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Misión de verificación de la situación actual de las víctimas de la empresa Furukawa

Frente a la vulneración de derechos humanos cometidos en contra de las y los campesinoas que trabajan en la empresa Furukawa, el Comité de Solidaridad con las víctimas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., conformado por la Coordinadora Nacional Campesina - CNC, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu); junto con miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica; y varias organizaciones campesinas y afroecuatorianas, realizaremos una misión de verificación de derechos humanos en el lugar donde viven las víctimas de la empresa, el día jueves 15 de agosto de 2019, a las 09:00. 

Reanudan búsqueda de Carolina Garzón sin presencia del Fiscal

La mañana de este lunes 22 de julio se realizó una búsqueda en las riveras del río Machángara por la desaparición de Carolina Garzón en abril 2012. La diligencia estuvo señalada a las 9h00, sin embargo comenzó una hora más tarde sin la presencia de Jorge Flores, fiscal del caso.

Comunicado Público: Es imperativo cierre de Iglesia Oasis de Esperanza, Confraternidad Evangélica nunca fue solidaria

Las organizaciones y personas que apoyamos la lucha para saber la verdad sobre la desaparición de Juliana Campoverde y lograr sanción a los responsables, nos pronunciamos ante la posición asumida por la Confraternidad Evangélica que cuestiona el cierre de la Iglesia Oasis de Esperanza, escenario en el cual se cristalizaron el acoso y agresión sistemática sobre Juliana Campoverde con lo siguiente:

La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

Juez Eduardo Pazmiño dispone visita in situ y pericia psicosocial en caso San Pablo de Amalí

Categoría: Actualidad Creado: Viernes, 08 Febrero 2019 15:38
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Hoy, viernes 8 de febrero se desarrolló en el complejo judicial del cantón Chillanes, provincia de Bolívar,  la audiencia de acción de protección para constatar la omisión del Estado en los procesos de regulación y control, a la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A. Esto debido a la tragedia que provocó la empresa al desviar el río Dulcepamba, lo cual destruyó 12 casas, cultivos y cobró la vida de 3 personas el 20 de marzo del 2015.

 

La acción de protección se presenta también contra  la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el Ministerio del Ambiente (MAE), la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), la Procuraduría General del Estado, la Secretaría Nacional de Riesgos (SNGR), el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chillanes. Por su nulo control a la empresa Hidrotambo S.A. 

 

El juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, instaló la audiencia a las 8:30 de la mañana, se presentaron los alegatos  de las organizaciones accionantes, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), centraron sus intervenciones en la responsabilidad empresarial que tiene Hidrotambo S.A. con los habitantes de San Pablo de Amalí, por el daño ambiental que han generado.

INREDH presentó un Amicus, donde se expone la responsabilidad del Estado por omisión, Amicus que fue recibido por el juez, sin embargo no se otorgó tiempo en la audiencia para su argumentación. Posteriormente Beatriz Villarreal se presentó en la fase de pruebas y testimonios, para exponer los daños psicosociales que produjo la empresa y el desbordamiento del río en los habitantes de San Pablo de Amalí.

Pazmiño determinó que se realicen  dos prueba adicionales, a las presentadas por los accionantes, una prueba psicológica aleatoria de 10 habitantes de la cuenca del río Dulcempamba, se otorgó 8 días para enviar el informe, Pazmiño también solicitó una visita in situ para constatar los daños generados por la empresa, acción que se llevará acabo este miércoles 13 de febrero en San Pablo de Amalí

Es por ello que la audiencia de protección, para constatar la omisión del Estado, queda suspendida hasta la presentación de las pericias solicitadas. El juez notificará la fecha de esta nueva audiencia.