Llamado público a la Asamblea Nacional a respetar el derecho a administrar justicia indígena de autoridades de San Pedro de Cañar

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 29 Julio 2020 14:38
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En la mañana de hoy, 29 de julio de 2020, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la academia, organizaciones de derechos humanos y familiares de las autoridades indígenas criminalizadas de San Pedro de Cañar hicieron público su respaldo, mediante una rueda de prensa, al proceso de amnistía en favor de las 20 autoridades indígenas, que se resolverá mañana en el pleno de la Asamblea Nacional.

Esto, debido a que mañana a las 14:00, los 137 asambleístas nacionales continuarán con el tratamiento del informe favorables sobre la solicitud de amnistías, aprobado el 08 de julio por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado.

En el informe de 53 hojas se concluye que las autoridades indígenas y los miembros de la comunidad enfrentaron sistemáticas denuncias por el ejercicio del derecho colectivo y que su judicialización y criminalización en contra de líderes y miembros de la comunidad responden a una lógica de poder, caracterizada por elementos políticos, sociales y culturales en un contexto de descolonización y transición hacia la plena vigencia del Estado Plurinacional e intercultural, es decir, los delitos por los que se imputaron a las autoridades y miembros de la comunidad de San Pedro del Cañar son delitos conexos con hechos de naturaleza política.

En vista de la importancia del reconocimiento del pluralismo jurídico y de la concepción de un Estado plurinacional e intercultural, personas expertas en derechos humanos y en pluralismo jurídico, que se dieron cita en una rueda de prensa virtual, donde hicieron un llamado a las y los asambleístas para que la decisión que tomen sea consecuente al cumplimiento de la Constitución de la República y de esta manera se hagan efectivo los principios de interculturalidad y plurinacionalidad.

En la rueda de prensa virtual que inició a las 10:00 de hoy, Sergio Paucar, dirigente indígena y ex secretario del Consejo de Justicia Indígena mencionó: "hemos sido criminalizado por la justicia ordinaria. Por esos procesos legales, mis hijos se quedaron sin estudios. En ese proceso me pedían 30 mil dólares para demostrar la inocencia". Además, dijo que cuatro de las 20 autoridades indígenas se encuentran en prisión, lo que pone en riesgo su vida por la pandemia que vivimos.

Al respecto, Vivian Idrovo, de la Alianza de Derechos Humanos que integra 18 organizaciones del Ecuador, mostró su preocupación por la criminalización de las autoridades indígenas en un Estado plurinacional y calificó que la Asamblea Nacional tiene la oportunidad histórica para “garantizar los derechos humanos y, sobre todo, los derechos colectivos, constituyéndose en un mensaje contundente de que la justicia indígena es un derecho que se puede ejercer con igualdad”.

En cuanto a la academia, Fernando García, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), dijo: “estamos firmando una carta por parte de académicos intelectuales de Latinoamérica y el resto del mundo en apoyo al pedido de la amnistía para las 20 autoridades indígenas de San Pedro de Cañar”. Además, enfatizó que “los asambleístas deben ser consecuentes con la Constitución, no están haciendo un favor, se debe garantizar la Constitución. No aprobarlo sería un retroceso y no entendimiento de la justicia indígena”.

A esto, se sumó el llamado de la abogada del caso y asesora de Inredh, Luisa Villacís, que señaló: “con la amnistía se puede llegar a una reparación histórica para los pueblos y nacionalidades indígenas que históricamente han sido perseguidas por el sistema estructural. La Asamblea Nacional del Ecuador tiene la oportunidad de reparar”.

Finalmente, precisó que tanto organizaciones de derechos humanos, indígenas, la academia, familiares como comunidades pueblos y nacionalidades indígenas estarán vigilantes de lo que ocurra mañana y espera que la respuesta a este pedido permita la materialización de lo que significa ser realmente un Estado constitucional, plurinacional e intercultural.

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