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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.  

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Perito del Consejo de la Judicatura corrobora que sí existe población indígena en Tundayme

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 10 Enero 2019 13:47
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Este miércoles, 09 de enero de 2019, el Juez Carlos Dávila reinstaló la audiencia de la acción de protección en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y la empresa minera Ecuacorriente S.A. por violentar el derecho a la consulta previa, libre e informada en la ejecución del proyecto minero Mirador, a las 15:30, en la sala 806 del Complejo Judicial Norte.

El juez Dávila inició reconociendo a los miembros de las dos partes y, además, presentando ante la audiencia dos amicus curaie, el primero emitido por Ecuarunari y el segundo por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) conjuntamente con el Observatorio de Justicia Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar-Ecuador y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Los amicus  curiae se  presentaron en respuesta a la acción de protección por proyecto minero Mirador en Tundayme, que pretende extraer cobre y oro de la zona. El magistrado, dio un receso de quince minutos para que los abogados de las instituciones estatales implicadas y la empresa minera, conozcan el contenido de dichos textos.

Al reiniciarse la audiencia, el juez tomó el juramento al perito antropológico Roberto Narváez quien inició la sustentación del peritaje técnico. Dentro de su comparecencia, el experto afirmó que en el territorio de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) existe población indígena shuar - considerada un grupo étnico que está sujeta a los derechos colectivos presentes en la Constitución del Ecuador- y una población mestiza con una identificación colectiva, reconocidos como campesinos, que han adquirido prácticas culturales del lugar.

Después de la sustentación del perito antropológico, el juez permitió que los abogados de las partes presentes le realizaran preguntas al perito. Nelson Atupaña, abogado de la comunidad Cascomi y asesor legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), inició con una serie de preguntas con las cuales puso énfasis en la constitución de esta comunidad como un territorio ancestral y el reconocimiento de sus derechos colectivos.

El juez, además, permitió que una tercera parte – Cedhu y la Defensoría del Pueblo – expusiera sus inquietudes ante el perito. Y finalmente, los abogados de la parte demandada: Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y la empresa minera Ecuacorriente S.A., realizaron sus preguntas con la intención de obtener información que certifique que dicha comunidad no es un pueblo ancestral.

En la fase de los alegatos finales, los abogados de la parte demandante hicieron algunas recomendaciones y peticiones al magistrado, entre ellas, que se considere la diversidad de culturas que existe en el país y además, el derecho a una vivienda digna independientemente si son o no un pueblo ancestral. Tambien se instó a que se reconocieran los derechos internacionales y la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas y la consulta ambiental para el caso de comunidades campesinas, antes de tomar una decisión y que se tomara en cuenta la visita de la relatora de pueblos indígenas de la ONU al territorio de Tundayme.

Con los amicus curiae, las organizaciones pretenden contribuir, mediante este escrito, a la mejor resolución del caso a través de la exposición de los estándares y parámetros constitucionales e internacionales desarrollados por la Corte Constitucional ecuatoriana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la doctrina más relevante con respecto a los fundamentos de la exigibilidad de los derechos de la naturaleza y del derecho a las consultas. A más de determinar la responsabilidad del Estado por la falta de protección de los derechos humanos.

Por su parte, los defensores de las instituciones Estado y de la empresa minera, alegaron que la presencia de colonos en las tierras de indígenas shuar, genera detrimento en los derechos colectivos que tienen las comunidades indígenas.

Otro de los abogados también argumentó que esta causa ya tiene cosa juzgada en razón que existió un proceso por las servidumbres mineras en los tribunales de Gualaquiza, en la provincia de Morona Santiago.

Argumentaron, además que militares y algunos comuneros vendieron sus territorios a los campesinos y con eso perdieron los derechos colectivos sobre su tierra. Precisaron, que miembros de la comunidad Cascomi que no son shuar no pueden identificarse como indígenas porque estaría vulnerando los derechos colectivos de quienes sí deberían ejercerlos, ya que esto podría generar malas interpretaciones o abuso del derecho.

Cuestionaron que el perito Narváez no haya establecido con certeza un número de indígenas shuar que habitan en ese territorio, por cuanto no se podría determinar la existencia de derechos colectivos o sobre quiénes podrían ejercerse tales derechos.

Expusieron también que parte de los indígenas shuar que fueron entrevistados, no fueron afectados directamente por el proyecto Mirador, sino que están cercanos a la rivera del río, sin tomar en cuenta sus actividades cotidianas como indígenas se ven afectadas por el proyecto minero.

El juez de la Corte Provincial de Justicia, Carlos Dávila, explicó que existen elementos que necesitan ser analizados con profundidad y para garantizar los derechos de las partes, suspendió la audiencia. La diligencia se realizará el próximo 15 de enero del presente año.