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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Ministerio del Interior apela sentencia de hábeas corpus a favor de los internos del Turi

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 27 Octubre 2016 11:18
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Comunicación INREDH 

11/07/2016

Ministerio del Interior apela sentencia de hábeas corpus a favor de los internos del Turi

 
Persona privada de libertad. Foto: referencial 

 

Diego Torres Saldaña, coordinador General de Asesoría Jurídica y Delegado del Ministro del Interior,  y  Paúl Tobar Quezada,  director del Centro de Rehabilitación Social Turi, presentaron el recurso de apelación a la sentencia de hábeas corpus a favor de los 13 internos del Pabellón JC de Mediana Seguridad de la cárcel que fueron víctimas de malos tratos, crueles, denigrantes e inhumamos.

 

Hoy, 11 de julio de 2016, el juez Vélez Pesantez Esteban Eugenio aceptó el recurso de apelación de la sentencia. Al momento, se espera que una sala de la Corte provincial de Azuay avoque conocimiento de la causa y dicte fecha y hora para la audiencia de apelación.

 

En la sentencia, 30 de junio, el juez indicó que en los videos observados se verificó que personal de la Policía Nacional ingresó en el pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social Turi, e “indicaron a los privados de la libertad que salgan de sus celdas al patio, los agentes policiales ingresan a las celdas con golpes de puño y de toletes en sus espaldas, estando fuera de sus celdas reciben golpes, piden que se pongan boca abajo, les golpean en sus glúteos, piernas y espaldas, después de agredirlos en su integridad física, y ponerles corriente, les obligan a desnudarse y hacer sapitos en el pasillo del pabellón, les hacen poner en cuatro. Se observa la presencia de gases”.

 

Al constatar, la violación de los derechos de los internos, el juez  dio lugar la acción de hábeas corpus con varias medidas de reparación.

 

Uno, que en un período máximo de 30 días se proceda con el traslado de los privados de libertad a las cárceles cercanas a sus familiares. Dos, que dentro de los posteriores 5 días, la Policía Nacional emita disculpas públicas orales y escritas en un periódico de la ciudad. Tres, se debe abstenerse de realizar operativo alguno, mientras los privados de libertad accionantes se encuentren en la cárcel del Turi, y cuatro, para todo futuro operativo el Director del Centro de Rehabilitación Social de Turi deberá estrictamente conforme lo establecido en el Art. 106 del Reglamento Interno, que dispone la realización de operativos de requisa previa solicitud de intervención de la fuerza pública y de la Fiscalía.

 

El artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que: “La interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia, cuando el apelante fuere la persona o entidad accionada”, por tanto, pese a la apelación, es obligatorio la reubicación de las personas detenidas que fueron agredidas.