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Misión de verificación de la situación actual de las víctimas de la empresa Furukawa

Frente a la vulneración de derechos humanos cometidos en contra de las y los campesinoas que trabajan en la empresa Furukawa, el Comité de Solidaridad con las víctimas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., conformado por la Coordinadora Nacional Campesina - CNC, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu); junto con miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica; y varias organizaciones campesinas y afroecuatorianas, realizaremos una misión de verificación de derechos humanos en el lugar donde viven las víctimas de la empresa, el día jueves 15 de agosto de 2019, a las 09:00. 

Reanudan búsqueda de Carolina Garzón sin presencia del Fiscal

La mañana de este lunes 22 de julio se realizó una búsqueda en las riveras del río Machángara por la desaparición de Carolina Garzón en abril 2012. La diligencia estuvo señalada a las 9h00, sin embargo comenzó una hora más tarde sin la presencia de Jorge Flores, fiscal del caso.

Comunicado Público: Es imperativo cierre de Iglesia Oasis de Esperanza, Confraternidad Evangélica nunca fue solidaria

Las organizaciones y personas que apoyamos la lucha para saber la verdad sobre la desaparición de Juliana Campoverde y lograr sanción a los responsables, nos pronunciamos ante la posición asumida por la Confraternidad Evangélica que cuestiona el cierre de la Iglesia Oasis de Esperanza, escenario en el cual se cristalizaron el acoso y agresión sistemática sobre Juliana Campoverde con lo siguiente:

La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

Audiencia de apelación por tortura policial se instala este viernes

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 06 Febrero 2019 14:30
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La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha conformada por Eduardo Gilberto Ochoa Chiriboga, Carlos Alberto Figueroa Aguirre y Leonardo Xavier Barriga Bedoya convocó a la audiencia de apelación por el delito de tortura cometido en contra el exestudiante del Colegio Mejía, Ángelo Ayol, ocurrido el 17 de septiembre de 2014, durante las protestas sociales que se desarrolló en los exteriores del Colegio.

Se espera que la audiencia de apelación se instale este viernes 8 de febrero de 2019, a las 14:30, en la Sala 8, piso 3, del edificio de la Corte Provincial de Justicia, ubicado sobre la calle Juan Severino entre Diego de Almagro y 6 de Diciembre, frente a la Plaza Argentina, norte de Quito. Esta audiencia ya fue suspendida en una ocasión el pasado 10 de enero de 2019.

Por el delito de tortura tipificado en el artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) fueron sentenciados David A. subteniente de la Policía Nacional como autor directo del delito; y el cabo segundo Freddy F. fue sancionado por omisión, con una pena de 10 y 5 años respectivamente.

Aquel 17 de septiembre de 2017, Ángelo de 17 años fue detenido ilegalmente, golpeado y atropellado por una moto policial, luego fue trasladado a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC - Basílica) donde le rosearon gas lacrimógeno, le pincharon la cabeza con un esfero gráfico y de una patada le rompieron varias piezas dentales. Fue llevado a la Unidad de Flagrancia y luego al hospital Eugenio Espejo donde fue internado bajo el cuadro de politraumatismo.

Frente al contexto nacional actual basado en las críticas sobre el accionar del personal policial y el rol de organizaciones de derechos humanos, la Fundación Inredh hace un llamado a distinguir aquellos escenarios en donde la ley faculta el uso progresivo de la fuerza y aquellos donde utilizar la fuerza está prohibido.

“El caso de Ángelo tiene una importante connotación social pues es la única denuncia con sentencia sobre la violencia desde las fuerzas públicas en protestas estudiantiles. Ángelo tenía 16 años para entonces, aun así, fue detenido, esposado, golpeado severamente y retenido contra su voluntad sin que nunca se le haya indicado los motivos por los cuales fue detenido” indica Daniel Véjar, coordinador jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y abogado de la familia Ayol.

“Revertir la sentencia por temor a la crítica policial sentaría un precedente nefasto, especialmente en estos momentos donde queremos mejorar el accionar de la policía nacional”, añade Véjar.