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Desapariciones en hospitales públicos de Quito

Rosa Witt, Zoila Chimbo y Maribel Angulo decidieron internar a sus familiares en el Hospital Psiquiátrico Julio Endara y Eugenio Espejo, respectivamente, para aliviar el dolor de sus seres queridos. Sin embargo, los tres pacientes no se curaron, desaparecieron mientras estaban internados en estas casas de salud. Sus desapariciones se investigan en la Fiscalía e incluso un caso llevó al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este 24 y 25 noviembre se realizará la audiencia. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inreh)[1] y el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-Puce)[2] patrocinan el caso de Luis Eduardo Guachalá desaparecido desde el 17 de enero de 2004, cuando estaba internado en el Hospital Público Julio Endara. A continuación, los testimonios de tres familias que evidencian una problemática preocupante que se ha identificado en casas de salud públicas del Ecuador. *** Rosa Witt porta en sus manos la denuncia por desaparición de Fausto presentada en la Policía Judicial, 1990.  Fausto Witt tenía problemas de salud y ataques de epilepsia, pero por la falta de aportaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no fue atendido bajo su seguro médico. Su hermana Rosa Witt lo internó en el Hospital Julio Endara, en la parroquia de Conocoto. El 14 de octubre de 1999 informaron a Rosa que su hermano Fausto, de 36 años, había desaparecido.  Rosa lo buscó por el hospital, morgues y quebradas, pero no lo encontró. Cinco días después, el 19 de octubre de 1999, presentó la denuncia por la desaparición de Fausto, pero la Policía ni Fiscalía investigó, dice Rosa. “De 1999 a 2013 no hubo ningún proceso investigativo, solo en el 2009 en el centro histórico de Quito se encontró un cuerpo físicamente parecido a Fausto – comenta Rosa-, el antropólogo forense dijo que no se trataba de mi hermano después del cotejamiento”. El 13 de enero de 2013, el caso se reactivó con el apoyo de Walter Garzón[3], pero las investigaciones iniciaron de cero, explica Rosa. “Se realizaron barridos por el hospital, pero no hubo resultados. También existieron contradicciones en los testimonios de las enfermeras y doctores, así como incongruencias en las fechas de la supuesta alta que recibió Fausto – enfatiza Rosa-. Incluso Dimitri B., director del Hospital, en ese tiempo dijo que no recordaba nada”.    Rosa inició la investigación por cuenta propia y habló con el guardia de seguridad del hospital, quien relató que no había suficiente vigilancia y que solo la entrada del hospital tenía vigilancia, el resto no. Rosa recuerda que en su relato el guardia señaló que se ha registrado casos de violencia sexual en la casa de salud, pero no se ha investigado. “Haré un  reclamo internacional porque aquí no hay respuesta del Estado. Voy  a seguir has las últimas consecuencias porque alguien debe responder por la desaparición de mi hermano, es una vida y son 21 años sin que sepa nada. En mis días y noches, cada instante pienso en él”. Rosa Witt *** Zoila Chimbo dejó de trabajar como vendedora ambulante tras la pandemia, ahora realiza manualidades para navidad. Zoila Rosario Chimbo Jarro nació en la parroquia Rosario, cantón Gualaquiza, en la provincia de Morona Santiago, pero desde hace más de cuatro décadas vive en Quito.  Ahora, doña Zoila tiene 69 años de edad y sus últimos 16 años ha pasado buscando a su hijo Luis Eduardo Guachalá, de 23 años, desaparecido en enero de 2004 cuando fue internado en el mismo hospital donde desapareció Fausto, el Hospital Psiquiátrico Julio Endara, en la parroquia de Conocoto. Doña Zoila recuerda que su hijo sufría de epilepsia por lo que decidió internarlo. El 10 de enero de 2004, doña Zoila Chimbo llevó a su hijo Luis Eduardo al Hospital Julio Endara y fueron recibidos por el médico residente de turno y personal de enfermería, quienes lo llevaron hacia una cama para inyectarle algún tipo de sedante.   Doña Zoila, preguntó al doctor si era posible que visitara a su hijo al día siguiente y él le indicó que mejor regrese el lunes, 12 de enero, porque su hijo “iba a estar dormido el sábado y domingo”. El lunes, doña Zoila acudió al Hospital e ingresó al cuarto de su hijo, pero no lo encontró ahí, fue a la peluquería de esta casa de salud, tampoco lo halló. Según las versiones del personal del hospital, el jueves 15 de enero de 2004, Luis Eduardo había sufrido una “caída en el baño presentando herida que compromete la piel y tejido celular subcutáneo localizada en la región ciliar izquierda de aproximadamente 3 centímetros”, pero había sido estabilizado, por lo tanto la doctora informó a doña Zoila que había la posibilidad de visitar a su hijo. El domingo 18 de enero, doña Zoila acudió al Hospital para intentar ver a su hijo, pero no lo logró. El enfermero le dijo que Luis Eduardo se había escapado el día anterior.  Doña Zoila con su hija emprendieron la búsqueda y visitaron los lugares cercanos del hospital, pero no lo hallaron. El 21 de enero presentó la denuncia en la Policía Judicial por la desaparición de su hijo, pero no pasó nada ya que las investigaciones no iniciaron. Ante la falta de información, doña Zoila llamó al Hospital y ahí le dijeron: “señora no haga problema de gana, está haciendo una tormenta en un vaso de agua, que mejor esté feliz porque su hijo se había desaparecido, vaya a cuidar a sus otros hijos”.    “Lo que quiero es saber la verdad, así va a pasar a muchas personas, como yo, como mi familia sufriendo, entonces yo no quiero que pase esto a otras personas, quiero que me devuelvan a mi hijo, aunque sea en una funda, más que sea un pedazo, pero que sea de mi hijo, yo quiero verle a mi hijo, para los días que me quedan”.  Zoila Chimbo *** Maribel Angulo abrió un restaurante tras la desaparición de Álvaro. Ahí difunde no solo el afiche de su hijo, sino el de otras personas desaparecidas. Álvaro Nazareno es uno de los cinco hijos de Maribel Angulo. Le gustaba bailar y trabajar, pero en julio de 2007, los doctores le diagnosticaron VIH. Su salud decayó, pero pronto se reanimó y retomó su trabajo, mientras seguía los controles médicos. El 13 de marzo de 2014, Álvaro de 27 años es trasladado a Quito porque su salud empeoró, pero en el Hospital Eugenio Espejo no lo admiten, le recetan unos medicamentos y lo envían a casa, pero la situación empeora. Álvaro convulsiona, los medicamentos no lo hicieron efecto. Es la madrugada del 14 de marzo de 2011, en la ciudad de Quito y Álvaro es llevado al Hospital Público Eugenio Espejo.  A las 10:00 es ingresado por emergencia, pero no hay camillas y lo sientan  en una silla con un suero. Le toman una muestra de sangre y la enfermera envía a Maribel Angulo, madre de Álvaro, al laboratorio a dejar la muestra. El recorrido duró entre 10 a 15 minutos, Maribel vuelve y su hijo no está. La enfermera le pregunta a Maribel si vio a Álvaro,  ella le contesta que no. “Nos quedamos buscándolo hasta las 20:00 en el hospital y sus alrededores –dice  Maribel -, pero no lo encontramos”. Tras no encontrar a su hijo, Maribel acude a la Policía Judicial e intenta presentar la denuncia, pero no la receptan. El policía de turno, le dice que debe esperar 48 horas, pero Maribel no esperó, empezó la búsqueda junto a su familia. Sacaron copias del rostro de Álvaro y lo pegaron por los alrededores del hospital, terminales y otras casas de salud, pero no obtuvieron respuestas. Decidieron viajar a otras ciudades como Esmeraldas, Babahoyo y comenzaron a contratar a personas para que coloquen los afiches de Álvaro en postes y paredes, pero tampoco funcionó, nadie llamó para dar información. Maribel asegura que su hijo no salió del hospital, “él no podía levantarse por sí solo, pues cuando fue ingresado a emergencia estaba apoyado de mí y su hermano, algo le pasó en el hospital”.   “El dolor que siento ante la desaparición de mi hijo es insuperable, este dolor es solo comparable con mi impulso de exigir tu búsqueda, que me devuelva el hospital, que me devuelva el Estado a mi hijo”. Maribel Angulo. *** Actualmente, los tres casos se encuentran en investigación previa en la Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado que fue creada en el 2013 para dar respuesta a esta problemática social. Sin embargo, los familiares de personas desaparecidas denuncian que existen constantes cambios de fiscales y agentes policiales lo cual afecta a las investigaciones. A esto se suma la falta de capacitación y sensibilización de las y los funcionarios públicos. Rosa recuerda que la Policía realizó un barrido para buscar a Fausto, pero lo hicieron sin personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) ni otras unidades, solo estuvo la Fiscalía y personal de la Defensoría del Pueblo (DPE). Ahora las investigaciones se encuentran paralizadas por la pandemia. Situación similar vive, doña Zoila al buscar a su hijo. La Fiscalía realizó la reconstrucción de los hechos 13 años después de la desaparición de Luis Eduardo y la diligencia no arrojó resultados.   Sin respuestas en Ecuador, doña Zoila junto a la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  el 1 de marzo de 2007.  Luego, de 16 años el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y este 25 y 26 de noviembre de 2020, el Estado ecuatoriano será juzgado por primera vez por la desaparición de una persona en una casa de salud. La audiencia se transmitirá en vivo por las redes sociales de la Corte. También, es necesario recalcar que en la audiencia de fondo de este caso,  la representante del Ministerio de Salud informó a los comisionados que Luis Eduardo, presuntamente se fugó. Esta respuesta generó cuestionamientos en los comisionados. El argumento de que “se fue solo, se fugó o abandonó el hospital” también lo ha escuchado Maribel. Ella  asegura, que el Estado en la audiencia de habeas corpus a favor de Álvaro, dijo que él se fue del hospital, pero Maribel siente que no es así. Por eso, ha solicitado asiduamente que se haga un allanamiento al hospital. Hasta el  momento no tiene respuesta. Mientras, el Estado no les da una respuesta concreta y certera, Rosa, Zoila y Maribel continúan buscando a sus seres queridos. Ellas no pierden la esperanza de encontrarlos. [1] Es una organización reconocida a nivel nacional e internacional por su capacidad de incidencia en el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos  y de la naturaleza en el Ecuador, para, junto a personas, colectivos, pueblos y nacionalidades, consolidar el Estado Constitucional de Derechos y Justicia. [2] Unidad académica adscrita a la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE dedicada a la investigación, promoción, difusión, enseñanza clínica, y litigio en DD.HH. [3] Padre de Carolina Garzón, desaparecida el 28 de abril de 2012 en la ciudad de Quito, que realizó cada lunes un plantón durante más de dos años, en la Plaza Grande, para exigir verdad y justicia para su hija y las miles de personas desaparecidas en el Ecuador.   

