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La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

El Tribunal de Garantías Penales escuchará los alegatos finales en caso Juliana Campoverde

Este miércoles, 17 de julio de 2019, a las 08:00, se reinstalará la audiencia pública de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, joven de 18 años desaparecida desde el 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Pronunciamiento ante la crisis del sistema penitenciario en el Ecuador

    Las organizaciones: Mujeres de Frente, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-Guayas), Fundación Regional de Asesoría en Derechos (INREDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU); Vivir Libre-Organización LGBTI y las personas abajo firmantes, de manera colectiva, nos pronunciamos frente a la crisis del Sistema Penitenciario en el Ecuador y el estado de excepción que el día martes 16 de julio cumple 60 días de vigencia.  

Cascomi presenta acción extraordinaria de protección a Corte Constitucional por minería en Tundayme

La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor - Mirador (Cascomi) presentó  ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección para que se analice los derechos que no fueron examinados por el Tribunal de segunda instancia, al momento de negar el recurso de apelación. Así lo informó hoy, 10 de julio de 2019, Michelle Erazo, una de las abogadas de la comunidad y coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

Corte Provincial de Pichincha tiene ocho días para emitir resolución sobre desalojos ocurridos en Tundayme

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 25 Abril 2019 14:31
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El juez del Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, Mario Guerrero, instaló, hoy 25 de abril de 2019, a las 8:30, la audiencia de apelación al fallo del juez de primera instancia que negó la acción de protección a la comunidad de Cascomi, argumentando que no existía vulneraciones de derecho constitucional alguno y que este tema debería ser ventilado en la vía ordinaria.

La audiencia que se instaló en la sala Nº 2 de la Corte Provincial de Pichincha, con la presencia de los abogados de las partes, miembros de la comunidad, Defensoría del Pueblo y público en general, duró aproximadamente dos horas, donde se escuchó los argumentos de ambas partes.

Una vez iniciada la audiencia, Michelle Erazo, abogada de la comunidad de Cascomi y asesora legal de Inredh, contextualizó la sentencia venida en grado del juez de la primera instancia y citó los argumentos que no tomó en cuenta para su resolución. “No se consideró que la acción de protección se presentó por el acto violatorio ocurrido en los desalojos ocurridos en 2015 y 2016 que ocasionaron violaciones a los derechos constitucionales”.

Argumento que su compañera de defensa, Francis Andrade, complementa con el hecho de que “sí existió una violación a los derechos humanos, especialmente al derecho a una vivienda digna, en el momento que se realizaron los tres desalojos de una manera violenta y forzosa; sin cumplir con los estándares internacionales antes, durante ni después de estos desalojos”.

Mientras tanto, la contra parte - Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y la empresa minera Ecuacorriente S.A. – pidió al Tribunal se ratifique la sentencia, ya que consideran que Cascomi no es una comunidad indígena en asentamiento ancestral y, por tanto, no es sujeto de derechos colectivos. Además, sostienen que se realizó una indemnización a los habitantes por los inconvenientes que pudieran causar las servidumbres mineras.  

Frente a esto, la abogada Erazo invitó al Tribunal a analizar detenidamente los hechos suscitados en los desalojos del 2015 y 2016. ¿De qué forma se notificó a los habitantes que serían desalojados?, ¿existía un plan de contingencia para reubicar a estas familias? Y si no fue un desalojo forzado, ¿por qué no nos explican cómo sucedió?, cuestiona Erazo durante su intervención.

“Nosotros estamos exigiendo que se respeten nuestros derechos y, sobre todo, una reparación integral por los daños que han causado en todo el territorio. Y sería gravísimo que el Estado niegue este derecho de la comunidad por intereses más del capital”, comentó Luis Sánchez, habitante de Cascomi.

Después de haber escuchado los argumentos de las dos partes, el juez de la Corte Provincial de Pichincha dio por terminada la audiencia. La sentencia será emitida en un máximo de 8 días.