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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Caso Turi: Corte Provincial tiene 8 días para dicta sentencia

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 25 Octubre 2016 12:50
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Comunicación INREDH 

22/07/2016

Caso Turi: Corte Provincial tiene 8 días para dicta sentencia 

 

La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Azuay tiene ocho días para dictaminar si acepta o no la apelación a la sentencia emitida por el Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia que concedió el  hábeas corpus presentada a favor de los 13 internos del Pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social Turi.

 

El 31 de mayo del año en curso, un grupo de policías de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) ingresaron al Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Sur  del Turi para realizar un supuesto operativo de  requisa. Durante su intervención golpearon con toletes a los internos, los obligaron a desnudarse y les proporcionaron descargas eléctricas conforme la versión de los agredidos. Estos hechos retomados tratados hoy, 21 de julio de 2016, en la audiencia de apelación.

 

Tras cuatro horas de audiencia, la defensa de los ministerios de Justicia e Interior como los representantes legales de la Procuraduría General del Estado, el director de la cárcel y la Comandancia de la Policía solicitaron la nulidad del proceso. Su argumento: el juez Esteban Eugenio Vélez Pesantez que aceptó el hábeas corpus el pasado 30 de junio no era competente para conocer la causa.

 

Con este criterio discrepa la defensora pública Ana María Ordóñez, abogada de los internos, que señala que el hábeas corpus vela por el derecho a la libertad y a la integridad por eso cualquier juez constitucional de primera instancia puede conocer una garantía constitucional.

 

Además, David Renato Ayala, defensor de los internos, dijo que más allá de la competencia o no, el juez en una audiencia de hábeas corpus tiene la obligación de verificar los hechos y eso lo hizo el juez de primera instancia cuando vio los juegos de videos donde se registra la violencia contra las personas privadas de libertad.

 

Para Daniel Véjar, asesor jurídico de Inredh, todas las personas son titularles de derechos y  por lo tanto “no hay justificación alguna para que los miembros de UMO hayan procedido de tal manera contra los internos”. Indicó también que las garantías jurisdiccionales, por la importancia de los derechos que protegen, requieren de un proceso sencillo y efectivo, libre de formalidades innecesarias. Esto ante los argumentos de las carteras del Estado que no se habrían respetado la cadena de custodia sobre los videos presentados por los accionantes.

 

En la audiencia el abogado del Misterio del Interior señaló que en el operativo, la Policía respeto los principios básicos de uso excesivo de la fuerza como son la proporcionalidad, legalidad y necesidad. Sin embargo, Nathaly Yépez, asesora de Inredh, refutó este argumento: “el uso excesivo de la fuerza es el último recurso que se debe aplicar” no obstante, en este caso no ocurrió. Los internos se vieron afectados no solo en su integridad física sino psicológica y sexual.

 

Según la Constitución las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria al encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad al encontrarse bajo la custodia del Estado, quien se convierte en garante de todos sus derechos. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado lo que ocurre con ellos, señala Yépez.

 

Dato:

 

Referente a las disculpas públicas que el juez de primera instancia sentenció como medida de reparación para los internos, la defensa del Ministerio de Justicia e Interior señaló que eso sería un prejuicio enorme para la institución y “se lesionaría su imagen”.