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Misión de verificación de la situación actual de las víctimas de la empresa Furukawa

Frente a la vulneración de derechos humanos cometidos en contra de las y los campesinoas que trabajan en la empresa Furukawa, el Comité de Solidaridad con las víctimas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., conformado por la Coordinadora Nacional Campesina - CNC, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu); junto con miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica; y varias organizaciones campesinas y afroecuatorianas, realizaremos una misión de verificación de derechos humanos en el lugar donde viven las víctimas de la empresa, el día jueves 15 de agosto de 2019, a las 09:00. 

Reanudan búsqueda de Carolina Garzón sin presencia del Fiscal

La mañana de este lunes 22 de julio se realizó una búsqueda en las riveras del río Machángara por la desaparición de Carolina Garzón en abril 2012. La diligencia estuvo señalada a las 9h00, sin embargo comenzó una hora más tarde sin la presencia de Jorge Flores, fiscal del caso.

Comunicado Público: Es imperativo cierre de Iglesia Oasis de Esperanza, Confraternidad Evangélica nunca fue solidaria

Las organizaciones y personas que apoyamos la lucha para saber la verdad sobre la desaparición de Juliana Campoverde y lograr sanción a los responsables, nos pronunciamos ante la posición asumida por la Confraternidad Evangélica que cuestiona el cierre de la Iglesia Oasis de Esperanza, escenario en el cual se cristalizaron el acoso y agresión sistemática sobre Juliana Campoverde con lo siguiente:

La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia por el delito de tortura cometido en contra de Ángelo Ayol

Categoría: Actualidad Creado: Lunes, 15 Abril 2019 15:26
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La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha conformada por los jueces Eduardo Ochoa Chiriboga, Xavier Barriga Bedoya y Carlos Figueroa Aguirre ratificó la sentencia venida en grado que, en primera instancia, condenó por el delito de tortura con una pena de 10 años a David A.; y a Freddy F. por el delito de tortura por omisión con una pena de 5 años.

La audiencia de apelación por el delito de tortura cometido en contra de Ángelo Ayol, ex estudiante del Colegio Mejía, menor de edad en ese entonces, que fue detenido ilegalmente y torturado mientras se desarrollaban protestas sociales en Quito, en 2014 se instaló hoy, 10 de abril del 2019, a las 08h30, en la Sala de Audiencias No. 8, de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.


Durante las casi cinco horas que duró la audiencia, la acusación particular, la Fiscalía, la parte demandada sostuvieron sus teorías del caso, explicando los argumentos de su respectiva apelación. En cuanto a la apelación de la defensa de la familia Ayol, consistía en que se otorgue disculpas públicas por parte de los dos procesados portando su uniforme en una audiencia pública y, la baja de los policías, como una sanción administrativa, dentro de las garantías de no repetición. Mientras, la defensa de la contraparte apeló a la nulidad del proceso como también a la falta de materialidad, la falta de credibilidad de la víctima y a la contradicción en sus versiones.

 

El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia, después de verificar todas las pruebas presentadas por ambas partes, decidió ratificar la sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha emitida el 25 de septiembre de 2018. Sin embargo, no dio lugar a la apelación, tanto de la familia Ayol como la de la contraparte.

 

Esto se da, después de que la familia de Ángelo Ayol, así como el subteniente de la Policía Nacional, David A., y el cabo segundo de la Policía Freddy F. apelaran la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, que condenó al subteniente, como autor directo del delito de tortura con una pena de 10 años de prisión y a cancelar 40 salarios básicos unificados como multa.; y a Freddy F. por el delito de omisión con una pena de 5 años, así como una multa de doce salarios básicos unificados del trabajador en general. Además, se ordenó que la familia Ayol Barros reciba acompañamiento psicológico permanente de parte del entonces Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Al finalizar la audiencia y tras conocer la resolución del Tribunal, la madre del joven, Alicia Barros, aseguró estar satisfecha con este resultado, ya que se logró hacer justicia después de cinco años de lucha. “Estamos agradecidos con la justicia por habernos dado la verdad y reparación que nosotros pedíamos, y por haber marcado un precedente en la lucha contra los maltratos de agentes policiales”, concluyó.

Para Pamela Chiriboga, asesora legal de la Fundación de Derechos Humanos, Inredh, se hizo justicia al lograr que el Tribunal de la Sala Penal confirme y ratifique la culpabilidad de los procesados. “Logramos probar que hubo un contexto de violencia cuando detienen a Ángelo, lo trasladan y cuando está en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC); y logramos también probar que ellos eran responsables de todos estos hechos”, afirmó la abogada.