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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.  

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Familiares de Juliana Campoverde a la espera de llamamiento a juicio

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 03 Enero 2019 14:50
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Este jueves, 3 enero de 2019, Elizabeth Rodríguez junto a Absalón Campoverde, padres Juliana, joven de 18 años desaparecida el 7 de julio de 2012, se reunieron en el Complejo Judicial Norte,de la ciudad de Quito,para realizar la verificación de la firma y rúbrica de la acusación particular presentada el 20 de diciembre de 2018 por el presunto delito de asesinato.

Esta verificación de la firma y rúbrica dela acusación particular presentada en contra del pastor evangélico  Jonathan C. por el supuesto delito de asesinato es una formalidad que tiene que cumplirse para que la acusación particular sea válida y, una vez, que ésta sea calificada se inicié la siguiente etapa, en la cual la jueza llamará a la audiencia evaluatoria y preparataoria de juicio.

Para Daniel Véjar, coordinador jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y abogado de la familia Rodríguez, el objetivo principal de esta acusación particular es recabar información para una reparación integral, es decir, “reparar la enorme lesividad y daño que ha sufrido la familia, pero, sobre todo, Elizabeth en estos 6 años”.

Después de la etapa de instrucción fiscal que concluyó ayer, 02 de enero de 2019, vendrá la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio donde la Fiscalía y los abogados de la familia deberán realizar sus acusaciones, entregar todos los elementos recabados y establecer una teoría sobre qué ocurrió dentro de la desaparición de Juliana Campoverde.

Para Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana, esta acusación particular servirá para reforzar la investigación que la fiscal está haciendo, y que de esta manera el caso no quede en la impunidad. Al juez que le corresponda le pedimos, le exigimos, que la verdad salga a la luz, que se haga justicia, porque nosotros como familia nos merecemos la verdad y, no solo nosotros, sino el Ecuador entero que está esperando una respuesta de lo que pasó con Juliana”, concluye.

Cabe mencionar que el pasado 30 de noviembre del año en curso, la fiscal Mayra Soria reformuló cargos en contra de Jonathan C. por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte.

También, la fiscalía inició de ofició la investigación de las cuentas Bancarias de quienes son parte de la administración de la Iglesia Oasis Esperanza: Jonathan C., Patricio C., Israel C. y Andrea R., por el presunto cometimiento del delito de enriquecimiento privado no justificado.