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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.  

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Se desarrolló audiencia preparatoria de juicio por tortura policial en caso Ayol

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 10 Octubre 2017 16:31
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Comunicación Inredh 

10/10/2017

Se desarrolló audiencia preparatoria de juicio por tortura policial en caso Ayol 

 

 

 

Eran las 8 de la mañana del martes 10 de octubre del 2017, en los exteriores del Complejo Judicial Norte en la ciudad de Quito y casi varios familiar y amigos estaban a la espera de que se desarrollé la audiencia preparatoria de juicio y evaluación del caso de Angelo Ayol, ex estudiante del Colegio Mejía, quien fue víctima de tortura y detención ilegal por miembros de la Policía Nacional, el pasado 17 de septiembre de 2014.

 

El fiscal del caso David Bermeo y la defensa de Ayol solicitaron al juez Giovanni Freire que llame a juicio a dos miembros de la Policía  por el delito de tortura, Freddy F. y David A. Mientras, que la defensa de los policías integrada por los abogados Juan Arboleda y Molina argumentó que en todo el proceso se respetaron los derechos como el de presunción de inocencia. Además, reconoció que hubo una agresión a un menor de edad que lo dejó incapacitado por 8 días y que este caso pasó a manos de la Fiscalía bajo el departamento de Comisión de la Verdad.

 

En su alegato, el fiscal  Bermeo narró los detalles recogidos de la versión de los hechos relatados por la víctima y los policías lo que permitirían configurar el delito de tortura y las irregularidades que hubo al momento de la detención del joven.  El fiscal dijo: “Angelo caminaba a coger el bus que lo llevaría a casa, cuando vio varias unidades motorizadas y policías que corrían en su dirección –dijo Bermeo- al darse la vuelta uno de ellos le cerró el paso y lo golpeó, fue en este momento en que todos los demás aprovecharon para golpearlo en el suelo”.  Esto se puede comprobar con el registro del GPS de los motorizados que prueban la materialidad del hecho.

 

También,  Bermeo se refirió a los hechos que sucedieron en la Unidad de la Policía Comunitaria (UPC) de La Basílica donde Ángelo fue golpeado y torturado con un objeto puntiagudo presuntamente un esfero. Se picoteó la cabeza del joven y se golpeó el rostro que ocasionó la fractura de piezas dentales molares producto de varios puntapiés. Esto se encuentra registrado en el certificado médico.

 

Un tercer escenario,  al que se refirió el fiscal fueron los hechos sucedidos en Unidad de Flagrancia, donde personal del lugar se dio cuenta del estado de salud de Ángelo y de otros procesados que se encontraban en la institución. Con este escenario el fiscal demostró  otro vicio procesal como fue el intento de llevarse a Ángelo silenciosamente y escondido a un hospital por la gravedad de sus heridas.

 

A estas evidencias se suman, las pruebas testimoniales, periciales y documentales. Para la Fiscalía existe nexo causal entre la materialidad y la responsabilidad de los acusados en el delito de tortura.

 

 

Para Harold Burbano, abogado de Ayol y asesor legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), los elementos de la norma internacional como la Convención Internacional Contra la Tortura, a la que Ecuador está adscrito, señala  que se debe revertir la carga de la prueba al Estado y no a la víctima porque la información en casos donde el agresor es la persona que se encuentra en una posición de garante, siempre la tiene el agresor. “Los delitos de tortura son actos que se cometen en la privacidad”.

 

 Además, dijo que no se debe juzgar bajo presuntos estigmas sociales ni se debe demostrar la intensidad de la tortura sino la intencionalidad del perpetrador  para que se configure el delito.  

 

Con este criterio, discrepa la defensa de los policías que centraron sus argumentos en que los hechos no son comprobables debido a las confusas y cambiantes versiones de Angelo. Asimismo, los policías demandados señalaron que ellos son subordinados y seguían ordenes bajo un contexto complicado como son las protestas sociales y  dijeron que el joven estudiante es deportista de taekwondo​ con lo cual sugiere que hubo una riña entre los policías por lo que se justifica su detención.

 

Otras de las interrogantes, de la defensa de la Policía fue que la nómina de policías estaba conformada por más de 150 uniformados, entonces cómo Ángelo pudo reconocer a los acusados.

 

Para Burbano, este argumento es insostenible y absurdo porque de lo que se ha actuado en la investigación se puede notar que Ayol practicó taekwondo​ hasta los 6 años; además, para sustentar su teoría del caso, los abogados de la defensa incurrían en contradicciones dentro de sus mismas teorías; por ejemplo, la defensa de David A. afirmó que no había forma de comprobar que David llegó a la UPC; no obstante, admitía que fue él quien entregó al adolescente Ayol a Freddy F.

 

Daniel Véjar, acusador particular, explicó que las posibles contradicciones en las que podría incurrir Ángelo no pueden ser determinantes para su testimonio pierda credibilidad. Para ello, explicó que, según el Comité de Derechos Humanos, al conocer y analizar un caso de Tortura explicó que difícilmente se puede esperar total exactitud en el relato de las víctimas sobre la tortura, sin que por ello se desvirtúen o nieguen la veracidad de los hechos. 

Burbano no descartó la posibilidad de llevar el caso a instancias internacionales, si la justicia ecuatoriana deja en la impunidad el caso.

 

La audiencia duró aproximadamente cinco  horas, el juez Geovanni Freire escuchó a las intervenciones de las dos partes y ahora revisará los 15 cuerpos del expediente. Al momento, se espera fecha y notificación de la audiencia.