Testimonios de escritores en el Guayaquil de la pandemia

"Ataúd en llamas: testimonios de escritores en el Guayaquil de la pandemia"   es el nuevo título de la escritora y periodista quiteña, Gabriela Ruiz Agila, que relata las vivencias y reflexiones de escritores y poetas nacidos o radicados en la ciudad puerto durante los días más duros de la crisis sanitaria por covid-19.

La Hidroeléctrica Hidrotambo no podrá disponer del caudal del Río Dulcepamba en épocas de estiaje

El Ministerio del Ambiente y Agua dentro del recurso extraordinario de revisión Nro. 2018-008 rechazó la solicitud de aclaración y ampliación a la resolución del recurso, presentada por la compañía Hidrotambo que opera la Central Hidroeléctrica San José del Tambo, ubicada en el cantón Chillanes, provincia Bolívar. Además, advierte a los abogados de la compañía “que no abusen del derecho, y cesen en la presentación de incidentes tendientes a dilatar la ejecución de todo lo que ha dispuesto la autoridad administrativa”.

Zoila Chimbo, madre de joven desaparecido, denuncia atención irregular en centro de salud público a una semana de audiencia ante Corte Interamericana

Zoila Rosario Chimbo Jarro, de 69 años de edad, madre de Luis Eduardo Guachalá quien fue reportado como desaparecido hace 16 años, ha recibido una atención irregular por parte del personal del Sistema de Salud Público del Ecuador. La última de estas acciones se suscitó este miércoles, 18 de noviembre de 2020, en el Centro de Salud Público Jaime Roldós Aguilera, ubicado en la parroquia El Condado, en la ciudad de Quito. En esta última ocasión, el doctor Carlos Q. le dijo: “tiene diabetes y se iba a morir”, doña Zoila evitó responder al doctor y mejor le solicitó que le recete los medicamentos necesarios. Esto sucede una semana previa a la audiencia por el caso Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que se realizará el 25 y 26 de noviembre de 2020.

