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La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

El Tribunal de Garantías Penales escuchará los alegatos finales en caso Juliana Campoverde

Este miércoles, 17 de julio de 2019, a las 08:00, se reinstalará la audiencia pública de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, joven de 18 años desaparecida desde el 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Pronunciamiento ante la crisis del sistema penitenciario en el Ecuador

    Las organizaciones: Mujeres de Frente, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-Guayas), Fundación Regional de Asesoría en Derechos (INREDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU); Vivir Libre-Organización LGBTI y las personas abajo firmantes, de manera colectiva, nos pronunciamos frente a la crisis del Sistema Penitenciario en el Ecuador y el estado de excepción que el día martes 16 de julio cumple 60 días de vigencia.  

Cascomi presenta acción extraordinaria de protección a Corte Constitucional por minería en Tundayme

La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor - Mirador (Cascomi) presentó  ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección para que se analice los derechos que no fueron examinados por el Tribunal de segunda instancia, al momento de negar el recurso de apelación. Así lo informó hoy, 10 de julio de 2019, Michelle Erazo, una de las abogadas de la comunidad y coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

Mascarilla: una ejecución extrajudicial

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Martes, 28 Agosto 2018 17:44
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La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) manifiesta su profundo rechazo por los hechos acontecidos en Mascarilla, provincia de Imbabura, el 23 de agosto pasado. En medio de discusiones alrededor de un accidente de tránsito, el joven Andrés Padilla Delgado (24 años) murió por un disparo propinado por un agente policial. La información que se encuentra disponible, derivada de los videos que circularon en redes sociales y de los pocos pronunciamientos oficiales respecto al tema, parece develar el cometimiento de una grave violación a los derechos humanos: una ejecución extrajudicial.

El término “graves violaciones a los derechos humanos” se refiere a aquellos crímenes perpetrados o auspiciados por el aparato estatal contra la población y que por su naturaleza, seriedad y la calidad de inderogable del derecho humano concernido, desemboca en una responsabilidad agravada del Estado.

 Entre los crímenes que, con frecuencia, son clasificados como graves violaciones a los derechos humanos, se encuentran la desaparición forzada,  tortura y ejecución extrajudicial,  esta última consiste en la privación arbitraria y deliberada de la vida de una persona, por parte de un agente estatal que se apoya en la potestad del Estado para justificar el crimen.

En el presente caso, prima facie podemos determinar la existencia de una ejecución extrajudicial. Sin querer sugerir que todo homicidio por parte de un agente estatal constituya un crimen de este tipo, es necesario identificar varios elementos que hacen este caso especialmente grave. Según se desprende de los videos circulados, Padilla no se encontraba armado, no estaba amenazando la vida ni la integridad del policía y tampoco agredía a terceros; incluso, se encontraba de espaldas al agente, caminando en la dirección opuesta. Además, se puede observar que el policía no hace uso progresivo de la fuerza, pues emplea un arma de fuego no exigida en forma alguna por las circunstancias. Todo ello devela la arbitrariedad y la injusticia que marca a esta muerte.

Recordamos al Estado que el mandato constitucional de la institución policial es la “protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos” y, de forma más específica, “la protección interna y el mantenimiento del orden público”, a la luz de los principios de la democracia, los derechos humanos, el respeto la dignidad humana, la no discriminación y el apego irrestricto al ordenamiento jurídico (Art. 158 CE). En ese marco, si bien el uso de la fuerza por parte de agentes policiales es requisito para la consecución de sus fines, es imperativo que el Estado reconozca y exija que los límites a ese uso de la fuerza sean respetados, en especial los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.

Asimismo, existen lineamientos nacionales e internacionales que regulan el uso progresivo de la fuerza y que deben ser observados de forma obligatoria. Todas las limitaciones mencionadas, sin embargo, han sido incumplidas en el presente caso, configurando una grave violación a los derechos humanos.

La verdad, la justicia y la reparación son necesarios para que en una sociedad no se repitan las situaciones que vulneran los derechos de las personas, más aún en los casos de graves violaciones. Por ello, instamos al Estado ecuatoriano a investigar de forma diligente la muerte de Andrés Padilla y a identificar y sancionar a los responsables, con el fin de evitar que los hechos queden en la impunidad. Además, el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos de todos los seres humanos, exige que los recursos judiciales diseñados por el Estados ofrezcan reparación integral a las víctimas en este tipo de casos.

Siendo la justicia un componente esencial de una verdadera democracia, la atención apropiada y oportuna de los casos de graves violaciones a los derechos humanos debe convertirse en una prioridad en la agenda de los gobiernos.