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Mesas por la Verdad y Justicia, Perseguidos Políticos Nunca Más recibirá a autoridades indígenas de San pedro del Cañar

Este 13 de noviembre de 2018, a las 15: 00, en la sala de prensa del Consejo de la Judicatura (12 de Octubre n24 -563 y Francisco Salazar) se escuchará los testimonios de los familiares de las autoridades indígenas de Cañar que son procesados por por ejercer y administrar justicia indígena.

Laboratorio de la Fiscalía Provincial de Pichincha analizará el ADN de Juliana Campoverde

Las piezas dentales y óseas encontradas durante la reconstrucción de los hechos realizada el 10 y 11 de noviembre de 2018, en el sector de la Bellavista, norte de Quito para encontrar pistas sobre el paradero de Juliana Campoverde serán cotejadas en el Laboratorio de la Fiscalía Provincial de Pichincha, lugar dónde se realizarán las pruebas de ADN.

Procesado por la desaparición de Juliana Campoverde se acogió a la cooperación eficaz

Jonathan C. pastor evangélico procesado por la desaparición de Juliana Campoverde, vista por última vez el 7 de julio de 2012, se acogió al procedimiento de cooperación eficaz y accedió a a colaborar durante el proceso de la reconstrucción de los hechos. Así lo informó la fiscal del caso Mayra Soria.

Jueza resolverá acción de protección en contra de Inredh y Covidefem la próxima semana

  La jueza constitucional del Complejo Judicial Sur, Myriam Guamán, suspendió ayer 8 de noviembre de 2018, la audiencia de acción de protección planteada por el pastor Patricio C. contra la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y el Comité de Lucha Contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios (Covidefem) por supuesta violación a la integridad física, psíquica y moral, vida libre de violencia, no discriminación, derecho a la manifestaciones religiosas y presunción de inocencia de Jonathan C., quien es investigado por la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el pasado 7 de julio de 2012.   Una vez instalada la audiencia, el defensor de derechos humanos, Mario Melo, argumentó que Inredh no fue notificado debidamente, puesto que la notificación fue entregada a nombre de la directora administrativa, mas no a nombre de la representante legal de la Fundación. Por ello, solicitó se declare nula la diligencia.   La jueza Guamán no dio paso a la solicitud de Melo y  respondió que la directora administrativa pudo notificar a la representante legal y que al ser parte del Consejo Directivo podía comparecer a nombre de Inredh.   David Carrión, abogado de Patricio C., accionante de la acción de protección inició su intervención presentando como pruebas las publicaciones y artículos informativos difundidos a través de la página web y redes sociales de Inredh, afiches donde consta el logo de Covidefem, fotos de mensajes escritos en las paredes de la iglesia cristiana “Oasis de Esperanza” y  finalmente exhibió capturas de pantalla de comentarios realizados por terceros en las publicaciones. Por ello, expuso que su representado y familia se han visto seriamente afectados por los mensajes vertidos por quienes han comentado estas publicaciones.   Carrión solicitó como medidas de reparación que Inredh y Covidefem se abstengan de realizar publicaciones sobre el caso de la desaparición de Juliana Campoverde, borrar las publicaciones donde personas particulares han manifestado su opinión respecto del pastor investigado por la desaparición de Juliana, un tratamiento psicológico para la familia del procesado y una reparación material.   En su réplica, Melo dijo que la única prueba que se presentó en contra de Inredh no ofende ni disminuye la dignidad de ninguna persona. Aseguró que con la solicitud del accionante se pretende coartar la libertad de expresión de la ciudadanía. Además, que esta acción de protección pretende desviar la atención del caso de desaparición de Juliana Campoverde.   Melo, declaró que la vía adecuada para buscar justicia por los comentarios en redes sociales y mensajes en las paredes de la iglesia es la vía penal e insistió en la nulidad por no haber sido debidamente notificado.   En la audiencia, Pamela Chiriboga y Alejandro Baño, que sustentaron la defensa de Inredh, basaron su litigio en la labor y garantías de las personas defensoras de derechos humanos, el derecho individual y colectivo de la libertad de expresión y la presunción de inocencia de los procesados. Por lo tanto, Inredh como Covidefem no pueden responder por comentarios que son autoría de terceros, señalaron los litigantes.   Además, en la audiencia se precisó que los mensajes emitidos por Inredh son de hechos reales y actuales con un lenguaje respetuoso e inclusivo, más  no discriminatorio, sexista ni homófobo. Asimismo, se respeta el derecho  a la presunción de inocencia colocando la palabra sospechoso o procesado sin asegurar su culpabilidad antes de una sentencia del Tribunal.   Por su parte, la defensa de Covidefem explicó también que se notificó de manera errónea, debido a que el apellido de la persona citada no era el correcto y además, esta persona no figura como representante legal, dijo que Covidefem es una organización de hecho y no cuenta con personería jurídica.   Amigos de la corte   Para está audiencia también se presentaron dos Amicus Curiae o amigo de la corte en el proceso, uno por Jefferson Solorzano, en representación de la Defensoría del Pueblo de Ecuador,  y otro por José Valenzuela, defensor de derechos humanos y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica.   Andrés Solórzano rechazó la criminalización y hostigamiento a las personas defensoras de derechos humanos y cuestionó el uso de una acción de protección como herramienta para hostigar. .   Por su parte, José Valenzuela aseguró que este proceso adolece de requisitos de procedibilidad y de fondo  y  que no se puede menoscabar el actuar de defensoras y defensores de derechos humanos. Alerto a la jueza que de darse paso a la acción de protección se estaría vulnerando el derecho a la libertad de expresión.   Tras escuchar, las intervenciones de las partes la jueza dio un plazo de cuatro días para que Covidefem entregue documentación que dé cuenta de la estructura de la organización de hecho para pronunciarse y resolver la acción de protección planteada por el pastor Patricio C.   La audiencia se reanudará el próximo jueves 15 de noviembre a las 14:00 en el Complejo Judicial Sur.    

