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Misión de verificación de la situación actual de las víctimas de la empresa Furukawa

Frente a la vulneración de derechos humanos cometidos en contra de las y los campesinoas que trabajan en la empresa Furukawa, el Comité de Solidaridad con las víctimas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., conformado por la Coordinadora Nacional Campesina - CNC, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu); junto con miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica; y varias organizaciones campesinas y afroecuatorianas, realizaremos una misión de verificación de derechos humanos en el lugar donde viven las víctimas de la empresa, el día jueves 15 de agosto de 2019, a las 09:00. 

Reanudan búsqueda de Carolina Garzón sin presencia del Fiscal

La mañana de este lunes 22 de julio se realizó una búsqueda en las riveras del río Machángara por la desaparición de Carolina Garzón en abril 2012. La diligencia estuvo señalada a las 9h00, sin embargo comenzó una hora más tarde sin la presencia de Jorge Flores, fiscal del caso.

Comunicado Público: Es imperativo cierre de Iglesia Oasis de Esperanza, Confraternidad Evangélica nunca fue solidaria

Las organizaciones y personas que apoyamos la lucha para saber la verdad sobre la desaparición de Juliana Campoverde y lograr sanción a los responsables, nos pronunciamos ante la posición asumida por la Confraternidad Evangélica que cuestiona el cierre de la Iglesia Oasis de Esperanza, escenario en el cual se cristalizaron el acoso y agresión sistemática sobre Juliana Campoverde con lo siguiente:

La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

Juez de Unidad Multicompetente de Chillanes suspendió la audiencia de acción de protección a favor de San Pablo de Amalí

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 06 Febrero 2019 12:07
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El juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, suspendió la mañana de este miércoles 6 de febrero de 2019,  la audiencia de acción de protección en contra de Hidrotambo S.A.,  la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el Ministerio del Ambiente (MAE), la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), la Procuraduría General del Estado, la Secretaría Nacional de Riesgos (SNGR), el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chillanes.

 

Previo a la instalación de la audiencia, el juez Pazmiño, argumentó que no se notificó debidamente al Prefecto de la provincia de Bolívar, Vinicio Coloma Romero, por lo cual difirió la audiencia para el viernes 8 de febrero de 2019 a las 8h30 en el Complejo Judicial Chillanes.

Interior Complejo Judicial Chillanes

La Acción de Protección fue planteada por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, debido al desborde del río del 19 y 20 de marzo de 2015, cuando el río desviado, arrasó con la comunidad, llevándose tres vidas humanas, 12 casas, animales y cultivos.

“Nosotros hemos notificado en debida forma al Gobierno Provincial y al procurador síndico, sin embargo el juez no dio paso a la certificación a través del secretaría. En ese sentido está violentando el derecho a la defensa a la comunidad San Pablo de Amalí que exige el respeto y la defensa de sus derechos” dijo Wilfrido Acuña, Defensor del Pueblo de Bolívar, quién denunció a la opinión pública la ilegítima suspensión de la audiencia.

Cedhu y Defensoría del Pueblo explican la resolución del juez en el exterior del Complejo judicial de Chillanes

 

Para Nelson Atupaña, asesor legal de Inredh, el juez debe actuar en derecho y garantizar un proceso constitucional de protección de derechos de la comunidad de San Pablo de Amalí.

 

La suspensión de la audiencia generó indignación y malestar en los más de 50 habitantes de las comunidades de la cuenca del río Dulcempamba que organizaron un plantón en los exteriores de la Unidad Judicial para exigir la reparación integral y el derecho a una vida digna.