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Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU emite informe con 44 recomendaciones a Ecuador

La Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas emitió hoy, 13 de septiembre de 2019, un informe con 3 conclusiones y 44 recomendaciones al Estado ecuatoriano sobre los derechos  vulnerados a los pueblos y nacionalidades indígenas del país.

Rueda de prensa y plantón:caso Mascarilla y rol del poder Ejecutivo

La familia Padilla Delgado con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Coordinadora de Proyectos de la Red de Jóvenes del Territorio Ancestral Chota, Salinas, La Concepción y Guallupe invitan a las y los periodistas a la rueda de prensa sobre las irregularidades en el caso Mascarilla, el uso progresivo de la fuerza y las declaraciones de la ministra de gobierno, María Paula Romo, emitidas durante las últimas semanas, en torno a legitimar el accionar de la Policía en actos violentos. 

Solicitud de archivo sobre investigación de naufragio “Jorge IV” queda sin efecto

La solicitud de archivo de la investigación sobre el naufragio del barco "Jorge IV" queda sin efecto. Así lo informó hoy, 11 de septiembre de 2019, María Urgilés, esposa de Luis Qujige, segundo maquinista del barco Jorge IV que desapareció en alta mar con 18 tripulatntes, el pasado 5 de junio de 2002.

Situación de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad se expondrá en la CIDH

Este 26 de septiembre de 2019, a las 09:15 (hora Ecuador), se desarrollará la audiencia temática sobre ‘Verdad, Justicia y Reparación en los Delitos de Lesa Humanidad en Ecuador’, durante el 173 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizará en el Salón Padilha Vidal, en Washington, D.C. – Estados Unidos.

Marcha por el Día Internacional de la Desaparición Forzada

Por Yuli Gaona* Familiares y amigos de personas desaparecidas, además de colectivos y organizaciones se concentraron este sábado 31 de agosto, en la pileta de la Universidad Central del Ecuador, en el centro-norte de Quito, para dirigirse hacia la Plaza Grande con el objetivo de exigir respuestas del Estado. Presentamos un fotorreportaje de los momentos más significativos de la marcha realizada en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada:

Caso Turi: Corte Provincial tiene 8 días para dicta sentencia

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 25 Octubre 2016 12:50
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Comunicación INREDH 

22/07/2016

Caso Turi: Corte Provincial tiene 8 días para dicta sentencia 

 

La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Azuay tiene ocho días para dictaminar si acepta o no la apelación a la sentencia emitida por el Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia que concedió el  hábeas corpus presentada a favor de los 13 internos del Pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social Turi.

 

El 31 de mayo del año en curso, un grupo de policías de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) ingresaron al Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Sur  del Turi para realizar un supuesto operativo de  requisa. Durante su intervención golpearon con toletes a los internos, los obligaron a desnudarse y les proporcionaron descargas eléctricas conforme la versión de los agredidos. Estos hechos retomados tratados hoy, 21 de julio de 2016, en la audiencia de apelación.

 

Tras cuatro horas de audiencia, la defensa de los ministerios de Justicia e Interior como los representantes legales de la Procuraduría General del Estado, el director de la cárcel y la Comandancia de la Policía solicitaron la nulidad del proceso. Su argumento: el juez Esteban Eugenio Vélez Pesantez que aceptó el hábeas corpus el pasado 30 de junio no era competente para conocer la causa.

 

Con este criterio discrepa la defensora pública Ana María Ordóñez, abogada de los internos, que señala que el hábeas corpus vela por el derecho a la libertad y a la integridad por eso cualquier juez constitucional de primera instancia puede conocer una garantía constitucional.

 

Además, David Renato Ayala, defensor de los internos, dijo que más allá de la competencia o no, el juez en una audiencia de hábeas corpus tiene la obligación de verificar los hechos y eso lo hizo el juez de primera instancia cuando vio los juegos de videos donde se registra la violencia contra las personas privadas de libertad.

 

Para Daniel Véjar, asesor jurídico de Inredh, todas las personas son titularles de derechos y  por lo tanto “no hay justificación alguna para que los miembros de UMO hayan procedido de tal manera contra los internos”. Indicó también que las garantías jurisdiccionales, por la importancia de los derechos que protegen, requieren de un proceso sencillo y efectivo, libre de formalidades innecesarias. Esto ante los argumentos de las carteras del Estado que no se habrían respetado la cadena de custodia sobre los videos presentados por los accionantes.

 

En la audiencia el abogado del Misterio del Interior señaló que en el operativo, la Policía respeto los principios básicos de uso excesivo de la fuerza como son la proporcionalidad, legalidad y necesidad. Sin embargo, Nathaly Yépez, asesora de Inredh, refutó este argumento: “el uso excesivo de la fuerza es el último recurso que se debe aplicar” no obstante, en este caso no ocurrió. Los internos se vieron afectados no solo en su integridad física sino psicológica y sexual.

 

Según la Constitución las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria al encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad al encontrarse bajo la custodia del Estado, quien se convierte en garante de todos sus derechos. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado lo que ocurre con ellos, señala Yépez.

 

Dato:

 

Referente a las disculpas públicas que el juez de primera instancia sentenció como medida de reparación para los internos, la defensa del Ministerio de Justicia e Interior señaló que eso sería un prejuicio enorme para la institución y “se lesionaría su imagen”.