Audiencia evaluatoria de juicio contra familiares de Andrés Padilla

El juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Ibarra, Francisco Heriberto Chacón Pinto, instalará este viernes, 20 de noviembre de 2020, a las 10:00, la audiencia oral pública  evaluatoria y preparatoria de juicio  en contra de Roberto E. y Luis E., familiares de Andrés Padilla quien murió tras un impacto de bala de dotación policial ocurrida el 23 de agosto de 2018, en el sector de Mascarilla, en la provincia de Imbabura. 

Cinco años de la desaparición y muerte de Francisco Cajigas

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 17 Noviembre 2020 09:40
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Hoy se cumple cinco año de la desaparición de Francisco Cajigas Botina que fue visto por última vez la madrugada de 17 de noviembre de 2015, cuando fue detenido por miembros de la Policía Nacional, en la ciudad de Ibarra. Trece días después fue hallado sin vida cerca de la laguna de Yahuarcocha. Por estos hechos se abrieron dos investigaciones en la Fiscalía.

Francisco Javier Cajigas Botina nació el 11 de junio de 1982, en el Hospital de San Pedro, de la ciudad de Pasto - Colombia. Estudió la escuela y parte del colegio en su tierra natal donde jugó futbol, ​​hacía danza, trabajaba y viajaba. A los 18 años tuvo su primogénito y luego una pequeña niña. Trabajaba con yeso y hacía cornisas. En el 2014 decidió cruzar la frontera e ingresar a Ecuador. Un amigo le dijo que era una tierra tranquila y que se podía trabajar. Francisco, de 30 años, vino al país junto a su pareja Angie Pinta y su hija, mientras que su familia materna se quedó en Pasto.

Su madre, doña Carmen Botina recuerda que el 16 de noviembre de 2015, llegó la última llamada telefónica de su hijo. “Me agradeció por ser una buena madre y me dijo, tú eres mi luz, mi sol, si algún día me llega a pasar algo, como tú dices hoy somos mañana no, tienes que ser fuerte, continuar con la vida, no te vas achicopalar, mi Carmonchita hermosa ”, señala doña Carmen. Ella comenta que su hijo Francisco le contó que tenía previsto empezar un trabajo en Ipiales, en diciembre de ese mismo año y que así podría visitarla los fines de semana. Sin embargo, sus aviones fueron truncados.

La noche del 16 de noviembre de 2015, Francisco salió con Angie a una fiesta. Ella decidióse y Francisco se quedó hasta más tarde disfrutando. Esa fue la última vez que ella lo vio. Francisco desapareció. Según testimonios de los vecinos, el 17 de noviembre de 2015, Francisco estaba en estado etílico ya varios metros de llegar a su casa cuando fue interceptado por tres policías, entre las calles Flores y Salinas, en el centro de la ciudad de Ibarra, en el norte del país. Lo acusaron de romper un espejo retrovisor de un vehículo, él forcejeó con los tres agentes de la Policía hasta que llegó una patrulla con otros dos oficiales.Angie buscó a Francisco, de 33 años, en el Hospital de la Policía Judicial, en la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas (Dinased) y en la Corte Provincial Penal, pero no tuvo ninguna respuesta o ayuda efectiva. Decidió presentar la denuncia por desaparición de Francisco.

La investigación demostrada que fue detenido por los policías José S., Miguel E., Edwin P., Jaime A. y Juan Carlos T., quienes lo llevaron a la Unidad de Flagrancia, ahí la fiscal encargada de Ibarra mencionó que no ameritaba la detención de Francisco y, por lo tanto, dispuso su libertad. Tras ello, se conoce que los policías le preguntaron su dirección de domicilio, lo montaron a su vehículo y supuestamente lo dejaron afuera de la Discoteca Aqua, por la laguna de Yahuarcocha. Siete días después, el cuerpo de Francisco fue localizado sin vida en la pista Las Garzas de Yahuarcocha. Se lo encontró en estado enfisematosa de putrefacción, es decir, que había pasado de 3 a 5 días desde su muerte.Los resultados de la autopsia y el examen médico legal del Centro de Investigaciones de Ciencias Forenses de Esmeraldas determinaron que el cuerpo tenía hematomas, equimosis y escoriaciones por fricción. La causa de muerte de Francisco fue un traumatismo en el cráneo realizado con un objeto contundente que le generó una fractura occipital. 

