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas y en virtud de esto elabora recomendaciones importantes a los Estados con el fin de que se procure la protección de los defensores y se erradique las actuaciones utilizadas para criminalizar la labor de defensa de los derechos humanos o para colocarlos en peligro.

 

La situación actual de defensores de derechos humanos en el Ecuador se ha caracterizado por la falta de un entorno propicio para su trabajo que por consecuencia les ha ubicado en una posición de vulnerabilidad; a ello se agrega la inexistencia de un sistema de protección adecuado y el permanente hostigamiento a raíz de la instrumentalización del sistema judicial. Asimismo, esta se ha visto caracterizada por la creación y adaptación de normas que legitiman la criminalización de la defensa de derechos. Es así que desde el año 2012 se han impulsado procesos penales amparados en el Código Orgánico Integral Penal en contra de aproximadamente 282 personas por actividades de defensa de derechos, es decir, un aumento de más del 300% de víctimas de la criminalización. También, se han podido documentar al menos 3 asesinatos de defensores de derechos humanos y de la naturaleza en el ejercicio de su labor.

 

En Ecuador, no existe un sistema de protección para defensores dentro del marco normativo por lo que la vía a tomar frente a estos hechos es denunciar a través de algún tipo penal adaptable al tipo de amenaza u hostigamiento sufrido por el defensor, sin tomar en cuenta la labor que ejercen y el contexto político, económico y social en que desarrollan sus actividades.

 

Se debe reconocer su labor dentro de cada sociedad y por lo tanto desarrollar esfuerzos para garantizar el cumplimiento de las normas de derechos humanos universalmente reconocidas, incluso mediante la promoción tanto de la ratificación y aplicación universal de los principales tratados de derechos humanos, como del respeto por el estado de derecho.