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Mesas por la Verdad y Justicia, Perseguidos Políticos Nunca Más recibirá a autoridades indígenas de San pedro del Cañar

Este 13 de noviembre de 2018, a las 15: 00, en la sala de prensa del Consejo de la Judicatura (12 de Octubre n24 -563 y Francisco Salazar) se escuchará los testimonios de los familiares de las autoridades indígenas de Cañar que son procesados por por ejercer y administrar justicia indígena.

Laboratorio de la Fiscalía Provincial de Pichincha analizará el ADN de Juliana Campoverde

Las piezas dentales y óseas encontradas durante la reconstrucción de los hechos realizada el 10 y 11 de noviembre de 2018, en el sector de la Bellavista, norte de Quito para encontrar pistas sobre el paradero de Juliana Campoverde serán cotejadas en el Laboratorio de la Fiscalía Provincial de Pichincha, lugar dónde se realizarán las pruebas de ADN.

Procesado por la desaparición de Juliana Campoverde se acogió a la cooperación eficaz

Jonathan C. pastor evangélico procesado por la desaparición de Juliana Campoverde, vista por última vez el 7 de julio de 2012, se acogió al procedimiento de cooperación eficaz y accedió a a colaborar durante el proceso de la reconstrucción de los hechos. Así lo informó la fiscal del caso Mayra Soria.

Jueza resolverá acción de protección en contra de Inredh y Covidefem la próxima semana

  La jueza constitucional del Complejo Judicial Sur, Myriam Guamán, suspendió ayer 8 de noviembre de 2018, la audiencia de acción de protección planteada por el pastor Patricio C. contra la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y el Comité de Lucha Contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios (Covidefem) por supuesta violación a la integridad física, psíquica y moral, vida libre de violencia, no discriminación, derecho a la manifestaciones religiosas y presunción de inocencia de Jonathan C., quien es investigado por la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el pasado 7 de julio de 2012.   Una vez instalada la audiencia, el defensor de derechos humanos, Mario Melo, argumentó que Inredh no fue notificado debidamente, puesto que la notificación fue entregada a nombre de la directora administrativa, mas no a nombre de la representante legal de la Fundación. Por ello, solicitó se declare nula la diligencia.   La jueza Guamán no dio paso a la solicitud de Melo y  respondió que la directora administrativa pudo notificar a la representante legal y que al ser parte del Consejo Directivo podía comparecer a nombre de Inredh.   David Carrión, abogado de Patricio C., accionante de la acción de protección inició su intervención presentando como pruebas las publicaciones y artículos informativos difundidos a través de la página web y redes sociales de Inredh, afiches donde consta el logo de Covidefem, fotos de mensajes escritos en las paredes de la iglesia cristiana “Oasis de Esperanza” y  finalmente exhibió capturas de pantalla de comentarios realizados por terceros en las publicaciones. Por ello, expuso que su representado y familia se han visto seriamente afectados por los mensajes vertidos por quienes han comentado estas publicaciones.   Carrión solicitó como medidas de reparación que Inredh y Covidefem se abstengan de realizar publicaciones sobre el caso de la desaparición de Juliana Campoverde, borrar las publicaciones donde personas particulares han manifestado su opinión respecto del pastor investigado por la desaparición de Juliana, un tratamiento psicológico para la familia del procesado y una reparación material.   En su réplica, Melo dijo que la única prueba que se presentó en contra de Inredh no ofende ni disminuye la dignidad de ninguna persona. Aseguró que con la solicitud del accionante se pretende coartar la libertad de expresión de la ciudadanía. Además, que esta acción de protección pretende desviar la atención del caso de desaparición de Juliana Campoverde.   Melo, declaró que la vía adecuada para buscar justicia por los comentarios en redes sociales y mensajes en las paredes de la iglesia es la vía penal e insistió en la nulidad por no haber sido debidamente notificado.   En la audiencia, Pamela Chiriboga y Alejandro Baño, que sustentaron la defensa de Inredh, basaron su litigio en la labor y garantías de las personas defensoras de derechos humanos, el derecho individual y colectivo de la libertad de expresión y la presunción de inocencia de los procesados. Por lo tanto, Inredh como Covidefem no pueden responder por comentarios que son autoría de terceros, señalaron los litigantes.   Además, en la audiencia se precisó que los mensajes emitidos por Inredh son de hechos reales y actuales con un lenguaje respetuoso e inclusivo, más  no discriminatorio, sexista ni homófobo. Asimismo, se respeta el derecho  a la presunción de inocencia colocando la palabra sospechoso o procesado sin asegurar su culpabilidad antes de una sentencia del Tribunal.   Por su parte, la defensa de Covidefem explicó también que se notificó de manera errónea, debido a que el apellido de la persona citada no era el correcto y además, esta persona no figura como representante legal, dijo que Covidefem es una organización de hecho y no cuenta con personería jurídica.   Amigos de la corte   Para está audiencia también se presentaron dos Amicus Curiae o amigo de la corte en el proceso, uno por Jefferson Solorzano, en representación de la Defensoría del Pueblo de Ecuador,  y otro por José Valenzuela, defensor de derechos humanos y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica.   Andrés Solórzano rechazó la criminalización y hostigamiento a las personas defensoras de derechos humanos y cuestionó el uso de una acción de protección como herramienta para hostigar. .   Por su parte, José Valenzuela aseguró que este proceso adolece de requisitos de procedibilidad y de fondo  y  que no se puede menoscabar el actuar de defensoras y defensores de derechos humanos. Alerto a la jueza que de darse paso a la acción de protección se estaría vulnerando el derecho a la libertad de expresión.   Tras escuchar, las intervenciones de las partes la jueza dio un plazo de cuatro días para que Covidefem entregue documentación que dé cuenta de la estructura de la organización de hecho para pronunciarse y resolver la acción de protección planteada por el pastor Patricio C.   La audiencia se reanudará el próximo jueves 15 de noviembre a las 14:00 en el Complejo Judicial Sur.    