Francisco Cajigas Botina. Archivo familiar 

El 12 de diciembre de ese año, el cuerpo de Francisco fue entregado a sus familiares embalado completamente, sin posibilidad de abrirlo. Cuando la familia quiso ver el cuerpo, el médico legista encargado Ángel N. y el disector Leónidas F. se negaron rotundamente. El argumento fue que estaba empacado de tal manera que no lo podría abrir al ser un riesgo psicológico y biológico, recuerda Esmeralda Enríquez, cuñada del joven. La familia no abrió el empaque y enterró a su ser querido en el cementerio Jardines de Cristo Rey, en la ciudad de Pasto; aunque las condiciones de su muerte les generaban dudas.

Cinco meses después, el 20 de mayo de 2016, el fiscal del caso en ese entonces, Jefferson Ibarra, por pedido de la familia y con asistencia internacional de Colombia, realizó la exhumación del cuerpo para determinar o ratificar las causas de muerte de Francisco, pero tanto las autoridades ecuatorianas como colombianas se llevaron una sorpresa: el cuerpo del joven estaba sin cabeza. Fiscalía comenzó la búsqueda del cráneo y la localizó junto a la clavícula de Francisco en una gaveta del Centro de Investigaciones Forense de la provincia costera. El cráneo fue desprendido del cuerpo y sometido a un lavado químico.

En aquel entonces, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga aseguró que el cráneo de Francisco Cajigas fue sometido a un procedimiento químico “que no es común en las prácticas de los Centros Forenses” y que por esta razón, los peritos que investigan la identidad de un cráneo hallado en el Centro Forense de Esmeraldas recomendaron que no se tomen muestras de los huesos ni se realicen el análisis de ADN, “ya ​​que podrían arrojar valores alterados”. Pero las pericias se hicieron en Colombia y Ecuador, dos años después, el 27 de abril de 2018, la familia Cajigas Botina pudo enterrar completamente el cuerpo de Francisco, pero aún les quedan preguntas ¿Qué le pasó exactamente a Francisco antes de morir? ¿Por qué lo desaparecieron y luego lo mataron? ¿Por qué ocultaron la cabeza?¿Quiénes están implicados?

Según la Fiscalía General del Estado, al momento hay dos investigaciones abiertas: una, por el presunto delito de alteración de evidencia y elementos de prueba contra tres funcionarios públicos; y dos, por presunta desaparición forzada de Francisco en contra de cinco policías.  

El juicio por alteración de evidencia

 “La persona o la o el servidor público, que altere o destruya vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba para la investigación de una infracción, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años”, así lo establece el artículo 292 del COIP. Por este delito están siendo procesados ​​Ángel N., médico forense, y sus dos auxiliares Sergio R. y Leónidas F., que participaron en la autopsia y embalaje del cuerpo de Francisco. El 7 de junio de 2017 inicia el proceso por este delito.

El 12 de octubre de 2018, en la ciudad de Esmeraldas arrancó el juicio contra los tres funcionarios. Se escuchó a peritos, médicos, familiares y procesados. Ángel N., médico legal, qué realizó la autopsia al cuerpo de Francisco junto a la médica Sandra Andrade, un odontólogo y antropólogo forense y 15 miembros de criminalística de la Policía Nacional, dijo en la audiencia pública que el cuerpo de Francisco estaba en avanzada descomposición y que se encuentran casi desarticulado de la columna cervical por lo que ordenó “al disector que termine de desarticular el cráneo, una vez desarticulado el cráneo se procedió a la limpieza, es decir quitarle los cabellos, piel y músculos para proceder a un examen minucioso ”.

Por su parte, la médica de la Policía Nacional, Sandra Andrade, dijo que durante la autopsia el cuerpo de Francisco, “se encontró con la cabeza, tórax, abdomen y extremidades articuladas. Precisó que la cabeza, "si se pegada al cuerpo" y que éste "quedo completo", aclarando que le desarticularon la cabeza por maniobras de la autopsia médico legal para observar con mayor claridad la fractura que presentaba el cráneo, que quedó bajo custodia del Centro.

El antropólogo Miguel Ángel Rojas que también fue citado en la audiencia como perito, enfatizó que pudo “constatar que el cuerpo se encontró en la mesa completa en todas sus partes y en descomposición. Si se buscan articulada la cabeza ”, Además, agregó“ de mi experiencia como antropólogo las razones por las cuales podrían desprender el cráneo, razones meramente científicas, pero en este caso el estudio antropológico no necesita, pues estaba integro el cráneo, no hay razón científica para desprender el cráneo de las vértebras cervicales ”, concluyó el profesional.

