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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Comunidad shuar solicita que Defensor del Pueblo se pronuncie por violación de DD.HH

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Jueves, 13 Octubre 2016 14:58
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Comunicación INREDH

Comunidad shuar solicita que Defensor del Pueblo se pronuncie por violación de DD.HH


 

Alrededor de 20 comuneros desalojados del barrio San Marcos, en la parroquia de Tundayme, cantón El Pangui, provincia Zamora Chinchipe, se reunieron hoy, 30 de octubre, con Patricio Benalcázar, defensor adjunto primero de Derechos Humanos y de la Naturaleza, para solicitarle que realice una visita insitú en la zona de Tundayme y se pronuncié por la violación de derechos humanos y colectivos de la comunidad indígena. El defensor no definió fecha para la visita.

 


 

El 30 de septiembre, 16 familias de la comunidad shuar del barrio San Marcos fueron desalojados forzosamente de sus territorios. Con un operativo policial de 135 policías y guardia privada de la empresa minera Ecuacorriente S.A, responsable del proyecto minero Mirador, se destruyó las viviendas y se desplazó forzadamente a las familias. Hoy, se cumple un mes de los desalojos y las familias aún no son reubicadas, dijo Luis Sánchez, presidente Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador, Cordillera del Cóndor (Cascomi).

 


 

Estos hechos fueron narrados al defensor adjunto durante 90 minutos, aproximadamente. Rosario Sánchez, una de las mujeres de la tercera edad desalojada, relató “Ingresaron a mi cocina y se sacaron todas las cosas, hasta el agua de remedio que tenía votaron (...) sacaron todo, los animales, las gallinas, el trapiche que teníamos, todo sacaron y votaron (...). Destruyeron los muebles que habían y votaron todo a la calle. Destruyeron la casa y la enterraron”.

 

Además Sanchéz, dijo que no ha recibido 400 mil dólares como lo aseguran los funcionarios del Estado.

 

Otra personas que relataron los hechos ocurridos fueron Segundo López, Hermengelindo Yarí, Luis Árevalo, Rosa Ordoñez, Digna Zanimbia y otras. Yarí dijo hemos venido a Quito para que nos escuchen: “Estamos una semana en Quito dejando a nuestras familias y el trabajo para pedir que que nos ayuden (...) para que se paralicen las obras hasta que se arregle todo. Bien se va la mina o nos reubican a todos de la parroquia para que nosotros podamos vivir dignamente”.

 

El proyecto minero Mirador que se ejecuta en esta zona tiene una concesión del 85% de la parroquia de Tundayme, así lo informó el presidente de la comunidad.

 

Esta zona se verá afectada directamente por la extracción minera (cobre y oro) realizada por la empresa Ecuacorriente S.A que en el 2012 firmó el primer contrato de minería a gran escala con el Estado ecuatoriano por un plazo de 30 años, que pueden ser renovables.

 

En la reunión, Sánchez informó al defensor del pueblo, que al momento hay 15 familias que están en riesgo de ser desalojadas. Por ello solicita que la visita sea inmediata. Otras de las comunidades que pueden ser desalojadas son Yanua Kim, San Carlos Numpaim y Churuwia.

 

El defensor del Pueblo adjunto dijo que se ha abierto un expediente de investigación por los hechos ocurridos y que se les notificará el día y hora de la visita a la zona porque “...necesitamos reunirnos con todos los actores (Empresa, autoridades, comunidad...)”. Además, informaron que no fueron a la Misión de Verificación que se les invitó el pasado 7 de octubre porque desean realizan una investigación independiente del gobierno y de toda organización.

 

Además los comuneros solicitaron a la Defensoría se realice un informe sobre las violaciones de derechos humanos por los desalojos.

 

Reunión en presidencia

 

Desde las 16:00 se realizó ayer un plantón en los exteriores de la Plaza Grande frente al Palacio de Carondelet. Una delegación conformada por cinco personas fue recibida por Mario Latorre, asesor presidencial, quien escuchó los testimonios de las personas desalojadas y recibió un documento en el que los habitantes del desaparecido sector de San Marcos, exigen la salida de Ecuacorriente S.A. y la reparación integral por los daños causados por los desalojos.

 

Latorre, se comprometió a revisar el documento y hacer el ingreso formal. Además, dijo que hará las gestiones necesarias para que los ministerios que deben intervenir, tomen cartas en el asunto.