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Audiencia de acción de protección por la vulneración a los derechos al Pueblo Shuar

El pueblo Shuar Arutam convoca a todo los medios de comunicación a la cobertura de la audiencia de acción de protección en favor del PSHA que se llevará a cabo el viernes, 22 de marzo de 2019, a las 14:00, en la Unidad Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, ubicada en las calles Juan León Mera y Veintimilla, de la ciudad de Quito.

Denuncian falta de judialización de casos de la Comisión de la Verdad e intento de cerrar fiscalías

Alrededor de 60 personas víctimas y familiares de graves violaciones de derechos humanos ocurridos desde el gobierno de León Febres Cordero hasta el expresidente Rafael Correa realizaron hoy, 14 de marzo de 2019, un plantón en los exteriores de la Fiscalía General del Estado para exigir la judialización de los 118 casos recogidos en el Informe de la Comisión Verdad publicado en el 2010.

Familiares y víctimas de graves violaciones de derechos humanos a nivel nacional llegan a Quito

El Comité de Víctimas y Familiares de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de los Derechos Humanos convoca a la sociedad y a los medios de comunicación al plantón “No más impunidad” que se realizará este jueves 14 de marzo del 2019, a las 9 de la mañana, en los exteriores de Fiscalía General del Estado, ubicada en la avenida Patria y 12 de Octubre.  

Pueblo Shuar Arutam presenta acción de protección contra empresa minera EXSA San Carlos – Panantza

El pueblo Shuar Arutam con el apoyo de la Fundación Tiam, el Centro de Derechos Humanos de la PUCE y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos (Inredh) presentaron el 8 de marzo del 2019, la acción de protección en contra de la implementación del proyecto minero San Carlos- Panantza; sin la realización de una consulta previa libre e informada irrespetando sus derechos colectivos.

Jueza dispone 15 días para incorporar peritaje en caso Juliana Campoverde

Hoy, 7 de marzo de 2019, la jueza de la Unidad Penal Yadira Proaño dio un plazo de 15 días a la Fiscalía para incluir el informe de peritaje de Criminalística solicitada por la defensa de Jonathan C. procesado por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, desaparecida el 7 de julio de 2012, en el sur de Quito.

La población de San Pablo de Amalí y el Río Dulcepamba exigen retornar a su armonía con la naturaleza.

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 28 Febrero 2019 10:03
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El desbordamiento del río Dulcepamba, ocurrido entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de febrero, era un acontecimiento venidero que la población de San Pablo de Amalí, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) habían puesto en conocimiento ante el Juez de la Unidad Multicompetente con sede en el cantón Chillanes, Dr. Eduardo Pazmiño,a través de la interposición de una acción de protección.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) se sumó a esta petición a través de un “amicus curae”, pues ya en marzo de 2005 se denunció como San Pablo de Amalí vivió una tragedia con el desbordamiento del río, al haber sido desviado de su cauce natural, provocando la muerte de tres personas y la destrucción de siete casas.

La acción de protección denunciaba cómo la construcción inconsulta de la Hidroeléctrica Hidrotambo y el desvío del cauce natural del río Dulcepamba genera un altísimo riesgo para la población, pues el nuevo cauce forzado lo enrumba directamente hacia el pueblo.

A tan solo tres días de que el juez Eduardo Pazmiño negara esta acción, y a tan solo horas de haber publicado esta negativa a acción de protección, el río Dulcepamba se desbordó nuevamente.

Es muy lamentable que, a pesar de que el juez constató la realidad que vive la población de San Pablo de Amalí, en su resolución asegure que no hay nexos entre el desvío del río a manos de Hidrotambo y las afectaciones a la población. La propia naturaleza se ha encargado de desmentir al juez y dar la razón a la comunidad de San Pablo de Amalí y a las organizaciones que la han acompañado durante los últimos años denunciando el riesgo en el que viven los pobladores.

Como ya se dijo, no es la primera vez que el río Dulcepamba exige retornar a su caudal natural; tampoco es la primera vez que las y los habitantes de la comunidad de San Pablo de Amalí exigen que se les garantice el derecho a llevar una vida digna y en armonía con la naturaleza, pues, a partir de la construcción de la HIDROTAMBO, en todas las temporadas de invierno se vive un ambiente de zozobra, temiendo que la naturaleza otra vez muestre su furia ante las modificaciones hechas por la construcción de la hidroeléctrica.

Por los hechos denunciados desde la construcción de la Hidrotambo y la violación múltiple a derechos constitucionales como al agua, a una vida digna y una vivienda, el juez debía aceptar la acción de protección y garantizar los derechos de la comunidad.

Desde la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh, exigimos a las autoridades pertinentes tomar las medidas necesarias con la finalidad de garantizar la vida de las y los pobladores de la Parroquia del Tambo y de la comunidad de San Pablo de Amalí; además, recordamos que los accionantes apelaron a la decisión del juez de instancia, por lo que esperamos que la justicia no permita que los hechos del pasado se repitan y se garantice los derechos de la comunidad.

Rechazamos la inoperancia de todas las autoridades estatales, que a pesar de conocer el enorme riesgo que ha representado y continúa representando el río Dulcepamba desviado, siguen sin brindar protección a la población de San Pablo de Amalí.

Como organismo de derechos humanos nos mantendremos vigilantes y reiteramos nuestro compromiso para con las y los defensores de derechos humanos de la tierra, el agua y la vida.