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¿Disparar o no disparar?

Por Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de INREDH El 22 de agosto del 2018, en Mascarilla, Valle del Chota, el policía del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) David V. disparó a Andrés Padilla, afrodescendiente de 24 años. Fue un tiro certero, en la cabeza. El policía está detenido y acusado de “extralimitación de funciones en un servicio público”, mientras que los familiares de Andrés buscan que se lo juzgue por el delito de “ejecución extrajudicial”. En las filas policiales se empezó a difundir el rumor de que la policía no puede disparar a los delincuentes porque corren el riego de ir presos. En la sociedad ecuatoriana también circulan pronunciamientos de esta naturaleza y se asegura que los policías “están atados de manos frente al embate de la delincuencia”.

El Encuentro Internacional de Justicia Indígena: un diálogo intercultural sobre los nuevos retos para las comunidades indígenas

Autoridades de pueblos originarios, académicos y expertos de Perú, Bolivia y Ecuador participaron en el Encuentro Internacional de Justicia Indígena para aportar al diálogo interno sobre el pluralismo jurídico vigente en el país, y para enriquecer su conocimiento con otras prácticas como parte del fortalecimiento a la justicia indígena.

 La impugnación a Herrería busca que la nueva Corte Constitucional respete el proceso de justicia transicional

La presidenta de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Mónica Vera, presentó hoy, 16 de enero de 2019, la impugnación a la postulación del candidato Luis Enrique Herrería Bonet a la Corte Constitucional.

Juez Carlos Dávila negó acción de protección por desalojos ocurridos en Tundayme

Hoy, martes 15 de enero de 2019, el juez Carlos Dávila, negó la petición de acción de protección, a la Comunidad Indígena de Cascomi. El argumento: que no existe vulneraciones de derecho constitucional alguno y que este tema debe ser ventilado en la vía ordinaria.

INREDH presenta impugnación al candidato Herrería ante el Consejo de Participación

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), presentará formalmente la impugnación a la candidatura de Enrique Herrería a la Corte Constitucional este miércoles 16 de enero a las 9h00 ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Lizardo García 215 y José Tamayo).

Las actas de las sesiones de la Comisión Calificadora de la Corte Constitucional permitirán esclarecer el procedimiento de calificación de Enrique Herrería

Categoría: Actualidad Creado: Viernes, 04 Enero 2019 13:33
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Luis Ángel Saavedra, director ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) acudió este viernes, 4 de enero de 2019, a las 09:00, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para solicitar todas las actas emitidas en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Calificadora de los candidatos a jueces y juezas de la Corte Constitucional, desde su primera sesión dada el 25 de octubre del 2018 hasta la fecha.

Esto luego de que el día 27 de diciembre del 2018, Amanda Páez Moreno, miembro de la Comisión Calificadora, presentara su renuncia al cargo luego de expresar su negativa a la calificación del candidato Enrique Herrería Bonet, a causa de su probidad cuestionada a partir de los hechos relatados en los informes de la Comisión de la Verdad.

Luis A. Saavedra explica que el objetivo de la solicitud de las actas emitidas en las sesiones es conocer cómo se superó el cuestionamiento de la falta de probidad del doctor Herrería, teniendo como antecedente la omisión de la calificación de una miembro de la Comisión.

“La ciudadanía ecuatoriana en general necesitan saber cómo se dieron las calificaciones del postulante Enrique Herrería –dice Saavedra-, si una de las comisionadas se negó a calificarlo; y, se necesita saber cómo se superó la denuncia que hiciera la Dra. Páez respecto a la falta de probidad del candidato Enrique Herrería para que éste finalmente ocupe una posición que asegura su ingreso a la Corte Constitucional”.

No podemos pasar por alto la voz de la Dra. Amanda Páez Moreno, pues su vida pública ha sido intachable y ha ocupado cargos de alta responsabilidad en el sector público y en la defensa de los derechos de los trabajadores, como ser Jueza Titular y Vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral (2007 – 2008), Asesora legal de los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito S.A., funcionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y Directora General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Bienestar Social; además de ser docente de la Universidad Central del Ecuador y asesora legal de la Federación de Trabajadores de Pichincha. Al ser una persona reconocida públicamente, nos asombra además que se haya modificado su nombre y se la mencione como Amanda Pérez en varias comunicaciones y en notas de los medios de comunicación.

Inredh ratifica su decisión de impugnar la candidatura de Enrique Herrería a ser magistrado de la Corte Constitucional, pues como organización de derechos humanos nos preocupa que en la máxima instancia de interpretación de la Carta Magna, se pueda nombrar a uno de los posibles perpetradores de las vulneraciones a los derechos humanos señaladas en el Informe de la Comisión de la Verdad, lo que va en contra de un Estado de Derechos y Garantías, como se define al Ecuador en su Constitución y enviaría un mensaje de injusticia e impunidad a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, a sus familiares y a la sociedad en general.

Ayer, 3 de enero de 2019, la Comisión Calificadora de la Corte Constitucional dio a conocer a la ciudadanía los nombres de los y las postulantes que pasan a la fase de impugnación ciudadana. Y de conformidad con los artículos 31 y 32 del Mandato, dentro del término de cinco días contados a partir de la publicación de la lista de postulantes seleccionados en un diario de mayor circulación nacional y en la web del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), la ciudadanía tendrá cinco días para presentar esos recursos. Las objeciones se recibirán por escrito, debidamente fundamentadas y documentadas, en cualquier delegación del Cpccs, a escala nacional.

Para Pamela Chiriboga, asistente jurídica de Inredh, es sumamente importante que la información que se pide se dé de manera inmediata, ya que con estas actas se podrá identificar posibles irregularidades. “Justamente en esta fase de impugnación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Comisión Calificadora deberían dar la urgencia que necesita este pedido, para que nosotros como sociedad civil tengamos la base suficiente y objetiva para presentar las impugnaciones”.

La Comisión Calificadora está conformada por Rafael Oyarte, Amada Páez, Ramiro García Falconí, Alberto Wray, Ernesto Albán y Vanesa Aguirre.

Leer la carta de la comisionada Amanda Páez: aquí