Para la familia Cajigas Botina, las causas de la desarticulación de la cabeza del cuerpo aún está en dudas, mientras tanto, el médico legal Ángel N. aseguró en la audiencia que tras realizar la autopsia era responsabilidad de los disectores, ayudante del departamento, embalar el cuerpo. Sergio R., dijo al Tribunal de Garantías Penales, que él lavó y formolizó los restos de Francisco, pero aclaró que su cuerpo no estaba completo. Enfatizó a los magistrados que por órdenes del doctor Ángel guardó la cabeza y clavícula de Francisco en una gaveta del refrigerador para exámenes de ADN. “La gaveta no registraba una rotulación porque eso era responsabilidad de quién tenía la cadena de custodia, es decir, bajo la responsabilidad del médico legal”, explicado.

Sergio R. aseguró que en sus 30 años de experiencia ha lavado los cuerpos con agua de llaves, fría, caliente oa presión. Así lo hizo también con el cráneo de Francisco. No obstante, no fue solo agua. Según la perita toxicológica, Milagro Marcano Quintini, que realizó un tercer examen del cráneo, determinó que luego de hacer el análisis químico multi elemental se detectó la presencia de “cloro total en los fragmentos del hueso del cráneo”.

También el antropólogo Miguel Ángel Rojas dejó en duda el testimonio de Sergio R. Él funcionario público realizó la pericia sobre el cráneo encontrado en la gaveta y dijo:

El cráneo para fecha 30 de mayo del 2016 que yo lo recibí debió encontrarse primero con un olor pútrido con textura grasosa, con presencia de tejido en agujeros nasales y en órbitas del cráneo, sin embargo, el cráneo retirado de Esmeraldas el día 30, presentaba unas características diferentes, no emanaba olor pútrido, al tacto no existía textura grasos, no existían tejidos adheridos al mismo por lo que en el informe que emito a la Fiscalía determino porque el cráneo se presume fue sujeto de limpieza química y metálica (…) lo que quiero decir es que fue sometido a algún tipo de sustancia desengrasante líquida que eliminó toda característica de descomposición de los tejidos asociados al cráneo y cuando hablo de mecánica indica que fue manipulado por algún tipo de objeto que retira ese tejido, algún objeto que pueda limpiar manualmente el cráneo[1] .

Así las posibles evidencias que podrían haber existido en el cráneo de Francisco, principal anatómica para esclarecer las causas de muerte, han sido alteradas, pero antes de avanzar con la resolución de juez se hablará del tercer procesado en este caso.

Leónidas F., ingeniero en Sistema Informático, que trabaja como disector en el Centro de Investigaciones Forenses de Esmeraldas, fue el encargado de recibir y entregar el cuerpo a la familia Cajigas Botina. Él advirtió a la familia que no puede abrir el embalaje para ver a Francisco por el impacto que este podría ocasionar. Leónidas, dijo a los jueces que él no participó en el proceso de autopsia del cuerpo de Francisco, sino que el 15 de diciembre, cuando estaba embalado y en fundas de color negro y sin verificar que este completo el cuerpo, realizó la entrega del mismo a los familiares; pero está versión fue refutada por Sergio R., quien asegura que el embalaje del cuerpo lo realizó junto a Leónidas, “ya ​​que es imposible que una persona lo haga sola”. 

El 7 de noviembre del 2018, tras varios días de audiencia y luego de escuchar a las partes, el Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas presidido por el juez Juan José Chele Villamar ratificó la inocencia de los tres funcionarios públicos procesados ​​por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco. El argumento de los magistrados fue que el cráneo “no fue sustituido por otro” y que, en virtud de que “era el mismo cráneo”, no existió delito. El juez ponente, dijo que la Fiscalía no logró determinar la materialidad ni el nexo causal de responsabilidad con los procesados ​​y que los hechos simplemente pudieron construir una "omisión administrativa", lo cual no puede ser juzgado por ese Tribunal Penal.Esta resolución fue objetada por el fiscal del caso, Jefferson Ibarra, que dijo que los peritajes, así como los testimonios de los peritos y los procesados, y las pruebas documentales muestre la materialidad y responsabilidad del delito cometido por Ángel N. como autor directo, y Sergio R .; y Leónidas F, como cómplices.

