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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.  

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

90 dias de instruccion para investigar a la policia en caso Ayol

Categoría: Actualidad Creado: Viernes, 30 Diciembre 2016 21:51
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Comunicación INREDH

 

18/11/2016

90 días de instrucción para investigar a la policía en caso Ayol

 

 

El magistrado de la Unidad Judicial Penal de Pichincha, Giovanny Freire, acepta 90 días de instrucción para determinar elementos de convicción que permitan a Fiscalía llamar o no a juicio  a los dos policías que participaron la detención ilegal y tortura de Angelo Ayol, joven de 17 años que fue aprehendido el pasado 17 de septiembre de 2014, mientras se desarrollaban protestas sociales en los exteriores del Colegio Mejía.

 

La audiencia de formulación de cargos se instaló ayer, 17 de noviembre de 2016, a las 15:00 en la Unidad Judicial. Duro una hora. En la audiencia estuvieron presentes Angelo Ayol, sus padres, los abogados del caso  y siete miembros de la Policía Nacional que habían sido llamados, uno de ellos no asistió y en su representación fue su abogado.

La fiscal responsable de la investigación Marlyn Calderón formuló cargos en contra de Freddy F. y  David A., 2 de los 7 policías por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio público tipificado en el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“La fiscal formuló cargos en contra de dos de los llamados a la audiencia y bajo el delito de extralimitación de un acto en servicio y no bajo el delito de tortura como en un principio se lo había denunciado, además omitió el tipo penal de detención ilegal que se encontraba como segunda figura durante la investigación a parte del delito de tortura”, así dijo Ginna Pasquel, asesora legal de Inredh.

La Fiscal Marlyn Calderón  pidió como medidas cautelares para los dos procesados: la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante autoridad.

Para Harold Burbano, asesor jurídico de INREDH, este caso se trata claramente de un proceso de tortura y detención ilegal a un menor de edad, pero eso no fue tomado en cuenta por la fiscal quien consideró que se trataba de un delito menor en el que la Policía se sobrepasó en su ejercicio. Burbano también explicó que, el cambio del tipo penal implica una sanción mucho menor, es decir, que el delito de tortura tiene una pena privativa de libertad de 7 a 10 años, pero si es servidor público quien la ejecuta la pena puede llegar hasta 10 años, mientras que el de la extralimitación sigue las reglas de lesiones aumentadas en un tercio,  que para el presente caso significa privación de libertad menor a un año.

Además, el jurista dijo que todo este proceso está lleno falencias a causa del trabajo negligente de fiscalía y esto ha revictimizado a la familia y a la víctima.

Para la familia Ayol, la imputación de la Fiscal es indignante porque actúa en defensa de los policías cuando todos sabemos que ellos cometieron aun acto de tortura “para nosotros nos parece una burla por parte de la Fiscalía y esperamos que exista una verdadera independencia en la justicia”, dijo  Bolívar Ayol.

 

Durante la audiencia, familiares y amigos realizaron un plantón en los exteriores de la Unidad Judicial.