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Mesas por la Verdad y Justicia, Perseguidos Políticos Nunca Más recibirá a autoridades indígenas de San pedro del Cañar

Este 13 de noviembre de 2018, a las 15: 00, en la sala de prensa del Consejo de la Judicatura (12 de Octubre n24 -563 y Francisco Salazar) se escuchará los testimonios de los familiares de las autoridades indígenas de Cañar que son procesados por por ejercer y administrar justicia indígena.

Laboratorio de la Fiscalía Provincial de Pichincha analizará el ADN de Juliana Campoverde

Las piezas dentales y óseas encontradas durante la reconstrucción de los hechos realizada el 10 y 11 de noviembre de 2018, en el sector de la Bellavista, norte de Quito para encontrar pistas sobre el paradero de Juliana Campoverde serán cotejadas en el Laboratorio de la Fiscalía Provincial de Pichincha, lugar dónde se realizarán las pruebas de ADN.

Procesado por la desaparición de Juliana Campoverde se acogió a la cooperación eficaz

Jonathan C. pastor evangélico procesado por la desaparición de Juliana Campoverde, vista por última vez el 7 de julio de 2012, se acogió al procedimiento de cooperación eficaz y accedió a a colaborar durante el proceso de la reconstrucción de los hechos. Así lo informó la fiscal del caso Mayra Soria.

Jueza resolverá acción de protección en contra de Inredh y Covidefem la próxima semana

  La jueza constitucional del Complejo Judicial Sur, Myriam Guamán, suspendió ayer 8 de noviembre de 2018, la audiencia de acción de protección planteada por el pastor Patricio C. contra la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y el Comité de Lucha Contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios (Covidefem) por supuesta violación a la integridad física, psíquica y moral, vida libre de violencia, no discriminación, derecho a la manifestaciones religiosas y presunción de inocencia de Jonathan C., quien es investigado por la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el pasado 7 de julio de 2012.   Una vez instalada la audiencia, el defensor de derechos humanos, Mario Melo, argumentó que Inredh no fue notificado debidamente, puesto que la notificación fue entregada a nombre de la directora administrativa, mas no a nombre de la representante legal de la Fundación. Por ello, solicitó se declare nula la diligencia.   La jueza Guamán no dio paso a la solicitud de Melo y  respondió que la directora administrativa pudo notificar a la representante legal y que al ser parte del Consejo Directivo podía comparecer a nombre de Inredh.   David Carrión, abogado de Patricio C., accionante de la acción de protección inició su intervención presentando como pruebas las publicaciones y artículos informativos difundidos a través de la página web y redes sociales de Inredh, afiches donde consta el logo de Covidefem, fotos de mensajes escritos en las paredes de la iglesia cristiana “Oasis de Esperanza” y  finalmente exhibió capturas de pantalla de comentarios realizados por terceros en las publicaciones. Por ello, expuso que su representado y familia se han visto seriamente afectados por los mensajes vertidos por quienes han comentado estas publicaciones.   Carrión solicitó como medidas de reparación que Inredh y Covidefem se abstengan de realizar publicaciones sobre el caso de la desaparición de Juliana Campoverde, borrar las publicaciones donde personas particulares han manifestado su opinión respecto del pastor investigado por la desaparición de Juliana, un tratamiento psicológico para la familia del procesado y una reparación material.   En su réplica, Melo dijo que la única prueba que se presentó en contra de Inredh no ofende ni disminuye la dignidad de ninguna persona. Aseguró que con la solicitud del accionante se pretende coartar la libertad de expresión de la ciudadanía. Además, que esta acción de protección pretende desviar la atención del caso de desaparición de Juliana Campoverde.   Melo, declaró que la vía adecuada para buscar justicia por los comentarios en redes sociales y mensajes en las paredes de la iglesia es la vía penal e insistió en la nulidad por no haber sido debidamente notificado.   En la audiencia, Pamela Chiriboga y Alejandro Baño, que sustentaron la defensa de Inredh, basaron su litigio en la labor y garantías de las personas defensoras de derechos humanos, el derecho individual y colectivo de la libertad de expresión y la presunción de inocencia de los procesados. Por lo tanto, Inredh como Covidefem no pueden responder por comentarios que son autoría de terceros, señalaron los litigantes.   Además, en la audiencia se precisó que los mensajes emitidos por Inredh son de hechos reales y actuales con un lenguaje respetuoso e inclusivo, más  no discriminatorio, sexista ni homófobo. Asimismo, se respeta el derecho  a la presunción de inocencia colocando la palabra sospechoso o procesado sin asegurar su culpabilidad antes de una sentencia del Tribunal.   Por su parte, la defensa de Covidefem explicó también que se notificó de manera errónea, debido a que el apellido de la persona citada no era el correcto y además, esta persona no figura como representante legal, dijo que Covidefem es una organización de hecho y no cuenta con personería jurídica.   Amigos de la corte   Para está audiencia también se presentaron dos Amicus Curiae o amigo de la corte en el proceso, uno por Jefferson Solorzano, en representación de la Defensoría del Pueblo de Ecuador,  y otro por José Valenzuela, defensor de derechos humanos y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica.   Andrés Solórzano rechazó la criminalización y hostigamiento a las personas defensoras de derechos humanos y cuestionó el uso de una acción de protección como herramienta para hostigar. .   Por su parte, José Valenzuela aseguró que este proceso adolece de requisitos de procedibilidad y de fondo  y  que no se puede menoscabar el actuar de defensoras y defensores de derechos humanos. Alerto a la jueza que de darse paso a la acción de protección se estaría vulnerando el derecho a la libertad de expresión.   Tras escuchar, las intervenciones de las partes la jueza dio un plazo de cuatro días para que Covidefem entregue documentación que dé cuenta de la estructura de la organización de hecho para pronunciarse y resolver la acción de protección planteada por el pastor Patricio C.   La audiencia se reanudará el próximo jueves 15 de noviembre a las 14:00 en el Complejo Judicial Sur.    

