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Murales por la desaparición de Giovanna Pérez se pintarán en Ambato

El día de mañana, viernes 19 de abril de 2019, la familia de Giovanna Pérez Constante, joven desaparecida en la ciudad de Ambato el 04 de diciembre del 2010, conjuntamente con la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecido del Ecuador (Asfadec) y la Organización Comité de Lucha contra la Violencia Desapariciones y Femicidios (Covidefem) colocarán banderas con el rostro de Giovanna y pintarán dos murales en la ciudad para visibilizar la desaparición de la joven ambateña.

El uso no progresivo de la fuerza hoy se lleva a Édison Cosíos

Desde septiembre del 2011, Édison Cosíos permaneció en estado vegetativo. Siete años y 7 meses han pasado, desde que el estudiante del Colegio Mejía fue impactado por una bomba lacrimógena mientras se encontraba ejerciendo su derecho a la resistencia en una protesta estudiantil, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, periodo en que al menos 47 estudiantes fueron detenidos, agredidos y torturados. Irónicamente hoy, Rafael Correa y su ministro de gobierno, José Serrano, expresan sus condolencias por la muerte de Édison, luego de no hacer nada durante su gobierno para reparar a la familia o permitir que la justicia actúe con independencia.

Instituciones del Estado se pronuncian sobre la desaparición involuntaria y la propuesta de tipificación

La Defensoría del Pueblo y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestros (Dinased) se pronunciaron ayer, 15 de abril del 2019, sobre la problemática de la desaparición involuntaria en el país y la propuesta de tipificación.  Esto en el marco de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se discute en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, encabezada por la asambleísta Marcela Aguiñaga.

Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia por el delito de tortura cometido en contra de Ángelo Ayol

La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha conformada por los jueces Eduardo Ochoa Chiriboga, Xavier Barriga Bedoya y Carlos Figueroa Aguirre ratificó la sentencia venida en grado que, en primera instancia, condenó por el delito de tortura con una pena de 10 años a David A.; y a Freddy F. por el delito de tortura por omisión con una pena de 5 años.

La entrega de Julian Assange a la policía británica constituye una violación a los derechos humanos

Comunicado público El 11 de abril de 2019, Julián Assange, ciudadano naturalizado ecuatoriano y con protección a través del asilo diplomático en la embajada ecuatoriana en Londres, fue expulsado de la misma y entregado a la policía británica.

¿Disparar o no disparar?

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Lunes, 21 Enero 2019 10:00
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Por Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de INREDH

El 22 de agosto del 2018, en Mascarilla, Valle del Chota, el policía del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) David V. disparó a Andrés Padilla, afrodescendiente de 24 años. Fue un tiro certero, en la cabeza. El policía está detenido y acusado de “extralimitación de funciones en un servicio público”, mientras que los familiares de Andrés buscan que se lo juzgue por el delito de “ejecución extrajudicial”. En las filas policiales se empezó a difundir el rumor de que la policía no puede disparar a los delincuentes porque corren el riego de ir presos. En la sociedad ecuatoriana también circulan pronunciamientos de esta naturaleza y se asegura que los policías “están atados de manos frente al embate de la delincuencia”.

 

No podemos asegurar que David V. sea un mal policía o que los policías salgan a cubrir su turno con la consigna de matar a alguien, pero un hecho como el acaecido en Mascarilla si da cuenta de serios vacíos en la formación profesional de la Policía en el uso progresivo de la fuerza.

 

La otra cara de la moneda la vimos el miércoles 28 de noviembre de 2018, cuando tres hombres asaltaron un bus intercantonal, golpearon al conductor y empezaron a desvalijar a los pasajeros. Un policía vestido de civil que viajaba en el bus decidió enfrentar a los ladrones y, luego de advertir a uno de ellos que dejara su arma, disparó, ya que llevaba su arma de dotación. Como es lógico, el policía fue retenido únicamente para las correspondientes investigaciones y luego fue liberado al demostrarse que su actuación se dio en el marco de la ley. Pese a que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que este policía está libre, sigue circulando la versión de que fue condenado a seis meses de prisión. ¿Quién tiene interés en seguir sosteniendo esta mentira?

 

El 25 de diciembre de 2018, en Machala, el sargento Clímaco Cañar se enfrentó a un delincuente armado y no disparó; esto permitió que el delincuente dispare, provocando la muerte de este sargento de policía. Nuevamente las redes sociales se llenaron de cuestionamientos sobre lo indefensos que están los policías y, otra vez, los policías hablaron del temor que tienen de disparar porque pueden ser llevados a prisión.

 

El video que muestra como el sargento Cañar fue abatido por el delincuente se tornó viral en las redes sociales provocando la indignación general; sin embargo, detrás del escándalo hay preguntas que se hacen en las mismas filas policiales y que no han sido respondidas: ¿Es verdad que el sargento Cañar fue enviado a patrullar a pretexto de que no había personal para cubrir el feriado de navidad y a sabiendas que no estaba capacitado para realizar esta tarea, por lo que había sido destinado a cumplir actividades alejado de las calles?¿Es verdad que el sargento Cañar no tenía un arma de dotación y prácticamente portaba un arma de juguete sin municiones?

 

Sabemos que la responsabilidad de la muerte del sargento Cañar recae en el delincuente; pero es necesario preguntarse qué responsabilidad tienen, de ser ciertas las versiones que circulan en las filas policiales, los oficiales que tomaron decisiones sobre la vida de Clímaco Cañar.

 

En medio de este escenario de incertidumbre se producen los hechos de Ibarra en donde más de diez policías, al menos la mitad de ellos armados, no saben cómo reaccionar ante la toma de una rehén. ¿Por qué no dispararon? ¿Tuvieron temor de ser enjuiciados? Si es así podemos deducir que la formación policial está en soletas; que los discursos de odio han permeado sus filas desplazando los preceptos que deben ser inculcados en un buen proceso de formación policial. Un policía no puede convertirse en un gatillo fácil y disparar porque le da la gana, pero tampoco puede quedarse impávido ante la existencia de un riesgo inminente a su propia vida o a la de personas a las que ha jurado defender.

 

La ley es clara (Decreto N 314 – 2014. Artículo 10), el principio de uso proporcional de la fuerza es imperativo, pero debe aprenderse, debe asimilarse de debida manera porque cuando la vida de un policía está en riesgo es un derecho el defenderse, y cuando la vida de una tercera persona está en riesgo es un deber el protegerla usando todos los mecanismos necesarios para ello. Si se actúa conforme a la ley no debe haber temor de sanción, pero para ello hay que generar hábitos que estén en concordancia con la ley; y eso es inherente a una formación que, al parecer, en este momento no existe.