Jueces determinan que no hay responsables del desmembramiento del cuerpo de Francisco Cajigas

El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas presidido por el juez Juan José Chele Villamar ratificó la inocencia de los tres funcionarios públicos procesados por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas Botina, víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Organizaciones sociales presentan acción de protección contra Estado ecuatoriano y empresa minera china

Categoría: Actualidad Creado: Lunes, 29 Enero 2018 12:49
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Comunicación INREDH

24/01/2018

Organizaciones sociales presentan acción de protección contra Estado ecuatoriano y empresa minera china    

 

 

 

 

La Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), La Confederacion de Nacionalidades Indigeanas del Ecuador (CONAIE), la Red Eclesial PanAmazónica  (REPAM),  y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentarán una acción de protección para solicitar la reparación integral a las familias  campesinas e indígenas desalojadas de la parroquia Tundayme, donde se ejecuta el proyecto minero Mirador de la empresa Ecuacorriente S.A, en la provincia de Zamora Chinchipe.

 

La acción se presentará este miércoles,  31 de enero, a las 9:00, en la sala de sorteos del Complejo Judicial Norte, ubicado en la Av. Amazonas y Villalengua, en la ciudad de Quito. 

 

Con esta acción de protección apoyada por Red Eclesial Pan Amazónica e INREDH, la comunidad solicita reparación individual y comunitaria.  Que implica la reparación por daños de salud físicos y psicológicos, indemnización en favor de todas las víctimas, la reubicación de las familias que cumpla con características similares del territorio del cual fueron desalojados. Acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas por parte del Estado y de la empresa ECUACORRIENTES S.A., reconociendo el daño causado y ofreciendo garantías de no repetición. 

 

Además, se solicita que el Estado, a través de sus organismos diseñe planes de desarrollo tomando en cuenta su proyecto de vida comunitario. Y finalmente, las medidas correspondientes  a la Asamblea Nacional para la creación de un marco normativo que se adecue a los estándares de la consulta previa, libre e informada.

Desde el año 2015, se han realizado una serie de violaciones a los derechos humanos a la vivienda digna y al derecho a la consulta previa, a familias indígenas y campesinas en la provincia de Zamora Chinchipe, Cantón el Pangui, Parroquia Tundayme. Lugar donde se asientan las actividades para la operación del contrato de explotación minera a gran escala en Ecuador, parte del  Proyecto estratégico Cóndor Mirador.

 

Desde el 2012 hasta la presente fecha, no se ha realizado consulta alguna a la comunidad para obtener su consentimiento sobre este proyecto. Con ello, el Estado claramente incumplió obligaciones derivadas de la Carta Magna y obligaciones internacionalmente adquiridas  respecto a la consulta previa.  Este incumplimiento vuelve ilegal a la concesión del contrato de explotación minera y, consecuentemente, torna ilegales  a todos los procesos de desalojo que se originaron en dichas concesiones.  

La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) llevó a cabo algunos procesos de servidumbres de uso sobre territorios de la zona. La servidumbre implica que los territorios pueden ser dispuestos por el Estado, como de interés público para alguna actividad (en este caso, la extracción minera) lo que hace que esta figura de servidumbre minera este en el marco de la ley. En estos casos, los dueños de los predios no pueden oponerse y únicamente pueden intervenir para negociar el valor a recibir por su predio. 

En este marco 32 familias fueron desalojadas en septiembre y diciembre de 2015 mediante procedimientos ilegales que no respetaron  estándares de protección del derecho a la vivienda digna y al territorio.  Estas afectaciones no se limitan a la pérdida de la vivienda o espacio físico, sino que también se suma la pérdida de medios de vida, que es parte del ejercicio del derecho al trabajo ya que sus actividades de subsistencia están ligadas al uso de la tierra como la agricultura y ganadería. Ello, sin mencionar la relación espiritual e identitaria con su territorio.  

En los procesos de desalojo intervinieron: la Agencia de Regulación y Control Minero, la Empresa Minera ECSA, La Policía Nacional, Militares, agentes del Ministerio de Salud y agentes del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Las familias se encuentran organizadas en la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, a través de la cual, se han mantenido en defensa de sus derechos. Las familias se sienten afectadas porque hasta el momento no han existido acciones reivindicatorias, fueron obligadas a salir de sus localidades, a pagar arriendos para viviendas y tierra para trabajar. 

La afectación a este derecho a llevado consigo la violación constante de otros derechos relacionados a la integridad física y psicológica, esto debido también por la falta de asistencia médica, medida totalmente necesaria y que debe ser tomada en cuenta por el estado frente a estos grandes impactos sociales que conlleva la explotación de recursos naturales en zonas habitadas, de alto valor ecológico y ancestral.

 

Contactos de prensa: 

Luis Sánchez, presidente de Cascomi: 0996028074

Comunicación REPAM - 0998116789

Comunicación INREDH: 0989236441