Para Juan Pablo Albán, uno de los abogados del caso, los argumentos presentados por los procesados ​​acerca del extravío de la cabeza y del lavado, son discutibles. Él asegura que desde una mirada técnica científica se comprobó que no hacía falta separar anatómica la cabeza del cuerpo y que no hay explicación razonable para que el cráneo haya sido sometido al lavado de producto químico. El jurista considera que está práctica se hizo “justamente para borrar las líneas de la fractura a nivel craneal, es decir, borrar la evidencia de que se había producido fisuras en el nivel del cráneo compatibles con la muerte violenta de Francisco”.

Ahora este caso será analizado en segunda instancia, esto siempre y cuando el Tribunal emita la sentencia escrita que lleva más de dos años en espera; pero no es el único proceso que se encuentra parado.

 ***

Actualmente, la desaparición y muerte de Francisco aún se encuentra en investigación previa en la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado en Quito. Para Andrés Ruiz Botina, hermano de Francisco, después de cinco años, la familia aún no tiene verdad ni justicia.

 “Nosotros los familiares de quién fue en vida Francisco, lo seguimos extrañando. Nos hace falta a cada uno de nosotros, es una ausencia muy dolorosa para sus hijos, su esposa y su madre principalmente. Ante los hechos que acabaron con la vida de Francisco solo ha crecido la frustración, la impotencia de no poder lograr una verdadera justicia y respuesta del Estado ecuatoriano ante un homicidio donde se ven involucrados cinco miembros de la Policía Nacional y funcionarios del Centro de Medicina Forense en la ciudad de Esmeraldas.

Nosotros siempre hemos tenido desconfianza de la falta de gestión y celeridad por parte de los encargados en el proceso, de la Fiscalía y de la policía en la cuidad de Ibarra, consideramos que hubo manipulación desde el principio de los hechos en aspectos importantes lo cual ha dificultado el acceso a justicia y reparación que el Estado debe a nuestra familia por la desaparición y la muerte violenta que sufrió nuestro familiar.

Son cinco años de espera, de incertidumbre, de lucha por saber la verdad y que los responsables paguen por sus actos. Creemos que lastimosamente por ser miembros del Estado y porque toda las responsabilidad está en ellos nos han retrasado los procesos, han manipulado para así seguir dando largas a unos hechos que son claros y quieren seguir evadiendo su responsabilidad de la muerte de Francisco, pero pese a ello, nosotros seguiremos exigiendo al Estado, a la Fiscalía y Policía que respondan por lo que le hicieron a Francisco ya nuestra familia. Los responsables deben ser sancionados y así evitar futuros atropellos y muertes por parte de policías que solo abusa del poder para actuar de manera indebida en muchos casos más ".

Familia de Francisco Cajigas Botina en Pasto - Colombia. 

La desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de una persona es una grave violación de derechos humanos. Además para la Corte Superior de Justicia de Lima [2] , la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial son delitos autónomos y de otra naturaleza por consecuencia ambos delitos deben ser objeto de la investigación y los autores de ambos ilícitos deben ser procesados ​​y sancionados . “El no investigar ambos delitos genera graves consecuencias en la investigación, en particular en esclarecimiento de los hechos y la identificación de los presuntos responsables y su grado de participación con relación a la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.(…) Cuando las autoridades no investigan todos los hechos criminales y / o no procesan a los responsables por la totalidad de los delitos cometidos, la doctrina ha considerado que se configura de facto la impunidad ”. (Comisión Internacional de Juristas, 2015)


 

* Este relato es una actualización del capítulo Justicia a cuentagotas del libro Liberalización de la violencia policial ¿Ejecuciones extrajudiciales en Ecuador 2014 - 2019? publicado en diciembre de 2019. 

 

[1] Versión del antropólogo Miguel Ángel Rojas citado en la audiencia pública de juzgamiento por el delito de alteración de evidencias del cráneo de Francisco Cajigas.

[2] Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Penal Especial, Sentencia de 8 de abril de 2008, Exp. 03-2003-1 ° SPE / CSJLI, proceso c. Julio Rolando Salazar y otros / Homicidio calificado, Secuestro agravado y desaparición forzada, párr. 135, pág. 111

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09. 09. 2019 Yuli Gaona
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27. 08. 2019 Yuli Gaona
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21. 08. 2019 Yuli Gaona
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13. 08. 2019 Yuli Gaona
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06. 08. 2019 Yuli Gaona
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