Jueces determinan que no hay responsables del desmembramiento del cuerpo de Francisco Cajigas

El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas presidido por el juez Juan José Chele Villamar ratificó la inocencia de los tres funcionarios públicos procesados por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas Botina, víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Pastor inicia proceso en contra de Inredh por emitir mensajes sobre la desaparición de Juliana Campoverde.

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 07 Noviembre 2018 20:57
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El día de hoy, 7 de noviembre del 2018, Patricio C., pastor evangélico y padre de Jonathan C. principal sospechoso de la desaparición de Juliana Campoverde, bajo el patrocinio del abogado Paúl Ocaña Merino, ha interpuesto una Acción de Protección en contra del INREDH y COVIDEFEM por una supuesta violación a su derecho a la integridad física, psíquica y moral, vida libre de violencia, no discriminación, derecho a la manifestaciones religiosas y presunción de inocencia de su hijo.

 

La audiencia de la Acción de Protección tendrá lugar a las 14:00 en el Complejo Judicial de Quitumbe. Este 8 de noviembre del 2018. Todos estos derechos enraizados en las publicaciones realizadas por parte de INREDH y COVIDEFEM en las páginas de Facebook

Consideramos que Jonathan C., pastor evangélico procesado por la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el 7 de julio de 2012, debe responder al proceso judicial con verdad y no utilizar acciones de amedrentamiento y hostigamiento contra la familia, amigos y la defensa de la víctima.

Hay que tomar en cuenta, que el caso de desaparición de Juliana es de manejo y conocimiento público, así como sus actores y diligencias judiciales. Al ser una organización de derechos Humanos, nuestro rol y función social es brindar información acerca del caso, hacer denuncias públicas para generar presión estatal y exigir respuestas tanto a organismos públicos como privados,  así como visibilizar a la desaparición como una fenómeno social inatendido por nuestras autoridades.

Las publicaciones del INREDH se hacen con lenguaje respetuoso y enfoque de derechos humanos para que no afecte a los familiares y amigos, al ser el fenómeno de desaparición un hecho doloroso y lesivo; no obstante, como organización defensora de derechos humanos, tenemos como objetivo visibilizar la problemática de la desaparición en el Ecuador.

La realización de dichas actividades, nos constituyen como una organización que se dedica a la defensa, promoción y protección de derechos humanos; por lo que estamos amparados bajo estándares internacionales tales como la Declaración de los Defensores de los derechos humanos, emitido por las Naciones Unidas, y además, los pactos que son jurídicamente vinculantes que protegen nuestro derecho a la Libertad de Expresión y Libre Opinión, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como nuestra propia Constitución.

En la medida en la que no hemos publicado nada ofensivo, discriminatorio, que incite a la violencia en redes sociales y que, por el contrario, nuestro accionar ha sido informar acerca de los hechos dados en el caso de la desaparición de Juliana Campoverde y en general, en la problemática de personas desaparecidas, rechazamos esta Acción de Protección y la calificamos como un acto de hostigamiento, con el único objetivo de desviar la atención del verdadero problema: la desaparición de Juliana y el responsable de la misma. De otorgarse la acción de protección se estaría configurando un claro hostigamiento y persecución a organizaciones de derechos humanos, acciones que creíamos desterrada en el contexto actual.

Crea un precedente de persecución y limitació de derechos humanos lo cual pondría en indefensión y vulnerabilidad a las víctimas directas y secundarias. Además que se estaría obstaculizando el deber de la sociedad de investigar y sancionar esta ola de encubrimientos de delitos de pastores de las distintas religiones.