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35 de 70 centros penitenciarios han recibidos charlas de DD.HH tras actos de tortura en Turi

De los 66 centros de Privación de libertad que existen en el país, solo en 35 se han impartido charlas sobre derechos humanos como medida de reparación emitidas por la sentencia de Habeas Corpus a favor de las personas privadas de la libertad, que fueron víctimas de tortura, tratos crueles e inhumanos ocurridos el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad Social “JC”, del Centro de Rehabilitación Social Turi-Cuenca.  Así lo conoció ayer, 4 de diciembre de 2019, el juez José Peralta Parra que instaló la tercera audiencia de verificación de cumplimiento de las siete medidas de reparación emitidas el 30 de junio de 2016.

Audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación en caso Turi

El juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, José Peralta Parra, instalará este jueves, 4 de diciembre de 2019, a las 09:30, la audiencia de cumplimiento de las medidas de reperación emitidas en la sentencia del proceso de  hábeas corpus a favor de las personas privadas de la libertad del ex Pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social Turi.

Violencia de género en las protestas sociales de octubre

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh,  que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza desde hace 25 años, expresa su preocupación por la denuncia de acoso y agresiones sexuales a cuatro mujeres policías ocurrido durante el paro nacional que se desarrolló en el mes de octubre.

Corte Provincial de Imbabura suspendió audiencia sobre caso Mascarilla

Este jueves, 28 de noviembre de 2019, el tribunal de la Corte Provincial de Imbabura escuchó los argumentos de las partes implicadas en el caso Mascarilla, relacionado con el joven Andrés Padilla quien murió por un impacto de bala de dotación policial el pasado 23 de agosto de 2018.

Audiencia de apelación por caso Mascarilla se instala este jueves

La Corte Provincial de Imbabura convocó la audiencia de apelación por la muerte de Andrés Padilla ocurrida en el 23 agosto de 2018, en el sector de Mascarilla, provincia de Imbabura.

¿Disparar o no disparar?

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Lunes, 21 Enero 2019 10:00
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Por Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de INREDH

El 22 de agosto del 2018, en Mascarilla, Valle del Chota, el policía del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) David V. disparó a Andrés Padilla, afrodescendiente de 24 años. Fue un tiro certero, en la cabeza. El policía está detenido y acusado de “extralimitación de funciones en un servicio público”, mientras que los familiares de Andrés buscan que se lo juzgue por el delito de “ejecución extrajudicial”. En las filas policiales se empezó a difundir el rumor de que la policía no puede disparar a los delincuentes porque corren el riego de ir presos. En la sociedad ecuatoriana también circulan pronunciamientos de esta naturaleza y se asegura que los policías “están atados de manos frente al embate de la delincuencia”.

 

No podemos asegurar que David V. sea un mal policía o que los policías salgan a cubrir su turno con la consigna de matar a alguien, pero un hecho como el acaecido en Mascarilla si da cuenta de serios vacíos en la formación profesional de la Policía en el uso progresivo de la fuerza.

 

La otra cara de la moneda la vimos el miércoles 28 de noviembre de 2018, cuando tres hombres asaltaron un bus intercantonal, golpearon al conductor y empezaron a desvalijar a los pasajeros. Un policía vestido de civil que viajaba en el bus decidió enfrentar a los ladrones y, luego de advertir a uno de ellos que dejara su arma, disparó, ya que llevaba su arma de dotación. Como es lógico, el policía fue retenido únicamente para las correspondientes investigaciones y luego fue liberado al demostrarse que su actuación se dio en el marco de la ley. Pese a que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que este policía está libre, sigue circulando la versión de que fue condenado a seis meses de prisión. ¿Quién tiene interés en seguir sosteniendo esta mentira?

 

El 25 de diciembre de 2018, en Machala, el sargento Clímaco Cañar se enfrentó a un delincuente armado y no disparó; esto permitió que el delincuente dispare, provocando la muerte de este sargento de policía. Nuevamente las redes sociales se llenaron de cuestionamientos sobre lo indefensos que están los policías y, otra vez, los policías hablaron del temor que tienen de disparar porque pueden ser llevados a prisión.

 

El video que muestra como el sargento Cañar fue abatido por el delincuente se tornó viral en las redes sociales provocando la indignación general; sin embargo, detrás del escándalo hay preguntas que se hacen en las mismas filas policiales y que no han sido respondidas: ¿Es verdad que el sargento Cañar fue enviado a patrullar a pretexto de que no había personal para cubrir el feriado de navidad y a sabiendas que no estaba capacitado para realizar esta tarea, por lo que había sido destinado a cumplir actividades alejado de las calles?¿Es verdad que el sargento Cañar no tenía un arma de dotación y prácticamente portaba un arma de juguete sin municiones?

 

Sabemos que la responsabilidad de la muerte del sargento Cañar recae en el delincuente; pero es necesario preguntarse qué responsabilidad tienen, de ser ciertas las versiones que circulan en las filas policiales, los oficiales que tomaron decisiones sobre la vida de Clímaco Cañar.

 

En medio de este escenario de incertidumbre se producen los hechos de Ibarra en donde más de diez policías, al menos la mitad de ellos armados, no saben cómo reaccionar ante la toma de una rehén. ¿Por qué no dispararon? ¿Tuvieron temor de ser enjuiciados? Si es así podemos deducir que la formación policial está en soletas; que los discursos de odio han permeado sus filas desplazando los preceptos que deben ser inculcados en un buen proceso de formación policial. Un policía no puede convertirse en un gatillo fácil y disparar porque le da la gana, pero tampoco puede quedarse impávido ante la existencia de un riesgo inminente a su propia vida o a la de personas a las que ha jurado defender.

 

La ley es clara (Decreto N 314 – 2014. Artículo 10), el principio de uso proporcional de la fuerza es imperativo, pero debe aprenderse, debe asimilarse de debida manera porque cuando la vida de un policía está en riesgo es un derecho el defenderse, y cuando la vida de una tercera persona está en riesgo es un deber el protegerla usando todos los mecanismos necesarios para ello. Si se actúa conforme a la ley no debe haber temor de sanción, pero para ello hay que generar hábitos que estén en concordancia con la ley; y eso es inherente a una formación que, al parecer, en este momento no existe.