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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.  

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

45 días tienen las carteras de Estado para dictar charlas de DD.HH en los CRS a nivel nacional

Categoría: Actualidad Creado: Lunes, 11 Febrero 2019 16:43
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Hoy, lunes 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia sobre los actos de tortura cometidos en el ex pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social CRS Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo del 2016. Las medidas de reparación  fueron acogidas a través de un habeas corpus presentado  ante  el juez Esteban Vélez Pesantez el 30 de junio del 2016.

La audiencia se instaló con la presencia de representantes del Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y el Servicio Nacional de Protección a Personas Privadas de Libertad y Menores Infractores.  El juez José Alejandro Peralta Parra otorgó la primera intervención a Defensoría Pública, representado por David Ayala quien solicitó información al Ministerio de Interior y al Servicio Nacional de Protección sobre el cumplimiento de las charlas sobre derechos humanos y trato a personas privadas de la libertad en todos los Centros de Rehabilitación Social a nivel nacional.

Los representantes del Ministerio del Interior y del ex ministerio de Justicia informaron que no pudieron dictar las charlas de derechos humanos en los Centros de Rehabilitación Social, que se tenía previsto impartir para para los internos y funcionarios. La razón: no la explicaron en la audiencia; mientras, que el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo presentaron un informe de cumplimiento de charlas y atención psicológica a los internos del Centro de Rehabilitación Social de Turi.

El delegado del Ministerio de Salud aseguró que el tratamiento psicológico era para las 300 víctimas de tortura y que solo 23 aceptaron, de ellas solo a 15 se les dio seguimiento y de los 8 restantes se desconoce la información.

Frente a ello, el juez solicitó que se proporcione información sobre los  8 internos que fueron trasladados a otros CRS y el estado de estas personas, si fueron parte del proceso de reparación integral y si recibieron tratamiento psicológico.

Tras escuchar a las partes, el juez José Alejandro Peralta Parra otorgó un plazo de 45 días para que la dos carteras de Estado presenten un informe del cumplimiento de las charlas de derechos humanos en los Centros de Rehabilitación Social. También por petición de Defensoría Pública, se pidió que se vincule a la Defensoría del Pueblo para que se ejecute y verifique el cumplimiento de estas medidas de reparación.

Para finalizar el Juez dictó que el informe a presentar por dichas carteras del Estado no requiere de una nueva audiencia de cumplimiento.

Para Pamela Chiriboga, parte del equipo de Inredh, el incumplimiento de estas medidas de reparación demuestran la falta de voluntad política y la no importancia que el sistema tiene frente a las personas privadas de la libertad.

"Recordamos, al Estado ecuatoriano que las personas privadas de la  libertad son un grupo de atención prioritaria y están bajo la protección del Estado -dijo Chiriboga-, ya que es el único responsable de su bienestar.  Además, cuando una persona comete un delito no pierde sus derechos humanos, sino solo el derecho a la movilidad".