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Audiencia de acción de protección por la vulneración a los derechos al Pueblo Shuar

El pueblo Shuar Arutam convoca a todo los medios de comunicación a la cobertura de la audiencia de acción de protección en favor del PSHA que se llevará a cabo el viernes, 22 de marzo de 2019, a las 14:00, en la Unidad Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, ubicada en las calles Juan León Mera y Veintimilla, de la ciudad de Quito.

Denuncian falta de judialización de casos de la Comisión de la Verdad e intento de cerrar fiscalías

Alrededor de 60 personas víctimas y familiares de graves violaciones de derechos humanos ocurridos desde el gobierno de León Febres Cordero hasta el expresidente Rafael Correa realizaron hoy, 14 de marzo de 2019, un plantón en los exteriores de la Fiscalía General del Estado para exigir la judialización de los 118 casos recogidos en el Informe de la Comisión Verdad publicado en el 2010.

Familiares y víctimas de graves violaciones de derechos humanos a nivel nacional llegan a Quito

El Comité de Víctimas y Familiares de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de los Derechos Humanos convoca a la sociedad y a los medios de comunicación al plantón “No más impunidad” que se realizará este jueves 14 de marzo del 2019, a las 9 de la mañana, en los exteriores de Fiscalía General del Estado, ubicada en la avenida Patria y 12 de Octubre.  

Pueblo Shuar Arutam presenta acción de protección contra empresa minera EXSA San Carlos – Panantza

El pueblo Shuar Arutam con el apoyo de la Fundación Tiam, el Centro de Derechos Humanos de la PUCE y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos (Inredh) presentaron el 8 de marzo del 2019, la acción de protección en contra de la implementación del proyecto minero San Carlos- Panantza; sin la realización de una consulta previa libre e informada irrespetando sus derechos colectivos.

Jueza dispone 15 días para incorporar peritaje en caso Juliana Campoverde

Hoy, 7 de marzo de 2019, la jueza de la Unidad Penal Yadira Proaño dio un plazo de 15 días a la Fiscalía para incluir el informe de peritaje de Criminalística solicitada por la defensa de Jonathan C. procesado por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, desaparecida el 7 de julio de 2012, en el sur de Quito.

90 dias de instruccion para investigar a la policia en caso Ayol

Categoría: Actualidad Creado: Viernes, 30 Diciembre 2016 21:51
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Comunicación INREDH

 

18/11/2016

90 días de instrucción para investigar a la policía en caso Ayol

 

 

El magistrado de la Unidad Judicial Penal de Pichincha, Giovanny Freire, acepta 90 días de instrucción para determinar elementos de convicción que permitan a Fiscalía llamar o no a juicio  a los dos policías que participaron la detención ilegal y tortura de Angelo Ayol, joven de 17 años que fue aprehendido el pasado 17 de septiembre de 2014, mientras se desarrollaban protestas sociales en los exteriores del Colegio Mejía.

 

La audiencia de formulación de cargos se instaló ayer, 17 de noviembre de 2016, a las 15:00 en la Unidad Judicial. Duro una hora. En la audiencia estuvieron presentes Angelo Ayol, sus padres, los abogados del caso  y siete miembros de la Policía Nacional que habían sido llamados, uno de ellos no asistió y en su representación fue su abogado.

La fiscal responsable de la investigación Marlyn Calderón formuló cargos en contra de Freddy F. y  David A., 2 de los 7 policías por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio público tipificado en el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“La fiscal formuló cargos en contra de dos de los llamados a la audiencia y bajo el delito de extralimitación de un acto en servicio y no bajo el delito de tortura como en un principio se lo había denunciado, además omitió el tipo penal de detención ilegal que se encontraba como segunda figura durante la investigación a parte del delito de tortura”, así dijo Ginna Pasquel, asesora legal de Inredh.

La Fiscal Marlyn Calderón  pidió como medidas cautelares para los dos procesados: la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante autoridad.

Para Harold Burbano, asesor jurídico de INREDH, este caso se trata claramente de un proceso de tortura y detención ilegal a un menor de edad, pero eso no fue tomado en cuenta por la fiscal quien consideró que se trataba de un delito menor en el que la Policía se sobrepasó en su ejercicio. Burbano también explicó que, el cambio del tipo penal implica una sanción mucho menor, es decir, que el delito de tortura tiene una pena privativa de libertad de 7 a 10 años, pero si es servidor público quien la ejecuta la pena puede llegar hasta 10 años, mientras que el de la extralimitación sigue las reglas de lesiones aumentadas en un tercio,  que para el presente caso significa privación de libertad menor a un año.

Además, el jurista dijo que todo este proceso está lleno falencias a causa del trabajo negligente de fiscalía y esto ha revictimizado a la familia y a la víctima.

Para la familia Ayol, la imputación de la Fiscal es indignante porque actúa en defensa de los policías cuando todos sabemos que ellos cometieron aun acto de tortura “para nosotros nos parece una burla por parte de la Fiscalía y esperamos que exista una verdadera independencia en la justicia”, dijo  Bolívar Ayol.

 

Durante la audiencia, familiares y amigos realizaron un plantón en los exteriores de la Unidad Judicial.