Actividades Destacadas

Más artículos

La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

El Tribunal de Garantías Penales escuchará los alegatos finales en caso Juliana Campoverde

Este miércoles, 17 de julio de 2019, a las 08:00, se reinstalará la audiencia pública de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, joven de 18 años desaparecida desde el 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Pronunciamiento ante la crisis del sistema penitenciario en el Ecuador

    Las organizaciones: Mujeres de Frente, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-Guayas), Fundación Regional de Asesoría en Derechos (INREDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU); Vivir Libre-Organización LGBTI y las personas abajo firmantes, de manera colectiva, nos pronunciamos frente a la crisis del Sistema Penitenciario en el Ecuador y el estado de excepción que el día martes 16 de julio cumple 60 días de vigencia.  

Cascomi presenta acción extraordinaria de protección a Corte Constitucional por minería en Tundayme

La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor - Mirador (Cascomi) presentó  ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección para que se analice los derechos que no fueron examinados por el Tribunal de segunda instancia, al momento de negar el recurso de apelación. Así lo informó hoy, 10 de julio de 2019, Michelle Erazo, una de las abogadas de la comunidad y coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

San Pablo de Amalí presentó acción extraordinaria de protección ante Corte Constitucional

Categoría: Actualidad Creado: Viernes, 26 Abril 2019 11:16
Visto: 324

 Este jueves 25 de abril, Manuel Cornelio Trujillo, presidente de San Pablo de Amalí junto a la Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por la Sala Multicompetente de Bolívar con respecto a la acción de protección a favor de la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón Chillanes, provincia del Bolívar. 

La acción extraordinaria de protección, es una garantía constitucional contemplada en el artículo 94 de la Constitución, tiene por objeto es garantizar la supremacía constitucional y el respeto de derechos cuando han sido vulnerados a través de decisiones judiciales de última instancia.

Nathaly Yépez, abogada de Cedhu, dijo que se han vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva  y los derechos al debido proceso, concretamente su garantía de motivación. Alegan que “la sentencia de la Sala Multicompetente de Bolívar no motiva adecuadamente su decisión debido a que no explica las razones por las cuales concluye que el caso de San Pablo de Amalí no constituye una vulneración de derechos humanos”. 

Yépez, explica que existe un estándar de la Corte Constitucional llamado dimensión objetiva que permitiría el conocimiento del fondo del proceso y esta decisión implicaría declarar al juez de primera instancia, Eduardo Pazmiño, responsable por violar los derechos a la tutela judicial efectiva y los derechos a la vida, vida digna, ambiente sano y los derechos de la naturaleza.

Finalmente, la jurista señala que se pidió como medida de restitución que se ordene al Estado ecuatoriano arreglar el desvió del río, generar medidas de protección y las reparaciones materiales e inmateriales por la muerte de tres personas y la destrucción de doce casas en marzo de 2015.

Además, se espera que la Corte Constitucional admita la acción extraordinaria de protección y convoque a audiencia en el transcurso de los próximos meses.

Asimismo, el miércoles 24 de abril, representantes de 142 comunidades de la cuenca del río Dulcepamba llegaron a primeras horas a Quito para reunirse con Humberto Cholango, titular de la Secretaría Nacional del Agua-Senagua. En esta reunión, las y los comuneros exigieron a la autoridad se priorice el uso del agua para el consumo humano y riego para la soberanía alimentaria. Denunciaron que existen más de 14 mil agricultores que requieren del agua pero existe una adjudicación que confirió la Senagua a hidroeléctrica Hidrotambo S.A. por un total de 6500 litros por segundo.

Mariana Yumbuay, subsecretaria Nacional de Senagua, explicó: “todos sabemos que el agua no es de propiedad de ningún individuo, es del Estado, es un bien público y por eso es que quien quiere acceder al uso del agua tiene que hacer el trámite pertinente y la Senagua a través de sus distintas demarcaciones otorga las correspondientes autorizaciones”.

En horas de la tarde las y los representantes de las comunidades de Bolívar se trasladaron hacia el norte de Quito, donde se reunieron con el nuevo defensor del Pueblo, Freddy Carrión. El funcionario escuchó el testimonio de varias personas y se comprometió a hacer vigilancia al proceso.