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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Juez dictaminó peritaje a sistema de grabación que registró tratos inhumanos a internos de Turi

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 25 Octubre 2016 13:10
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Comunicación INREDH

06/09/2016

Juez dictaminó peritaje a sistema de grabación que registró  tratos inhumanos a internos  de Turi   

 

Tras cuatro horas de escuchar las intervenciones de los representantes de las diferentes carteras del Estado y la defensa de los 13 internos del Centro de Rehabilitación Social Turi, el juez de la Unidad de Penal Cuenca suspendió hoy, 5 de septiembre de 2016, la audiencia de hábeas corpus  a favor de los internos, víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO).

 

Esto debido a que la defensa del Ministerio del Interior y de 15 policías de UMO solicitó un peritaje informático al sistema de grabación de la CRS Turi con el fin de obtener las grabaciones completas de lo que ocurrió el 31 de mayo de 2016 donde los internos fueron golpeados, recibieron descargas eléctricas y gas lacrimógenas.

En la audiencia pública, Ana María Ordoñez y David Ayala, defensores públicos de Azuay que llevan la defensa técnica del caso reprodujeron dos videos que registran las agresiones que recibieron los internos del Turi.

 

Durante 7 minutos,  el juez, los 13 internos, los abogados del Estado y de la defensa, los 10 policías que custodiaban a los internos y el público presente observó en el video cómo los internos boca abajo fueron golpeados, pisados y obligados  a desnudarse para realizar sapitos y luego recibir golpes en sus partes íntimas y descargas eléctricas sobre sus cuerpos.

 

Además, en la audiencia se escuchó el testimonio de uno de los internos que afirmó: “cuando ingresaron los policías dijeron: -Este es un saludo del grupo UMO si se porta bien,  imagínense si se portan mal- Nos dijeron que si querían nos podían desaparecer, que no teníamos derechos”.

Para Óscar Zuñiga, abogado de los 15 policías, la ley faculta a sus clientes a hacer uso de la fuerza. “Ponerles boca abajo ¿es trato inhumano, denigrante? El reglamento de 2014 lo permite”. Al parecer Zúñiga no prestó atención a los videos que se pasaron en la audiencia y tampoco ha visto los videos que ya han sido difundidos en redes sociales ( http://bit.ly/2cfb9uQ y  https://vid.me/prisionero69), en ellos se observa claramente los tratos a los que fueron sometidos los internos de la cárcel de Turi, tratos que no son permitidos en ningún reglamento, al contrario, son tipificados como violaciones a los derechos humanos, tanto en la normativa nacional, como en los pactos y tratados internacionales que el Ecuador ha suscrito.

 

Para David Cordero Heredia, docente de la Pontificia Universidad Católica de Quito, quien presentó un amicus curiae en la audiencia, firmado por varios docentes universitarios y juristas,“las personas privadas de libertad al tener una condena solo se les priva del derecho de la libertad, no de todos los otros derechos que los asisten”.

 

Además, dijo que la requisa no puede justificar el accionar de la Policía que no hiso uso progresivo de la fuerza, pues no tenían ante sí ninguna resistencia ni actitud agresora o que pueda considerarse como peligrosa para los agentes policiales.

 

Con él coincide Nathaly Yépez, asesora legal de INREDH, que señala que los operativos son normales sino que los procedimientos son los inadecuados por que se vulneraron los derechos de los internos.  Enfatizó que las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria que al estar las 24 horas  y 7 días en las celdas están bajo la tutela del Estado y por ende el Estado es responsable de lo que sucede con ellos.

Frente a esto, la defensa del Ministerio del Interior, Centro de Rehabilitación Turi, y Ministerio de justicia informaron al juez que se han cumplido varias medidas de reparación a favor de los internos.

 

Uno, el traslado de las personas privadas de libertad a Guayaquil, Riobamba y Cotopaxi. Dos, las disculpas públicas por parte de la Policías a los internos en un diario local. Tres, se investiga en asuntos internos del Ministerio del Interior el accionar de los policías que participaron en el operativo.

Para la defensa de los internos, las medidas señaladas por los ministerios no son de reparación ya que sus defendidos fueron trasladados a centros lejanos a sus casas, tampoco las disculpas públicas han llegado a ellos ni se presentó el mencionado diario local en el que consta las disculpas.