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Tratado de derechos humanos y empresas se analizan en la ONU

  Desde este 15 al 19 de octubre de 2018 se realizará la cuarta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de la Organización de Naciones Unidas para la elaboración de un tratado vinculante en materia de empresas y derechos humanos.

Pastor evangélico detenido por la desaparición de Juliana Campoverde se acoge al derecho al silencio

La mañana de este sábado, 13 de octubre del 2018, se realizó la reconstrucción de la ruta técnica de la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el 7 de julio de 212, en el sector de la Ajaví, en el sur de Quito.

Contradicciones en la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia en caso Francisco Cajigas

El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas presidido por el juez Juan José Chele Villamar suspendió hoy, 12 de octubre de 2018, por segunda ocasión la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas, joven colombiano víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial ocurrida en noviembre de 2015, en la ciudad de Ibarra. El caso se encuentra bajo escrutinio penal desde que se verificó que el cráneo de Francisco, muerto por un trauma cráneo encefálico, fue hallado en la ciudad de Esmeraldas bajo circunstancias poco claras.

Audiencia de juzgamiento por alteración de evidencia en el cráneo de Francisco Cajigas se reinstala

Este 12 de octubre de 2018, a las 08:30, se reanudará la audiencia de juzgamiento por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas, joven colombiano de 33 años víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Iglesia Cuadrangular no actuará en el caso de la desaparición de Juliana, pese a que el pastor titular es miembro de la institución

Elizabeth Rodríguez y Absalón Campoverde, padres de Juliana Campoverde, joven de 18 años desaparecida el 7 de julio de 2012, en la ciudad de Quito, se reunieron ayer, 9 de octubre de 2018, con los miembros de la junta directiva de la Iglesia Cuadrangular, en la ciudad de Guayaquil.

Audiencia de juzgamiento por el delito de tortura en la cárcel Turi

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 13 Septiembre 2018 17:40
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Este martes, 18 de septiembre de 2018, a las 08h30, en el Complejo Judicial del Azuay, ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se desarrollará la audiencia oral y pública por el delito de tortura cometido el pasado 31 de mayo de 2016, por miembros de la policía en contra de más de 200 internos del Centro de Rehabilitación Social Turi.

Por este delito están siendo procesados 43 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que participaron en el operativo dirigido por el mayor de la Policía, René Cañar.

En la audiencia se contará con los testimonios de las personas privadas de la libertad de la cárcel Turi y vía conferencia con la versión de los internos que se encuentran en otros centros de privación de libertad.  El tribunal también coordinará con la Defensoría Pública para la designación de  cuantos defensores públicos sean necesarios para la evacuación de esta audiencia.

Para David Ayala, abogado de Defensoría Pública y abogado del caso, en esta  audiencia de juicio se tiene como expectativa que se haga justicia apoyando a la tesis que mantiene Fiscalía respecto al delito de tortura.

“En la anterior audiencia preparatoria de juicio se evidenció mediante testimonios la existencia de una red de delincuencia organizada en los interiores de la cárcel dedicada a delitos como extorsión, pago de coimas a funcionarios y tortura”, dijo Ayala.

Varios de las personas privadas de la libertad afirman que a más de haber sufrido actos de tortura, sus familiares tampoco han podido llevar una vida normal debido a las constantes llamadas y amenazas que reciben en el exterior por parte de funcionarios o de otros que les exige el pago inmediato de  $ 300 y $ 4000.

El jurista recuerda al Estado ecuatoriano que cuando una persona es detenida, su protección pasa a ser responsabilidad del Estado, por lo tanto este tipo de actos no pueden quedar impunes debido a que los internos pertenecen a un grupo de  atención prioritaria y vulnerable en la sociedad.