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Misión de verificación de la situación actual de las víctimas de la empresa Furukawa

Frente a la vulneración de derechos humanos cometidos en contra de las y los campesinoas que trabajan en la empresa Furukawa, el Comité de Solidaridad con las víctimas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., conformado por la Coordinadora Nacional Campesina - CNC, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu); junto con miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica; y varias organizaciones campesinas y afroecuatorianas, realizaremos una misión de verificación de derechos humanos en el lugar donde viven las víctimas de la empresa, el día jueves 15 de agosto de 2019, a las 09:00. 

Reanudan búsqueda de Carolina Garzón sin presencia del Fiscal

La mañana de este lunes 22 de julio se realizó una búsqueda en las riveras del río Machángara por la desaparición de Carolina Garzón en abril 2012. La diligencia estuvo señalada a las 9h00, sin embargo comenzó una hora más tarde sin la presencia de Jorge Flores, fiscal del caso.

Comunicado Público: Es imperativo cierre de Iglesia Oasis de Esperanza, Confraternidad Evangélica nunca fue solidaria

Las organizaciones y personas que apoyamos la lucha para saber la verdad sobre la desaparición de Juliana Campoverde y lograr sanción a los responsables, nos pronunciamos ante la posición asumida por la Confraternidad Evangélica que cuestiona el cierre de la Iglesia Oasis de Esperanza, escenario en el cual se cristalizaron el acoso y agresión sistemática sobre Juliana Campoverde con lo siguiente:

La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

Acción de protección contra hidroeléctrica Hidrotambo S.A por  vulnerar los derechos humanos

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 31 Enero 2019 12:57
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La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó un amicus curiae (tercera parte interesada) en respuesta acción de protección planteada por la Defensoría del Pueblo de Bolívar y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu). Esta garantía constitucional pretende la reparación integral de las familias  afectadas por el desvío del río Dulcepamba en la comunidad San Pablo de Amalí, en la provincia de Bolívar. Así lo informó hoy, 31 de enero de 2019, Pamela Chiriboga, asesora jurídico de Inredh.

 

La Defensoría del Pueblo de Bolívar y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) presentaron la mañana del viernes 25 de enero de 2019,  una Acción de Protección solicitando la reparación integral de las familias de la comunidad San Pablo de Amalí que fueron  afectadas por el desvío del Río Dulcepamba ejecutado por la compañía Hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

 

Esta garantía constitucional fue planteada en contra de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el Ministerio del Ambiente (MAE), la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), la Procuraduría General del Estado, la Secretaría Nacional de Riesgos (SNGR), el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chillanes, así como en contra de la Compañía Hidroeléctrica Hidrotambo S.A

 

Tanto la Defensoría del Pueblo de Bolívar como Cedhu piden, bajo esta figura legal, que las entidades públicas competentes adopten de forma inmediata, todas las medidas administrativas y de políticas públicas para que se restablezca o corrija el desvío del río Dulcepamba; que se nombre una comisión para que se investigue los daños individuales, familiares y comunitarios, a nivel material e inmaterial, para las correspondientes indemnizaciones y otras medidas compensatorias; que se disponga las correspondientes sanciones administrativas a los funcionarios públicos que omitieron cumplir con el deber de control, prevención y protección a la Comunidad de San Pablo de Amalí.

 

"Además de pretender una reparación integral para la comunidad de San Pablo de Amalí, se busca que tanto la Hidroeléctrica Hidrotambo S.A. por acción, como las instituciones públicas por omisión, se responsabilicen por las afectaciones y adopten medidas efectivas para prevenir futuras", dijo Pamela Chiriboga

 

Comuneros de San Pablo de Amalí, que han residido en la zona por más de 50 años, indicaron que nunca antes había ocurrido algo parecido a la inundación de  19 y 20 de marzo de 2015, donde se produjo el desbordamiento del Río Dulcepamba, a causa de su desviación por parte de Hidrotambo, ocasionando la muerte de tres personas, la destrucción de 12 casas, la pérdida de ganado, plantaciones, herramientas de trabajo, medios de transporte, entre otros. Además, el destrozo de la carretera que comunica a San Pablo de Amalí y la parroquia San José del Tambo, de la cual hasta el día de hoy los miembros de la comunidad no han podido sobreponerse.

 

Se prevé que la audiencia se desarrolle la próxima semana, aún no se recibe la notificación del juzgado donde se fija el día y la hora cuando se llevará a cabo.