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35 de 70 centros penitenciarios han recibidos charlas de DD.HH tras actos de tortura en Turi

De los 66 centros de Privación de libertad que existen en el país, solo en 35 se han impartido charlas sobre derechos humanos como medida de reparación emitidas por la sentencia de Habeas Corpus a favor de las personas privadas de la libertad, que fueron víctimas de tortura, tratos crueles e inhumanos ocurridos el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad Social “JC”, del Centro de Rehabilitación Social Turi-Cuenca.  Así lo conoció ayer, 4 de diciembre de 2019, el juez José Peralta Parra que instaló la tercera audiencia de verificación de cumplimiento de las siete medidas de reparación emitidas el 30 de junio de 2016.

Audiencia de cumplimiento de las medidas de reparación en caso Turi

El juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, José Peralta Parra, instalará este jueves, 4 de diciembre de 2019, a las 09:30, la audiencia de cumplimiento de las medidas de reperación emitidas en la sentencia del proceso de  hábeas corpus a favor de las personas privadas de la libertad del ex Pabellón de Mediana Seguridad JC, del Centro de Rehabilitación Social Turi.

Violencia de género en las protestas sociales de octubre

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh,  que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza desde hace 25 años, expresa su preocupación por la denuncia de acoso y agresiones sexuales a cuatro mujeres policías ocurrido durante el paro nacional que se desarrolló en el mes de octubre.

Corte Provincial de Imbabura suspendió audiencia sobre caso Mascarilla

Este jueves, 28 de noviembre de 2019, el tribunal de la Corte Provincial de Imbabura escuchó los argumentos de las partes implicadas en el caso Mascarilla, relacionado con el joven Andrés Padilla quien murió por un impacto de bala de dotación policial el pasado 23 de agosto de 2018.

Audiencia de apelación por caso Mascarilla se instala este jueves

La Corte Provincial de Imbabura convocó la audiencia de apelación por la muerte de Andrés Padilla ocurrida en el 23 agosto de 2018, en el sector de Mascarilla, provincia de Imbabura.

El Tribunal de Garantías Penales escuchará los alegatos finales en caso Juliana Campoverde

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 16 Julio 2019 09:52
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Este miércoles, 17 de julio de 2019, a las 08:00, se reinstalará la audiencia pública de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, joven de 18 años desaparecida desde el 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

La jueza ponente Sara Costales instalará la audiencia, en la sede del Complejo Judicial Norte, ubicado en la Av. Amazona y Villalengua, norte de la ciudad capitalina, para escuchar a los dos últimos testigos que serán trasladados con  la fuerza pública.

Los testigos Grace S. y Christian Ch. fueron llamados por la defensa de Jonathan C., pastor de jóvenes de la Iglesia Evangélica Oasis de Esperanza procesado por la desaparición y presunta muerte de Juliana, para que testifiquen dentro de la audiencia.

Tras los testimonios, el Tribunal de Garantías Penales preguntará si Jonathan C. rendirá su testimonio o se acogerá al derecho al silencio. Luego escucharán los alegatos finales la Fiscalía, acusación particular y defensa de Jonathan C.

Para la fiscal Mayra Soria, Juliana Campoverde con engaños abordó el vehículo del pastor evangélico Jonathan C. y sin contar con su voluntad fue trasladada a un motel con el propósito de obtener acceso carnal de la víctima. Más tarde en una discusión, Juliana muere y Jonathan C. se deshace del cuerpo en la quebrada Bellavista, nororiente de Quito; además en su alegato de inicio, dijo que estos hechos fueron planificados y ejecutados por una persona con autoridad, que era parte del círculo íntimo de Juliana.

Este 5 de septiembre de 2019, se cumple un año de la prisión preventiva de Jonathan C.

 

Contexto

Durante los cuatro días de audiencia, se evidenció que Jonathan C. creó el perfil falso de Juan Solano para manipular a Juliana; que utilizó la religión para controlarla y castigarla. Además, se presentó un peritaje psicológico que se realizó el 20 de noviembre de 2018, en la cárcel de Latacunga, en el que se expresó que Jonathan C. tiene rasgos narcisistas, obsesivo-compulsivos y que frente a una situación de crisis, el pastor tendería a actuar con impulsividad y luego a esconder sus actos. Adicionalmente, la perita explicó que en  su valoración el procesado se notó nervioso, resistente, con lenguaje concreto y que no ahondo en detalles.

También, mediante el análisis telefónico, se dijo que existen cuatro puntos en el que coinciden los celulares de Juliana y Jonathan C. el día sábado 7 de julio de 2012. El un punto está en la Mena 2, a las 08:48; segundo, en la Maldonado; a las 9:43; tercero, en El Recreo, 09:50 y 09:51; y cuarto en Santa Clara; 19:51. Ahí se evidencia que el chip de Movistar de Juliana fue ingresado al celular Claro de Jonathan C. a las 19:51.

Otro de los puntos mencionados en la audiencia fue que se verificó alteraciones en la tarjeta de ingreso y salida de Jonathan C. al Instituto de Meritocracia, lugar donde supuestamente trabajó el 7 de julio de 2012; de igual forma la defensa del pastor tampoco pudo sostener la versión de que Juliana visitó  a su cliente días después de su desaparición para solicitarle una computadora y emitir un mensaje en Facebook.

Asimismo, la versión de que Juliana murió producto de una caída fue cuestionada. El médico legal forense Luis Guaico Pazmiño, dijo en la audiencia que realizó un peritaje sobre el perfil de una persona de 1.65 m, 65 kilos de peso y de 16 años aproximadamente que tuvo una caída en una grada.

Señaló que existen cuatro tipos de caídas y que está se enmarcaría en una caída simple por perdida de equilibrio más acción de la gravedad lo cual podría haber ocasionado una equimosis, escoriaciones y  fracturas, pero no podría comprometerse la vida de la persona. Lo que le permitió concluir que la muerte de la víctima en este caso ocurrió antes de la caída.   

El delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte es sancionado con una condena de 22 a 26 años de prisión, así lo establece el artículo 161 en concordancia con el 162 numerales 1, 7 y el inciso final del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El pasado 7 de julio, se cumplieron 7 años de la desaparición de la joven.