Jueces determinan que no hay responsables del desmembramiento del cuerpo de Francisco Cajigas

El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas presidido por el juez Juan José Chele Villamar ratificó la inocencia de los tres funcionarios públicos procesados por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas Botina, víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

La justicia ordinaria reconoce la autoridad del Consejo de Gobierno Comunitario La Toglla para resolver sus conflictos

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 07 Noviembre 2018 13:08
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En la segunda semana de noviembre de 2018 se prevé que inicie el período de reuniones entre el Consejo de Gobierno Comunitario de La Toglla y Edmundo Perugachi, quien interpuso una demanda por el delito de usurpación en contra de 8 dirigentes de la comunidad, ubicada en el en la parroquia Guangopolo, cantón Quito, provincia de Pichincha. Así lo resolvió la jueza de la Unidad Judicial Penal del cantón Rumiñahui, Laura López en la audiencia de juzgamiento.

La audiencia se instaló el pasado viernes 19 de octubre del año en curso con la presencia de los demandados: Darío Iza, vicepresidente de la comunidad La Toglla, y siete dirigentes más.

Según Perugachi, los 8 procesados ingresaron a su territorio el 8 de junio de 2016 para despojarlo de sus tierras. La defensa de los dirigentes comunitarios discrepa con este argumento, y a su vez, dijo en la audiencia:

  • Primero, que las personas implicadas en la demanda no estuvieron ese día jueves 8 de junio de 2016, en la comunidad y no hubo ningún enfrentamiento, como lo aseguró Perugachi.
  • Segundo, Edmundo Perugachi anteriormente presentó una demanda en contra de Darío Iza, en ese entonces presidente de la comunidad, por el mismo hecho y delito. Ese proceso mediante sentencia fue declarado en abandono porque el demandante no impulsó la causa. Por lo tanto, ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.
  • Tercero, el 7 de junio de 2016, Perugachi ingresó a la comunidad con 30 policías, pese a que el ingreso de agentes estatales está prohibido sino cuenta con la autorización de la comunidad. Esto generó malestar en los habitantes de la comunidad. En el parte policial, presentado como prueba en el proceso, se menciona que el presidente de ese entonces invita al encargado del operativo policial a la casa parroquial para presentar documentación de la comunidad, específicamente su escritura madre. Luego, los policías se retiran de la comunidad asegurando que allí no hay delito, ya que ellos no pueden determinar qué escritura es válida.

 

Frente a estos argumentos, la jueza propuso a las dos partes la posibilidad de resolver el conflicto mediante una conciliación o realizar todo el proceso para al final emitir una resolución donde se reconozca la inocencia o culpabilidad de los demandados.

"Junto a nuestro abogado, Estuardo Salvador, se puso sobre la mesa esta posibilidad y, teniendo en consideración que el juicio se estaba inclinando a nuestro favor debido a la incongruencia de los argumentos de la otra parte –dice Iza-. Decidimos que la conciliación sería un triunfo para la comunidad, ya que se reconoce la inocencia de las personas porque se declara la extinción del proceso penal y se reconoce la autoridad de la comunidad para que se resuelva el caso dentro de la misma. Eso es muy beneficioso para La Toglla y es un punto en contra para los intereses de grupos anti comuneros o para intereses económicos sobre La Toglla"

También, la defensa de Perugachi optó por la medida de conciliación. Por lo cual, la magistrada reconoció la autoridad indígena para resolver este conflicto mediante reuniones entre las partes. Además, determinó que se pidan disculpas públicas por la parte procesal y la parte procesada y que Perugachi debe respetar todas las formas de convivencia y procederes de la comunidad para poder hacer un ejercicio del vivir en comunidad.

 

Contexto:

El presunto delito por el cual fueron llamados a la justicia ordinaria ocho personas de La Toglla fue por el delito de usurpación de un terreno, ubicado en el sector de Comun-Pamba, en el barrio La Toglla, parroquia Guangopolo, cantón Quito, provincia de Pichincha.

Entre los implicados están: María Susana C., José Oswaldo I., Flavia Verónica L., Rosa Manuela C., Manuel Abraham P., Sebastián Eloy C., Darío Javier Iza y Virginia Dolores L.

Perugachi presentó su querella en contra de los procesados porque afirmaba tener una escritura que data del 2001 y un documento de enajenación del 2001-2002, los cuales se realizaron dentro de las instancias legales. En 2016, Perugachi ingresó a su presunto terreno, ubicado en el sector de Comun-Pamba, y taló algunos árboles. Es en ese momento iniciaron los conflictos entre Perugachi y los comuneros de La Toglla.

Para el vicepresidente de la comunidad, las aseveraciones y documentos que posee Perugachi no tienen validez porque se realizó cuando ya había una Constitución (1998) que decía que la propiedad comunitaria es imprescriptible e inalienable; eso quiere decir, que así la comunidad quiera enajenar un bien no puede porque es contrario al interés constitucional, "incluso si ese documento se hubiera realizado antes del 98 tuvo que aprobarse por 3 asambleas generales y eso no pasó en la comunidad".

Iza afirma que La Toglla posee una escritura madre desde 1923 a nombre de 276 personas. "Según la jurisprudencia de ese entonces ese contrato de dos o más personas se vuelve proindiviso. Con esa misma escritura, en 1938, en el marco del surgimiento de la Ley de Comunas de 1937, la comunidad se inscribe como un territorio colectivo".