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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Caso Turi: Juez emite nuevos plazos para que Ministerios de Estado cumplan con la sentencia

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 20 Abril 2017 15:03
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Comunicación INREDH

20/04/2017

Caso Turi: Juez emite nuevos plazos para que Ministerios de Estado cumplan con la sentencia

 

Foto: cortesía Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

 

 

Tras dos horas de audiencia de cumplimiento de la sentencia de hábeas corpus en el caso Turi, el juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, José Alejandro Peralta Parra, dictaminó hoy, 20 de abril de 2017, plazos de 30 a 60 días para que los ministerios de Justicia, Interior y  Salud cumplan con las medidas de reparación establecidas en la sentencia de hábeas corpus a favor de las personas privadas de libertad del Pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social Turi, que fueron víctimas de tortura el 31 de mayo del año anterior.

David Ayala, abogado de la Defensoría Pública y patrocinador de la acción constitucional, indicó que hay siete medidas de reparación que las carteras del Estado debían cumplir para resarcir los tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de los internos, sin embargo, hasta la fecha existe incumplimiento en varias medidas.

Una, son las disculpas públicas que debían emitir los policías que participaron en el operativo y dos, el tratamiento psicológico tanto a los accionantes como  los demás internos. Según Ayala, los internos no han recibido tratamiento psicológico, uno porque las carteras de Estado aplicaron esta medida solo para los accionantes del habeas corpus y no a todas las víctimas como se indicó en sentencia; y dos, porque algunas de las víctimas fueron trasladados a otros centros u obtuvieron su libertad.

Para dar cumplimiento a esto, el juez estableció que el Ministerio de Justicia debe presentar un listado de cuántos internos estaban el 31 de mayo en el pabellón de mediana seguridad JC; cuántos de los que fueron víctimas de los hechos se encuentran ahí todavía, y cuántos fueron trasladados a otras cárceles. Con esto, se espera que el Ministerio de Salud pueda hacer una valoración psicológica a los internos.

La segunda medida incompleta, es la disculpa pública que deben emitir los policías que participaron en el operativo del 31 de mayo. Según el magistrado, el Ministerio de Interior proporcionó una lista de 180 efectivos que se formaron ese día en el Turi. No obstante, solo se registra 45 disculpas públicas de los gendarmes.

Según un profesional del derecho que representa a 10 de los 180, sus defendidos no darán las respectivas disculpas porque asistieron al Centro Penitenciario para otras actividades y no participaron en el operativo. Para disipar estas dudas, el juez otorgó 30 días para que el Ministerio del Interior depure el listado de los 180 policías y determiné los nombres de los policías que ejecutaron los actos de tortura.

Otra medida de reparación que preocupó al juez fue las charlas de derechos humanos que se deberán dictar este 31 de mayo de 2017, en todos los centros de rehabilitación social del país.  Hasta este miércoles 26 de abril, el Ministerio de Justicia deberá informar cómo se impartirá estas capacitaciones. Cabe mencionar, que en esta actividad deberían participar las víctimas y las carteras de Estado, sin embargo, las primeras no han sido tomadas en cuenta.

En esta audiencia participaron los tres ministerios, los abogados de los policías, la Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo. Recordamos, a esta última que su trabajo es dar vigilancia al cumplimiento de las medidas y que, hasta el momento, no se ha realizado.