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Caso Ayol: audiencia de juzgamiento por delito de tortura

Este miércoles 20 y jueves 21 de junio de 2018, a las 08:30, en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha se instalará la audiencia de juzgamiento por los hechos de tortura ocurridos en el caso de Ángelo Ayol, ex estudiante del Colegio Mejía que fue detenido ilegalmente y torturado por miembros de la Policía Nacional, mientras se desarrollaban las protestas sociales del 17 de septiembre de 2014, en la ciudad de Quito.

Inredh aclara que suspensión de actividad minera en Mirador no responde a la acción de protección sino a directrices del MAE

La suspensión temporal de la actividad minera del proyecto Mirador que se ejecuta en la parroquia de Tundayme, provincia Zamora Chinchipe, es por el incumplimiento de la licencia ambiental y por realizar actividades sin permisos respectivos de la autoridad ambiental y sectorial cometidos por la empresa minera Ecuacorriente S.A, así lo informó el pasado 15 de mayo de 2018, el Ministerio de Ambiente.

La falta de respuesta a más de 700 solicitudes de acceso al agua fue denunciada ante la Defensoría del Pueblo

Una comitiva de la comunidad de San Pablo de Amalí, de la provincia de Bolívar; Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)denunció ayer, 12 de junio de 2018,ante la Defensoría del Pueblo, que la Secretaría del Agua (Senagua) no resuelve las centenares denuncias sobre el acceso al agua que reposa en su despacho.

Comuneros de San Pablo de Amalí se reunirán con la Defensoría del Pueblo para denunciar atropellos de la hidroeléctrica Hidrotambo S.A

Este martes, 12 de junio de 2018, a las 14:00, los moradores de la comunidad de San Pablo de Amalí, cantón Chillanes, provincia Bolívar; y los representantes de Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (Inredh) se reunirán con Francisco Hurtado, adjunto de derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo, para denunciar las vulneraciones de sus derechos cometidos por el proyecto hidroeléctrico San José del Tambo ejecutado por la empresa Hidrotamabo S.A. Manuel Trujillo, presidente de la comunidad de San Pablo de Amalí, dijo que en esta reunión abordarán cinco puntos: adjudicación del agua a la hidroeléctrica, problemas de tierras, muro de contención,  criminalización y hostigamiento a los defensores de derechos humanos. Actualmente existen más de 700 solicitudes de adjudicación del agua presentada por los comuneros sin respuesta y 12 personas están siendo procesadas por el supuesto delito de sabotaje y terrorismo ocurrido en el año 2012. La reunión se realizará en la sede de la Defensoría del Pueblo ubicada en la Av. de la Prensa N54-97 y Jorge Piedra, norte de Quito. 

Juez suspende audiencia y ordena se realice un peritaje antropológico en comunidad indígena

El lunes, 04 de junio de 2018, se llevó a cabo la Audiencia de Acción de Protección en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero, y la empresa minera Ecuacorriente S.A., por la falta de consulta previa frente a la ejecución del proyecto minero Miradory por los desalojos forzadosocurridos en el año 2015, en la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador- “CASCOMI”, asentada en la parroquiaTundayme, provincia de Zamora Chinchipe.Esta acción se la presentó ante la Unidad Judicial de Trabajo con sede en la Parroquia Iñaquito, a cargo del juez de constitucional Carlos AlfonsoDávila.

Los derechos no son una cuestión moral

Categoría: Derechos Humanos Ecuador Creado: Viernes, 13 Octubre 2017 15:27
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INREDH 

13/10/2017

Pronunciamiento

Los derechos no son una cuestión moral  

 

 

Imagen de cortesía: Campus de Cuenca

 

La marcha convocada para mañana sábado 14 de octubre de 2017 por el Frente Nacional por la Familia de Ecuador (FNFE) está encaminada, según declaraciones públicas, a defender a las niñas y niñas frente a la “imposición de ideologías basadas en suposiciones de género y anticoncepción infantil”, a través del Sistema Educativo. Según dicha organización, hay dos proyectos de ley actualmente discutidos en la Asamblea Nacional que pregonan estos postulados: el Código Orgánico de la Salud (COS) y la Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres.

 

Nuestra organización considera que es importante aclarar que los temas relacionados con género, se manifiestan a través de enfoques o perspectivas. No existe una “ideología de género”, pues no es una postura militante ni una creencia a imponerse – y tampoco se lo refiere así dentro de los proyectos de ley cuestionados. El enfoque de género es una perspectiva objetiva, encaminada a considerar las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan; y a plantear la incorporación de la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres en la construcción social y en el quehacer estatal. Este enfoque está pensado para saldar una deuda social enorme y pendiente en favor de las mujeres, pretende combatir los estereotipos y la invisibilización social de la mujer, así como la discriminación y la violencia de género, problemáticas que -según índices nacionales- afectan a nuestra sociedad de forma grave y permanente. 

 

El Estado, a través de sus leyes y políticas públicas, está llamado a palear estas realidades. En este sentido, la incorporación del enfoque de género en los programas educativos nacionales significa cimentar la educación sobre los pilares de la igualdad entre hombres y mujeres y tiene el potencial de transformar nuestra sociedad, enseñando a los niños desde edades tempranas que el respeto y la tolerancia son las únicas herramientas válidas de interacción social y que toda forma de violencia de género no va a ser tolerada. La inclusión de este enfoque, además, responde a obligaciones internacionalmente adquiridas por parte del Estado ecuatoriano en términos de igualdad de género y viabiliza el cumplimiento de varias disposiciones constitucionales relacionadas. Es una necesidad apremiante no solo desde el punto de vista social, sino también desde el jurídico.

 

Por otro lado, respecto de la supuesta “anticoncepción infantil” rechazada por la marcha del FNFE, es necesario aclarar que, desde un análisis técnico jurídico, el proyecto de COS claramente no persigue ningún fin “hedonista” respecto de la educación de los niños, como se ha alegado. Lo que se menciona en las disposiciones de este proyecto, es la simple obligación de que la Autoridad Sanitaria Nacional “dicte las normas para garantizar la disponibilidad y acceso a métodos anticonceptivos temporales, definitivos, de emergencia y naturales”. Esta disposición no cambia en absoluto el panorama nacional.

 

Los métodos anticonceptivos son parte de los servicios de salud que está obligada a brindar la Autoridad Sanitaria para los ciudadanos y actualmente existen ya programas relacionados en ejecución, como el DAIA (Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos). Además, el proyecto de Código no impulsa programas encaminados a los niños específicamente y, de hecho, ya está en vigencia en el país la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Embarazo en Adolescentes ENIPLA de forma independiente. Hay que decir, además, que el sustento de todas estas acciones estatales es el derecho constitucional y convencional de toda persona a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad y su vida sexual y reproductiva.  Por lo tanto, creemos que el debate en torno a esta temática tiene que centrarse en argumentos jurídicos y de derechos humanos, dejando de lado consideraciones morales o religiosas en concordancia con la declaración del Ecuador como país laico, priorizando la aplicación de principios constitucionales como el de la igualdad ante la ley.

 

Por lo expuesto, INREDH rechaza toda acción, independientemente de cual sea su origen, que intente  crear desinformación, envían un mensaje tendiente a la perpetuación de la discriminación, a la intolerancia y al irrespeto a los derechos humanos.