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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.  

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

¿Debe proporcionarse la identidad de un periodista secuestrado?

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Domingo, 01 Abril 2018 11:36
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Fundamedios - INREDH

01/04/2018

  ¿Debe proporcionarse la identidad de un periodista secuestrados?

 

 

 

A propósito del secuestro de un equipo periodístico de Diario El Comercio se han dado posiciones encontradas sobre si es acertado o no dar a conocer la identidad de las personas secuestradas. Este tema es necesario analizarlo con detenimiento.

 

Los protocolos que se mantienen sobre secuestros comunes y sobre los cuales los organismos estatales asumen la negociación para lograr la liberación de la persona secuestrada tiene directrices que no necesariamente son aplicables en caso de secuestro de un periodista o de una persona defensora de derechos humanos.

 

El gobierno y la empresa a la que pertenece un periodista secuestrado puede sugerir mantener en secreto la identidad de las personas secuestradas debido a que, dicen, si el secuestrador sabe de la importancia de la persona secuestrada puede aumentar la cuantía de un rescate. Esta premisa lógicamente beneficia a la empresa, quien debe ser responsable frente a una demanda de esta naturaleza. En cuanto a los gobiernos, manejar en secreto un caso de secuestro protege su imagen política ya que no se cuestiona cómo pudo ser secuestrado un periodista y la primera respuesta puede ser que el gobierno no tiene protocolos oportunos y eficientes para evitar tales hechos. 

 

El trabajo de un periodista en situaciones de conflicto implica la búsqueda de contactos directos con las víctimas, las realidades y las personas involucradas en el conflicto. En la labor de los periodistas se aumenta notablemente su nivel de exposición por lo que el Estado debe generar un ambiente propicio y seguro para que este trabajo pueda desarrollarse sin interrupciones ni limitaciones desproporcionadas. 

 

La empresa, por su parte, debe prevenir y reducir el riesgo de trabajo de sus periodistas, pues los empleadores son responsables de la seguridad de sus empleados y de los trabajadores independientes adscritos a ella. En este sentido, existen manuales específicos en los que se enfoca la responsabilidad de los medios de comunicación y la forma adecuada en que deben reaccionar cuando uno de sus reporteros es secuestrado. Se puede consultar un texto de Hannah Storm: “The kidnapping of journalists: Reporting from High-Risk Conflict Zones” (El secuestro de periodistas: reportando desde zonas conflictivas de alto riesgo). 

 

Algunos puntos de este texto sugieren que los medios de comunicación que envían a una zona de conflicto necesitan tener un plan de contingencia acordado previamente, aunque los detalles del plan no deben ser conocidos por todos, es importante que todos los trabajadores conozcan un esquema de cómo la empresa responderá, quién será el encargado de responder ante la crisis, qué recursos estarán disponibles y cuál va a ser la principal estrategia. Una cuestión básica es que los empleados de un medio de comunicación cuenten con un seguro que los cubra en caso de secuestro.

 

Cuando no se desea responder estas preguntas, las empresas optan por mantener en secreto la identidad de un periodista secuestrado, pues el público puede empezar a investigar si los parámetros descritos, y otros, se han cumplido.

 

En el caso que nos ocupa, una de las formas de proteger a periodistas secuestrados es dando a conocer su identidad y su trabajo, más aún, en caso de conflictos armados esto es indispensable, pues de otra forma, los bandos en conflictos podrían llegar a la conclusión equivocada de que un periodista es un agente o espía del bando contrario. Es probable que, conocidos los nombres, otros investigadores periodísticos empiecen a indagar si la labor de los periodistas secuestrados estuvo debidamente protegida. La empresa deberá responder si no existieron estos protocolos.  

 

Por otra parte, en el Manual de Seguridad para Periodistas que maneja Reporteros Sin Fronteras, incluso se recomienda al periodista secuestrado que “Intenta conseguir que los captores utilicen tu nombre y te vean como una persona. Trata de establecer un diálogo, una relación con ellos para reducir las tensiones” y “Si te lo piden, accede a una grabación de tu voz o escribe un mensaje neutro que pueda ayudar a tu autentificación y liberación”.

 

La ONU, por su parte, también se ha pronunciado sobre este tema: “Hay varias cuestiones clave en relación con la víctima que pueden plantearse durante la investigación de un secuestro y que el oficial encargado del caso y otros oficiales deben tener en cuenta: Se debe identificar a la víctima, refiriéndose a ella por su nombre. Hay muchas pruebas de que las víctimas están más seguras si pueden identificarse como individuos a los secuestradores” dice en el Manual de lucha contra el secuestro”

 

Finalmente, cabe enfatizar que en caso de secuestro de un periodista en un conflicto armado es necesario que se pida la mediación de la Cruz Roja Internacional, aun cuando esto signifique que el Estado deba aceptar que en parte de su territorio existe un conflicto armado, aun cuando el actor que confronta no tenga el estatus de grupo beligerante y sea solo un frente delincuencial que controla un territorio específico. Los periodistas están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, por ende, se debe solicitar la mediación de la Cruz Roja Internacional, tanto para la negociación, como para el rescate. No confiemos solo en la intervención armada pues los riesgos en estos casos son innumerables.

 

La decisión de dar a conocer la identidad del equipo periodístico de Diario El Comercio que ha sido secuestrado en Mataje obedece a la necesidad de informar a los secuestradores no de la importancia de las personas secuestradas, y que con ello puedan exigir un rescate exorbitante, sino que son personas con protección especial derivada de tratados y acuerdos que el Estado está en la obligación de cumplirlos, y una acción equivocada tendrá grandes y graves consecuencias para cualquiera de las partes que haya equivocado este accionar. 

 

A Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra los esperamos de vuelta libres, sanos y a salvo.  

 

FUNDAMEDIOS – INREDH

  

Manual de seguridad para periodistas – RSF: https://bit.ly/2GSSYbz

 

Manual de seguridad para periodistas - CPJ : https://cpj.org/security/guide_es.pdf

 

Manual de lucha contra el secuestro – ONU: https://bit.ly/2E2mPLC

 

Guía de seguridad para periodistas visuales: https://bit.ly/2uqzBUB