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La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

El Tribunal de Garantías Penales escuchará los alegatos finales en caso Juliana Campoverde

Este miércoles, 17 de julio de 2019, a las 08:00, se reinstalará la audiencia pública de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, joven de 18 años desaparecida desde el 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Pronunciamiento ante la crisis del sistema penitenciario en el Ecuador

    Las organizaciones: Mujeres de Frente, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-Guayas), Fundación Regional de Asesoría en Derechos (INREDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU); Vivir Libre-Organización LGBTI y las personas abajo firmantes, de manera colectiva, nos pronunciamos frente a la crisis del Sistema Penitenciario en el Ecuador y el estado de excepción que el día martes 16 de julio cumple 60 días de vigencia.  

Cascomi presenta acción extraordinaria de protección a Corte Constitucional por minería en Tundayme

La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor - Mirador (Cascomi) presentó  ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección para que se analice los derechos que no fueron examinados por el Tribunal de segunda instancia, al momento de negar el recurso de apelación. Así lo informó hoy, 10 de julio de 2019, Michelle Erazo, una de las abogadas de la comunidad y coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

Corte Provincial de Pichincha niega apelación presentada por pastor  evangélico contra INREDH

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 02 Julio 2019 10:51
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El Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha conformado por los jueces Rita Bravo, Cenia Vera y Raúl Mariño resolvieron desechar el recurso de apelación presentado por el pastor evangélico Patricio C. en contra la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y el Comité de Lucha contra la Violencia Desapariciones y Feminicidios.

 

Esto luego de que el pasado 7 de noviembre del 2018, el pastor evangélico Patricio C. interpusiera una acción de protección contra Inredh y Covidefem por una supuesta violación a su derecho a la integridad física, psíquica y moral, vida libre de violencia, no discriminación, derecho a la manifestaciones religiosas y presunción de inocencia de su hijo Jonathan C. quien es procesado por la desaparición de la Joven Juliana Campoverde.

 

En primera instancia, la jueza Myriam Guamán, señaló que no se evidenció vulneración alguna como afirmaba el accionante, puesto que no se demostró que los comentarios emitidos en redes sociales, carteles pegados en las calles de Quito y frases pintadas en las paredes de la Iglesia, fueran de autoría de Inredh.

 

Patricio C. decidió apelar la decisión de la jueza Guamán, aduciendo que las pruebas contradicen a la sentencia, además señaló que la sentencia no se encuentra debidamente motivada.

 

El Tribunal resolvió desechar el recurso de apelación y confirmó la sentencia dictada por la jueza de primera instancia, Patricio C. argumentó en su apelación que la motivación del tribunal de primera instancia carece de fundamento.

 

Para Mónica Vera Puebla, asesora jurídica de Inredh, este dictamen, si bien es favorable en el presente caso, sin embargo demuestra que el estado ecuatoriano tiene una deuda pendiente de garantizar mediante mecanismos idóneos y efectivos el trabajo de defensores y defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza con la finalidad de evitar este tipo de hostigamientos.