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La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

El Tribunal de Garantías Penales escuchará los alegatos finales en caso Juliana Campoverde

Este miércoles, 17 de julio de 2019, a las 08:00, se reinstalará la audiencia pública de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, joven de 18 años desaparecida desde el 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Pronunciamiento ante la crisis del sistema penitenciario en el Ecuador

    Las organizaciones: Mujeres de Frente, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-Guayas), Fundación Regional de Asesoría en Derechos (INREDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU); Vivir Libre-Organización LGBTI y las personas abajo firmantes, de manera colectiva, nos pronunciamos frente a la crisis del Sistema Penitenciario en el Ecuador y el estado de excepción que el día martes 16 de julio cumple 60 días de vigencia.  

Cascomi presenta acción extraordinaria de protección a Corte Constitucional por minería en Tundayme

La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor - Mirador (Cascomi) presentó  ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección para que se analice los derechos que no fueron examinados por el Tribunal de segunda instancia, al momento de negar el recurso de apelación. Así lo informó hoy, 10 de julio de 2019, Michelle Erazo, una de las abogadas de la comunidad y coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

Audiencia de juzgamiento por el delito de tortura en la cárcel Turi

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 13 Septiembre 2018 17:40
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Este martes, 18 de septiembre de 2018, a las 08h30, en el Complejo Judicial del Azuay, ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se desarrollará la audiencia oral y pública por el delito de tortura cometido el pasado 31 de mayo de 2016, por miembros de la policía en contra de más de 200 internos del Centro de Rehabilitación Social Turi.

Por este delito están siendo procesados 43 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que participaron en el operativo dirigido por el mayor de la Policía, René Cañar.

En la audiencia se contará con los testimonios de las personas privadas de la libertad de la cárcel Turi y vía conferencia con la versión de los internos que se encuentran en otros centros de privación de libertad.  El tribunal también coordinará con la Defensoría Pública para la designación de  cuantos defensores públicos sean necesarios para la evacuación de esta audiencia.

Para David Ayala, abogado de Defensoría Pública y abogado del caso, en esta  audiencia de juicio se tiene como expectativa que se haga justicia apoyando a la tesis que mantiene Fiscalía respecto al delito de tortura.

“En la anterior audiencia preparatoria de juicio se evidenció mediante testimonios la existencia de una red de delincuencia organizada en los interiores de la cárcel dedicada a delitos como extorsión, pago de coimas a funcionarios y tortura”, dijo Ayala.

Varios de las personas privadas de la libertad afirman que a más de haber sufrido actos de tortura, sus familiares tampoco han podido llevar una vida normal debido a las constantes llamadas y amenazas que reciben en el exterior por parte de funcionarios o de otros que les exige el pago inmediato de  $ 300 y $ 4000.

El jurista recuerda al Estado ecuatoriano que cuando una persona es detenida, su protección pasa a ser responsabilidad del Estado, por lo tanto este tipo de actos no pueden quedar impunes debido a que los internos pertenecen a un grupo de  atención prioritaria y vulnerable en la sociedad.