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Juez visitará San Pablo de Amalí para constatar los daños causados por hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

Para este miércoles, 13 de febrero de 2019, a las 09:00, se prevé que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, visité la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón, Chillanes, provincia Bolívar. El objetivo: realizar una inspección judicial para verificar y constatar los daños causados por el desvío del río Dulcepamaba realizado por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

El pueblo shuar Arutam presentará una acción de protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza

En la mañana de hoy, martes 12 de febrero de 2019, en las instalaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dirigentes del pueblo shuar Arutam con el apoyo de organizaciones de derechos humanos hicieron público que presentarán en los próximos días una acción protección contra el proyecto minero San Carlos - Panantza, localizado en la provincia de Morona Santiago, en el sur del país.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

En memoria de Susana Wappenstein

Susana Wappenstein, una de las fundadoras de Inredh y docente de Flacso. Foto: @susawappen   Ha muerto Susana Wappenstein, docente universitaria y, sobre todo, militante por los derechos humanos, por la diversidad.

Se difiere por segunda ocasión la audiencia de apelación por el delito de tortura en contra de Angelo Ayol

La Sala de la Corte Provincial de Pichincha conformada por los jueces Eduardo Ochoa Chiriboga, Xavier Barriga Bedoya y Carlos Figueroa Aguirre suspendió nuevamente la audiencia de apelación por el delito de tortura en contra del ex estudiante del Colegio Mejía, Angelo Ayol.

Relatora de la ONU pide que se respete los derechos de los pueblos indígenas y no se criminalice su justicia

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 29 Noviembre 2018 15:24
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La Relatora Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz,  ofreció hoy 29 de noviembre del 2018, una rueda de prensa con el fin de instar al gobierno ecuatoriano a tomar medidas reales para la construcción de una sociedad plurinacional y multicultural prevista en la Constitución. Esto en el marco de su visita al Ecuador que concluyó hoy tras 11 días de recorrer el país.

“No solo hay que proteger la naturaleza,

sino también a quienes la protegen”.

Victoria Tauli- Corpuz

 

Tauli-Corpuz en su informe preliminar agradeció al gobierno de Ecuador por invitarle y permitir realizar esta visita a las nacionalidades indígenas del país que lo mostró de primera mano las realidades de los distintos pueblos indígenas como la lucha en contra de proyectos extractivos en la comunidad de Sinangoe y las afectaciones del ingreso de la fuerza pública en Tundayme, donde opera el proyecto minero Mirador.

La relatora filipina recomendó al Gobierno respetar las decisiones de los pueblos y nacionalidades indígenas; la consulta previa, libre e informada; sus posturas frente a la extracción de recursos extractivos mineros o petroleros, y sobre todo le pidió respetar todos los derechos de los pueblos indígenas.

También Tauli-Corpuz aplaudió las iniciativas del gobierno de Lenín Moreno en plantear un diálogo con el movimiento indígena, rescató los compromisos que se discutían en este proceso  como el pedido de amnistía a los criminalizados, la recuperación de la educación bilingüe y el cese de concesiones mineras, por lo que recomendó al Estado retomar y cumplir dichos acuerdos.

En el marco de la justicia indígena,  Tauli-Corpuz se refirió a la visita que realizó  a José Sarmiento Jiménez, Sergio Roberto Paucar Huerta y María Digna Sarmiento Chuqui, tres autoridades indígenas que se encuentran recluidas en el Centro de Rehabilitación Social Turi – Cuenca por administrar justicia indígena en su territorio.  La relatora los visitó con el fin de conocer personalmente los casos de la criminalización de la justicia indígena.

Frente a esta situación, dijo que es deber del sistema judicial otorgar medidas sustitutivas a las autoridades indígenas para que se pueda coordinar el ejercicio de la justicia indígena con la ordinaria.  Cuestionó que autoridades indígenas hayan sido criminalizadas por ejercer la justicia indígena bajo delitos  de  plagio y daño a la propiedad privada. Por eso, señaló que el pedido de amnistías para aquellos que han sido injustamente encarcelado y criminalizados debería ser manejado de la manera más inmediata.

“Recomendé que las autoridades debería tener poder legal y diálogo colectivo con las autoridades de la justicia indígena, entre justicias tiene que existir una conversación para armonizar y colaborar entre ellas”, precisó la relatora.

Los casos de dirigentes indígenas asesinados como Freddy Taish, Bosco Wisuma y José Tendetza también preocupó a la relatora que recomendó al Estado otorgar las facilidades y herramientas en la búsqueda de responsables y reparación las familias de las víctimas.  

Finalmente recordó al gobierno, que las nacionalidades y pueblos indígenas no solo se oponen a proyectos extractivos o políticas estatales, si no que también tienen proyectos de vida en comunidad, tal es el caso del proyecto Kawasak Sacha de Sarayaku, o Déjenos vivir de la nacionalidad Huarani en relación al territorio que comprende el Yasuní. 

Para Nelson Atupaña, asesor legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), el Estado ecuatoriano debe cumplir con las recomendaciones emitidas por la relatora especial, debido a que el Ecuador ha suscripto todos los instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de pueblos indígenas. "Es su obligación proteger, garantizar y respetar sus derechos".

En septiembre de 2019, la relatora presentará el informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.