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Misión de verificación de la situación actual de las víctimas de la empresa Furukawa

Frente a la vulneración de derechos humanos cometidos en contra de las y los campesinoas que trabajan en la empresa Furukawa, el Comité de Solidaridad con las víctimas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., conformado por la Coordinadora Nacional Campesina - CNC, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu); junto con miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica; y varias organizaciones campesinas y afroecuatorianas, realizaremos una misión de verificación de derechos humanos en el lugar donde viven las víctimas de la empresa, el día jueves 15 de agosto de 2019, a las 09:00. 

Reanudan búsqueda de Carolina Garzón sin presencia del Fiscal

La mañana de este lunes 22 de julio se realizó una búsqueda en las riveras del río Machángara por la desaparición de Carolina Garzón en abril 2012. La diligencia estuvo señalada a las 9h00, sin embargo comenzó una hora más tarde sin la presencia de Jorge Flores, fiscal del caso.

Comunicado Público: Es imperativo cierre de Iglesia Oasis de Esperanza, Confraternidad Evangélica nunca fue solidaria

Las organizaciones y personas que apoyamos la lucha para saber la verdad sobre la desaparición de Juliana Campoverde y lograr sanción a los responsables, nos pronunciamos ante la posición asumida por la Confraternidad Evangélica que cuestiona el cierre de la Iglesia Oasis de Esperanza, escenario en el cual se cristalizaron el acoso y agresión sistemática sobre Juliana Campoverde con lo siguiente:

La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 18 Julio 2019 12:13
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Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Frente a esta situación, la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), la Red Eclesial Pan amazónica-REPAM, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos y la Red Comunitaria Luchadores por el Agua denuncian públicamente el accionar de la empresa durante estos años.

Leer el comunicado aquí

Las organizaciones: Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador-Cascomi-, la Red Eclesial Pan amazónica-REPAM, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, y la Red Comunitaria Luchadores por el Agua, de manera colectiva, nos pronunciamos frente a la inauguración del Proyecto Minero Cóndor Mirador y el inicio de la explotación minera a gran escala en el Ecuador.

La instalación de este proyecto de extracción minera ha sido una pesadilla para las familias indígenas y campesinas que se han visto forzadas a abandonar sus tierras. Estos hechos han llamado la atención de autoridades de organismos internacionales de protección de Derechos Humanos, como la Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, gobiernos locales, instancias de rendición de cuentas estatales, medios de comunicación y organizaciones sociales.

 

La empresa manifiesta haber invertido 1.7 millones de dólares en programas de apoyo a comunidades locales; sin embargo, como lo demuestra la lucha de las comunidades existe una fuerte deuda social y ambiental que no puede ser saneada económicamente, sino con el reconocimiento de las afectaciones reales que ha producido este proyecto a los derechos humanos de la comunidad y la naturaleza.

La situación actual de varias comunidades es precaria ya que no tienen agua limpia ni acceso a fuentes hídricas (causa de sus problemas de salud) como es el caso de la comunidad Yanúa Kin cuyos cultivos, animales y viviendas fueron destruidos y contaminados debido a la tierra y sedimentos arrojados por la empresa a los ríos Wawayme, Tundayme y Kimi. Las personas que dependen del río Tundayme también presentaron problemas, debido al desvío del cauce del río.

Frente a esta situación, el Estado ha hecho caso omiso a la demanda constitucional planteada en contra de la empresa y el Estado por desalojos forzados en las 11 concesiones que sobrepasa la extensión permitida, conforme el Art. 4 del Mandato Minero un mismo titular no puede tener más de tres concesiones mineras.

Según el Ministerio de Minería, el tiempo de vida del proyecto es de 30 años, pero la Ley es clara al mencionar que la duración de una concesión minera es de máximo 25 años.

No debe existir actividad minera en áreas con alto valor ecológico. El Valle del Quimi, Tundayme, El Guismi y parte del Pangui (donde se desarrolla el proyecto Mirador) forman parte de la Cordillera del Cóndor, una reserva de biodiversidad de 150 Km2 de superficie, en la que existen 16 ecosistemas reguladores de los regímenes de agua para la región, además en el bosque protector se han registrado 227 fuentes de agua.

Además, ECSA ha logrado el desalojado violento de 32 familias (en total 116 personas entre las que se cuentan 52 niños y adolescentes, 12 personas de 65 años o más años, y 58 adultos) de la parroquia Tundayme y El Güismi.

  •   12 de mayo del 2014, un grupo de 50 policías con pasamontañas llegaron al antiguo barrio de San Marcos y destruyeron una escuela y la iglesia. El lugar donde estaba la iglesia, la escuela y otras infraestructuras de uso colectivo habían sido donadas por el dueño del terrero a la comunidad por lo tanto no eran de propiedad de ECSA.

  •  30 de septiembre de 2015, 16 familias de las zonas Vía Cóndor Mirador y San Marcos fueron desalojadas de sus tierras y de sus viviendas, y sus cultivos fueron destruidos y enterrados. El desalojo fue perpetrado por 135 policías durante horas de la madrugada.

  •  16 de diciembre 2015, sucedió en horas de la madrugada, entre las dos y las seis de la mañana, con presencia policial, funcionarios de la comisaría, fiscales, y nuevamente trabajadores de la empresa que ejecutaron los desalojos. La Policía hizo uso de la fuerza para evitar resistencias y facilitar que trabajadores de la empresa desarmaran las casas, que finalmente fueron destruidas por la maquinaria pesada.

  •   4 de febrero de 2016, desalojo forzado de la anciana Shuar Rosario Wari de más de 95 años, e intento de disfrazar el desalojo como intervención social,. La anciana manifestó reiteradamente su no voluntad de abandonar el territorio de sus ancestros, y tras el desalojo forzado sufrió una crisis emocional severa.

    Por estos hechos y frente a un sistema de justicia indolente la comunidad, el caso judicial presentado por la comunidad de CASCOMI se encuentra en la Corte Constitucional del Ecuador en espera de la resolución de la Acción Extraordinaria de Protección para exigir la reparación integral de sus derechos afectados.

    Sin duda, este espejo de la sociedad no quiere ser reflejado frente a la imagen de un proyecto estratégico y de prioridad nacional, el cual prefiere estimar cuantías y datos exuberantes para demostrar una responsabilidad social y ambiental carente desde un inicio; frente a una historia que solo refleja el interés económico de grupos de poder y de un Estado que inicia un proceso de industrialización de cobre a costa de los derechos humanos de la comunidad y de la naturaleza.

El modelo extractivista que se impone en el Ecuador, y en los demás países amazónicos es un sistema que solo mira al territorio como un capital, un espacio para la extracción de recursos, que además no generan beneficios para las poblaciones impactadas.

Hacemos eco de las voces de los pueblos indígenas y campesinos que viven en este territorio, donde han reproducido su cultura y su vida. Acompaños en su defensa, ante la amenaza de la minería a gran escala y las decisiones cómplices del gobierno a favor del lucro económico para pocos y en otros lugares del mundo.

Nos unimos a la resistencia a la comunidad CASCOMI, que denuncia estos atropellos. El modelo extractivista destruye, arrebata la vida presente y futura.