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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Dirigente comunitaria fue detenida por un delito prescrito

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 28 Septiembre 2017 16:59
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Comunicación Inredh 

28/09/2017

Dirigente comunitaria fue detenida por un delito prescrito 


Sonia Toapanta junto a su hijo pequeño en la UPC. Foto: Conaie 

 

La dirigente comunitaria y contadora de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Sonia Toapanta, fue detenida la tarde de ayer, 27 de septiembre de 2017, tras un operativo de control vehicular ocurrido en el norte de Quito.

 

La joven dirigente junto a su hijo de 4 años fue retenida por miembros  de la Policía Nacional que registraron una orden de captura en su contra por un proceso penal del año 2006 cuando ella administró justicia indígena en un caso de robo de ganado, en la provincia de Cotopaxi.

 

Su detención, alertó al movimiento indígena, debido  a que Toapanta fue detenida sin registrar ninguna causa en el sistema judicial y  fue trasladada a la Unidad Policial del sector de la Río Coca, en el norte de Quito.  Luego en un patrullero fue llevada al Conjunto Habitacional de la Policía para dirigirse de ahí a la Unidad de Flagrancia, en la avenida 9 de Octubre y Patria. A este lugar nunca llegó, los policías la trasladaron a la UPC de la Mena del Hierro, en el norte de Quito. Tras varias horas, las autoridades del Estado lograron verificar que el proceso estaba prescrito y fue un error judicial.

 

A las 23:00, Sonia junto a su hijo, con detención domiciliaria, fueron trasladados a la sede de la Conaie. Hoy, al medio día fue liberada.  Frente a estos hechos, la Conaie informó que la detención de Toapanta se trata de un error del sistema judicial y solicitó a las autoridades que no se repita este tipo de inconvenientes.

 

Acorde al Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 72, se establecen las formas de extinción de la pena, en donde se establece en el numeral 6 a la prescripción como una vía para que la pena se extinga. En relación a esto, debemos apoyarnos en lo dispuesto en el artículo 75 del mismo cuerpo normativo, referente a la prescripción de la pena, que dice: la pena se podrá considerar prescrita acorde a distintas reglas, en donde en su numeral 1 se establece que:

“1. Las penas restrictivas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de la pena privativa de libertad prevista en el tipo penal más el cincuenta por ciento”.

 

Por lo cual en el presente caso, la pena habría prescrito totalmente, demostrando de esta forma que el proceder de los miembros de la Policía Nacional no fue el adecuado, ya que no existía pena alguna por la cual deban realizar la detención, denotando al mismo tiempo un evidente error judicial en referencia a este caso.