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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.  

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Ministerios de Justicia e Interior deberán capacitar en materia de derechos humanos al personal de las cárceles

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 25 Octubre 2016 13:18
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Comunicación INREDH

29/09/2016

Ministerios de Justicia e Interior deberán capacitar en materia de derechos humanos al personal de las cárceles

 
 

El juez encargado de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, Carlos Guzmán Muñoz, ordenó que el próximo el 31  mayo de 2017 los ministerios de Justicia e Interior tienen la obligación de capacitar a los trabajadores de los Centros de Rehabilitación Social del país en materia de derechos humanos. 

 

Esto como una medida de reparación a los internos del Pabellón de Mediana Seguridad “JC” del Centro de Rehabilitación (CRS) Turi que fueron golpeados con toletes mientras estaban bocabajo en el piso, fueron pisados y  obligados a desnudarse mientras les proporcionaban descargas eléctricas sobres sus cuerpos, el pasado 31 de mayo del año en curso.

 

Por estos hechos, el juez aceptó el habeas corpus a favor de los 13 internos del CRS de Turi en la audiencia que se desarrolló ayer, 28 de septiembre de 2016,  en la ciudad de Cuenca.

 

La audiencia pública se instaló  a las 16:45 en el Complejo Judicial de Cuenca con la presencia de los 13 internos.  Ahí se presentó el informe de peritaje de los videos que registran los actos de tortura cometidos por los miembros de la  Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) contra los internos y se escuchó el testimonio del Coronel de la Policía a cargo del operativo.

 

En el informe, el perito concluyó que los videos expuestos en la audiencia no han sido adulterados ni modificados y que pertenecen al CRS Turi del día 31 de mayo de 8:00 – 12:00. Este informe fue solicitado por la defensa del Ministerio de Interior y Policía, en la audiencia del 5 de septiembre.

 

 Según el Coronel de la Policía, el operativo de requisa en la Pabellón “JC” se realizó porque el 17 de mayo una persona falleció en el pabellón de máxima seguridad  y había el riesgo de que otra sea asesinada en el Pabellón de mediana seguridad, lugar desde el cual salían las armas a máxima, aseguró. 

  

En el operativo de requisa, los internos lanzaban piedras de los baños y sus excrementos, dijo el coronel.

 

Para la defensa del Ministerio del Interior, los miembros de la Policía hicieron uso progresivo de la fuerza cumpliendo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Con este argumento discrepa, Carlos Muñoz, uno de los 13 internos, que señala: “Los policías nos masacraron, nos golpearon, la gente no podía ni pararse –dijo Muñoz- pero presentamos la denuncia, al principio éramos 200, pero por las represalias quedamos 13”.

 

Para la defensa del Ministerio Justicia, ellos están consientes de los sucedido en la cárcel Turi por esa razón presentaron la denuncia en Fiscalía donde se investiga este hecho, aseguró el abogado. Además, aseguró que se han tomados medidas de reparación como el traslado de los internos a otros centros.

  

Para Ana María Ordoñez y David Ayala, defensores públicos que llevan la defensa técnica del caso, las garantías constitucionales tiene un fin específico que es proteger los derechos constitucionales y no son suficientes las medidas adoptadas, es necesario que se declare la vulneración al derecho la integridad de los internos que están bajo la tutela del Estado que custodia a los internos durante las 24 horas 7 día de la semana.

 

Con ello, coincide Daniel Véjar, asesor  legal de Inredh, que enfatiza que si las medidas de reparación no satisfacen a las víctimas no se puede consentir como una reparación integral. “No desconozco las medidas realizadas por el Estado pero si las víctimas no se siente reparadas no es una reparación”.

 

Además,  durante el proceso la defensa de las diferentes carteras del Estado no han negados los hechos sino que lo han tratado de justificar. Incluso, las autoridades máximas han aceptado que los internos fueron víctimas de tortura. El pasado 21 de septiembre, las autoridades de los ministerios de Interior y Justicia en rueda de prensa informaron que se está investigando “los hechos que estarían vulnerando derechos, incluso una serie de torturas, podríamos decirlo así, golpes… que se produjeron a privadas de libertad presumiblemente por miembros de la Policía Nacional”, dijo el ministro del Interior José Serrano, en la cita con los medios de comunicación.

 

Por eso, es necesario que se declare la vulneración al derecho a la integridad establecido artículo 66, numeral 3 de la Constitución y reconocidos en instrumentos internacionales como en la  Convención 5 y en el artículo 6 y 7 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aseguró Véjar.  

 

Para David Cordero, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, no hubo uso progresivo de la fuerza en el operativo. “No hubo necesidad ni proporcionalidad por parte de la Policía. Los hechos cometidos son tortura porque según la interpretación que la CorteIDH, la tortura se da por la intención de causar daña a las personas y como lo demuestran los testimonios de los internos y los videos, ellos ya estaban neutralizados y el motín nunca fue probado y aún si se hubiera probado, la Policía no pudo actuar de esa manera”.

 

El operativo del 31 de mayo no contó con la presencia del Director del CRS Turi ni con el fiscal. Para César Zea, de la Asociación de derechos humanos de Azuay, la no presencia del fiscal en el operativo es suficiente para que sea ilegal.

 

En la audiencia, también participó con un amicus curiae los profesores y estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito. 

 

Tras cinco horas de escuchar a las partes, el magistrado dijo que queda claro que los internos estaban neutralizados pero a pesar de ellos fueron víctimas de golpes y tratos crueles, degradantes  e inhumanos. Por ello, dicto las siguientes medidas de reparación.

 

- Atención física y psicológica a todas las víctimas del 31 de mayo.

 

- Los policías del operativo no pueden ingresar a ningún CRS del país.

 

 - Ordenó el traslado a los internos a CRS que cumpla con las distinciones de mediana y  máxima seguridad.

 

 - Ordenó que las personas encargadas del operativo y  también a los ministerios de Interior y Justicia deben pedir disculpas. El borrador de las disculpas deben ser enviados al juez para su aprobación en el plazo de cinco días.

 

 - Ordenó que el 31 de mayo de 2017, los dos ministerios tendrán la obligación de capacitar en materia de derechos humanos a los funcionarios de los CRS del país.