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¿Disparar o no disparar?

Por Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de INREDH El 22 de agosto del 2018, en Mascarilla, Valle del Chota, el policía del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) David V. disparó a Andrés Padilla, afrodescendiente de 24 años. Fue un tiro certero, en la cabeza. El policía está detenido y acusado de “extralimitación de funciones en un servicio público”, mientras que los familiares de Andrés buscan que se lo juzgue por el delito de “ejecución extrajudicial”. En las filas policiales se empezó a difundir el rumor de que la policía no puede disparar a los delincuentes porque corren el riego de ir presos. En la sociedad ecuatoriana también circulan pronunciamientos de esta naturaleza y se asegura que los policías “están atados de manos frente al embate de la delincuencia”.

El Encuentro Internacional de Justicia Indígena: un diálogo intercultural sobre los nuevos retos para las comunidades indígenas

Autoridades de pueblos originarios, académicos y expertos de Perú, Bolivia y Ecuador participaron en el Encuentro Internacional de Justicia Indígena para aportar al diálogo interno sobre el pluralismo jurídico vigente en el país, y para enriquecer su conocimiento con otras prácticas como parte del fortalecimiento a la justicia indígena.

 La impugnación a Herrería busca que la nueva Corte Constitucional respete el proceso de justicia transicional

La presidenta de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Mónica Vera, presentó hoy, 16 de enero de 2019, la impugnación a la postulación del candidato Luis Enrique Herrería Bonet a la Corte Constitucional.

Juez Carlos Dávila negó acción de protección por desalojos ocurridos en Tundayme

Hoy, martes 15 de enero de 2019, el juez Carlos Dávila, negó la petición de acción de protección, a la Comunidad Indígena de Cascomi. El argumento: que no existe vulneraciones de derecho constitucional alguno y que este tema debe ser ventilado en la vía ordinaria.

INREDH presenta impugnación al candidato Herrería ante el Consejo de Participación

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), presentará formalmente la impugnación a la candidatura de Enrique Herrería a la Corte Constitucional este miércoles 16 de enero a las 9h00 ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Lizardo García 215 y José Tamayo).

La justicia ordinaria reconoce la autoridad del Consejo de Gobierno Comunitario La Toglla para resolver sus conflictos

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 07 Noviembre 2018 13:08
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En la segunda semana de noviembre de 2018 se prevé que inicie el período de reuniones entre el Consejo de Gobierno Comunitario de La Toglla y Edmundo Perugachi, quien interpuso una demanda por el delito de usurpación en contra de 8 dirigentes de la comunidad, ubicada en el en la parroquia Guangopolo, cantón Quito, provincia de Pichincha. Así lo resolvió la jueza de la Unidad Judicial Penal del cantón Rumiñahui, Laura López en la audiencia de juzgamiento.

La audiencia se instaló el pasado viernes 19 de octubre del año en curso con la presencia de los demandados: Darío Iza, vicepresidente de la comunidad La Toglla, y siete dirigentes más.

Según Perugachi, los 8 procesados ingresaron a su territorio el 8 de junio de 2016 para despojarlo de sus tierras. La defensa de los dirigentes comunitarios discrepa con este argumento, y a su vez, dijo en la audiencia:

  • Primero, que las personas implicadas en la demanda no estuvieron ese día jueves 8 de junio de 2016, en la comunidad y no hubo ningún enfrentamiento, como lo aseguró Perugachi.
  • Segundo, Edmundo Perugachi anteriormente presentó una demanda en contra de Darío Iza, en ese entonces presidente de la comunidad, por el mismo hecho y delito. Ese proceso mediante sentencia fue declarado en abandono porque el demandante no impulsó la causa. Por lo tanto, ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.
  • Tercero, el 7 de junio de 2016, Perugachi ingresó a la comunidad con 30 policías, pese a que el ingreso de agentes estatales está prohibido sino cuenta con la autorización de la comunidad. Esto generó malestar en los habitantes de la comunidad. En el parte policial, presentado como prueba en el proceso, se menciona que el presidente de ese entonces invita al encargado del operativo policial a la casa parroquial para presentar documentación de la comunidad, específicamente su escritura madre. Luego, los policías se retiran de la comunidad asegurando que allí no hay delito, ya que ellos no pueden determinar qué escritura es válida.

 

Frente a estos argumentos, la jueza propuso a las dos partes la posibilidad de resolver el conflicto mediante una conciliación o realizar todo el proceso para al final emitir una resolución donde se reconozca la inocencia o culpabilidad de los demandados.

"Junto a nuestro abogado, Estuardo Salvador, se puso sobre la mesa esta posibilidad y, teniendo en consideración que el juicio se estaba inclinando a nuestro favor debido a la incongruencia de los argumentos de la otra parte –dice Iza-. Decidimos que la conciliación sería un triunfo para la comunidad, ya que se reconoce la inocencia de las personas porque se declara la extinción del proceso penal y se reconoce la autoridad de la comunidad para que se resuelva el caso dentro de la misma. Eso es muy beneficioso para La Toglla y es un punto en contra para los intereses de grupos anti comuneros o para intereses económicos sobre La Toglla"

También, la defensa de Perugachi optó por la medida de conciliación. Por lo cual, la magistrada reconoció la autoridad indígena para resolver este conflicto mediante reuniones entre las partes. Además, determinó que se pidan disculpas públicas por la parte procesal y la parte procesada y que Perugachi debe respetar todas las formas de convivencia y procederes de la comunidad para poder hacer un ejercicio del vivir en comunidad.

 

Contexto:

El presunto delito por el cual fueron llamados a la justicia ordinaria ocho personas de La Toglla fue por el delito de usurpación de un terreno, ubicado en el sector de Comun-Pamba, en el barrio La Toglla, parroquia Guangopolo, cantón Quito, provincia de Pichincha.

Entre los implicados están: María Susana C., José Oswaldo I., Flavia Verónica L., Rosa Manuela C., Manuel Abraham P., Sebastián Eloy C., Darío Javier Iza y Virginia Dolores L.

Perugachi presentó su querella en contra de los procesados porque afirmaba tener una escritura que data del 2001 y un documento de enajenación del 2001-2002, los cuales se realizaron dentro de las instancias legales. En 2016, Perugachi ingresó a su presunto terreno, ubicado en el sector de Comun-Pamba, y taló algunos árboles. Es en ese momento iniciaron los conflictos entre Perugachi y los comuneros de La Toglla.

Para el vicepresidente de la comunidad, las aseveraciones y documentos que posee Perugachi no tienen validez porque se realizó cuando ya había una Constitución (1998) que decía que la propiedad comunitaria es imprescriptible e inalienable; eso quiere decir, que así la comunidad quiera enajenar un bien no puede porque es contrario al interés constitucional, "incluso si ese documento se hubiera realizado antes del 98 tuvo que aprobarse por 3 asambleas generales y eso no pasó en la comunidad".

Iza afirma que La Toglla posee una escritura madre desde 1923 a nombre de 276 personas. "Según la jurisprudencia de ese entonces ese contrato de dos o más personas se vuelve proindiviso. Con esa misma escritura, en 1938, en el marco del surgimiento de la Ley de Comunas de 1937, la comunidad se inscribe como un territorio colectivo".