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Pronunciamiento de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos - Inredh

Frente a los hechos acontecidos entre el 3 al 12 de octubre de 2019 que mantuvo en vilo a la institucionalidad del país, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, manifiesta lo siguiente:

Independencia judicial y debido proceso en el Paro Nacional

 Exigimos Al Poder Judicial Actuar Con Independencia, Garantizar El Debido Proceso Y La Objetividad En Las Investigaciones Iniciadas En El Marco Del Paro Nacional En Ecuador Las organizaciones firmantes hemos condenado de manera enérgica y permanente varias violaciones sistemáticas y generalizadas que se han presentado desde el día 03 de octubre en el marco del Paro Nacional y del decreto de Estado de excepción.

Alianza por los derechos humanos en el paro nacional

Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.

Alerta de derechos humanos exigimos a la justicia resolver garantías constitucionales urgentes

11 de octubre de 2019 El 10 de octubre de 2019, la organización Idea Dignidad logró presentar una demanda de medidas cautelares urgentes de acuerdo con la Constitución. Esta fue recibida en la Unidad Judicial de Garantías penales con competencia en Infracciones Flagrantes con sede en la Parroquia de la Mariscal del Cantón Quito, a las 19h37.

Alerta: Falsos positivos promueven la xenofobia y no propician el diálogo

11 de octubre de 2019 Denunciamos la irregular detención de 19 personas ocurrida el 10 de octubre de 2019, 17 de ellos de nacionalidad venezolana, una cubana y una ecuatoriano, en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito.

Familiares de Andrés Padilla realizan plantón en la Plaza Grande

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 18 Septiembre 2019 07:40
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Familiares de Andrés Padilla y organizaciones sociales de personas afro ecuatorianas permanecieron ayer 17 de septiembre de 2019, en la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet para exigir justicia ante las irregularidades en el caso Mascarilla.

La jornada inició, alrededor de las 10:00, con la concentración de la familia Padilla Delgado, acompañada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Red de Jóvenes del Territorio Ancestral Chota, Salinas, La Concepción y Guallupe, quienes con carteles, fotografías y consignas pedían al Estado no más discriminación a la población afro ecuatoriana.

“La familia Padilla Delgado, nos sentimos vulnerados porque el gobierno le ha dado amparo a la familia del policía que cometió el crimen. Entonces nuestra familia siempre ha estado desprotegida, sola”, declaró Genoveva Padilla, hermana del joven asesinado en un enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional y un grupo de personas afrodescendientes, en el sector de Mascarilla, provincia de Imbabura.

 

Sin embargo, para Kimberly Minda, coordinadora de Proyectos de la Red de Jóvenes del Territorio Ancestral Chota, Salinas, La Concepción y Guallupe, este hecho no es el único, ya que según datos su organización: “En el territorio ancestral del Valle del Chota existen cuatro casos en los últimos 10 años, en los cuales miembros de la Policía Nacional han asesinado a personas afro ecuatorianas con características similares a Andrés y sin ninguna justificación legal”.

Esto se debe, según Minda, a un discurso discriminador hacia la población afro ecuatoriana, “nos llaman criminales, contrabandistas, pero ¿dónde están las pruebas de ello?, cuestiona.

En ese sentido, Luis Ángel Saavedra, director ejecutivo de Inredh, considera que el Estado ha realizado toda una estrategia política para generar una opinión pública en contra de una familia afro ecuatoriana. “Aquí vemos el poder del Estado para manipular la justicia, para elaborar un discurso y criminalizar a una familia; y eso ha hecho que se genere una percepción de la gente del Valle del Chota como gente violenta”.

 

Además, se expresó la preocupación de familiares y organizaciones sociales acerca del pedido de amnistía a favor del policía sentenciado. “Va a convertirse en una forma de apoyar la transgresión de la agente policial y eso abre la puerta para que la agresión policial se pueda extender a cualquier sector. El mensaje que se dará  es que si el policía se equivoca va a tener un Estado que le va a ayudar a salir de este impase”, expresa el director ejecutivo de Inredh.

Adicionalmente, hermana del joven asesinado, Genoveva Padilla, mencionó que la familia presentó una apelación en la Corte Provincial de Imbabura y exige que se dé una respuesta pronta.

Finalmente, las organizaciones sociales y de derechos humanos exhortan a la justicia ordinaria que se revea la condena al policía y se garantice las medidas de no repetición. “Esta es una oportunidad para que la justicia muestre que puede dictaminar medidas en donde los policías puedan aprender a usar el uso progresivo de la fuerza, capacitarse y elaborar un discurso de apoyo entre policía y comunidad", concluyó Saavedra.

El pasado el pasado 20 de junio de 2019, el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura declaró culpable al policía David V. por el delito de extralimitación de un servicio y lo  sentenció a 3 años y cuatro meses de prisión.