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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Propuesta de Ley para casos de desapariciones fue presentada en la Asamblea Nacional

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 16 Mayo 2019 13:40
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Hoy, jueves, 16 de mayo del 2019, Alexandra Córdova, madre de David Romo; la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la asambleísta Lourdes Cuesta anunciaron mediante una rueda de prensa la presentación del Proyecto de Ley Orgánico para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas.

La rueda de prensa inició cerca de las 10:00 con la intervención de la asambleísta Lourdes Cuesta quien dijo que el proyecto de Ley nace de la experiencia y lamentablemente del dolor de los familiares de personas desaparecidas.

Proyecto de ley: aquí

También se refirió a que las prácticas delictivas como trata de personas, tráfico de órganos, entre otras, son las responsables del aumento de casos de personas desaparecidas, por lo cual el Proyecto de Ley busca actuar dentro de la etapa pre procesal, es decir, a partir de la denuncia de la desaparición.  Aseguró que las autoridades y funcionarios no saben qué hacer frente a una desaparición, ni tampoco existe un protocolo de búsqueda.

Por su parte, Pamela Chiriboga, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh),  dijo que el fenómeno de la desaparición es un problema  estructural porque falta una política interna sobre el manejo de casos de personas desaparecidas, no hay institucionalidad que permita una respuesta  ni existe especialización y capacitación a los funcionarios sobre los protocolos que se deben cumplir cuando se investiga un caso de desaparición.

Chiriboga hizo un recuentro de las falencias en las investigaciones como la rotación constante de agentes y fiscales investigadores,  diligencias que no son realizadas, estereotipos que recaen sobre la víctima y la familia al momento de la investigación, falta de información y contradicciones de las instituciones del Estado frente al número real de desapariciones en el país, entre otras. También precisó que han identificado  desapariciones forzadas dentro de centros de salud.

Néstor Salazar, delegado de Asfadec, señaló que este Proyecto de Ley busca reconocer a la desaparición como un fenómeno social grave, reconocer a las víctimas y a los familiares como personas humanas que necesitan un trato humanitario, entendiendo que el ser humano tiene derechos constitucionales y también derechos establecidos en tratados internacionales ratificados por el Ecuador. Salazar hizo especial énfasis en precisar que la inoperancia del Estado no les permite tener una investigación ágil y eficiente que permita judicializar los casos, más bien los deja en la impunidad.

“Ni el Ministerio de Salud, ni el Seguro Social IESS han dado una respuesta asertiva de cómo manejar el dolor de los familiares de personas desaparecidas, la respuesta de estas instituciones es el olvidar a sus familiares – dice Salazar-. Nuestra intención es darle al sistema de justicia una herramienta para la búsqueda e investigación de personas desaparecidas”.

 

Tras su intervención, Alexandra Córdova relató que justamente hoy 16 de mayo se cumple 6 años de la desaparición de Santiago David Romo Córdova y el Estado no ha respondido dónde está David, ni que fue lo que sucedió con él.

Alexandra recuerda que el 16 de mayo de 2013, a eso de las 220:00, tuvo la última llamada de 80 segundos con su hijo.  Para ella ese momento es vital para la investigación porque se pudo haber establecido  dónde estuvo David la noche en que lo desaparecieron.

Córdova  denunció que los agentes fiscales investigaron su caso a partir de suposiciones, de estereotipos, no se hizo una investigación responsable, diligente, peor aún humana.  “No se me permitió conocer ni participar en la investigación por orden de un experto investigador, el cual calificó al caso como reservado, esto vulneró los derechos de sus familiares a conocer la verdad”. 

Frente a esta inoperancia estatal, Córdova asegura que es fundamental hacer un cambio integral en el marco legal y en la estructura actual debido a que no se han construido hojas de ruta, líneas de investigación y protocolos para los casos de personas desaparecidas. Esto ha desencadenado que los funcionarios culpen por la desaparición a sus propios familiares  o utilicen estereotipos sobre los casos para justificarla.

Como respuesta a esto, Córdova señala que la propuesta de ley propone crear la Dirección Nacional de Personas Desaparecidas, institución que deberá depender administrativa y financieramente de la Fiscalía General del Estado. Esta Dirección en coordinación interinstitucional se deberá encargar de la investigación, de la prevención y el registro nacional de personas desaparecidas; de las bases de datos de NN y fosas comunes, de otorgar acompañamiento psicológico, y de contar con una veeduría ciudadana conformado por y para familiares de personas desaparecidas.

Para finalizar recordó que el Estado ecuatoriano es garante de precautelar la seguridad y vida de sus ciudadanos. Su inoperancia en los casos de desparecidos ha provocado un aumento del número de personas desaparecidas, exigió al Estado que este proyecto de ley se ponga en práctica para encontrar a las personas desaparecidas y evitar que desaparezcan más. “Un solo desaparecido debe ser problema para el Estado, no digamos 1500 más”.