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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.  

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Organizaciones sociales presentan acción de protección contra Estado ecuatoriano y empresa minera china

Categoría: Actualidad Creado: Lunes, 29 Enero 2018 12:49
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Comunicación INREDH

24/01/2018

Organizaciones sociales presentan acción de protección contra Estado ecuatoriano y empresa minera china    

 

 

 

 

La Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), La Confederacion de Nacionalidades Indigeanas del Ecuador (CONAIE), la Red Eclesial PanAmazónica  (REPAM),  y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentarán una acción de protección para solicitar la reparación integral a las familias  campesinas e indígenas desalojadas de la parroquia Tundayme, donde se ejecuta el proyecto minero Mirador de la empresa Ecuacorriente S.A, en la provincia de Zamora Chinchipe.

 

La acción se presentará este miércoles,  31 de enero, a las 9:00, en la sala de sorteos del Complejo Judicial Norte, ubicado en la Av. Amazonas y Villalengua, en la ciudad de Quito. 

 

Con esta acción de protección apoyada por Red Eclesial Pan Amazónica e INREDH, la comunidad solicita reparación individual y comunitaria.  Que implica la reparación por daños de salud físicos y psicológicos, indemnización en favor de todas las víctimas, la reubicación de las familias que cumpla con características similares del territorio del cual fueron desalojados. Acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas por parte del Estado y de la empresa ECUACORRIENTES S.A., reconociendo el daño causado y ofreciendo garantías de no repetición. 

 

Además, se solicita que el Estado, a través de sus organismos diseñe planes de desarrollo tomando en cuenta su proyecto de vida comunitario. Y finalmente, las medidas correspondientes  a la Asamblea Nacional para la creación de un marco normativo que se adecue a los estándares de la consulta previa, libre e informada.

Desde el año 2015, se han realizado una serie de violaciones a los derechos humanos a la vivienda digna y al derecho a la consulta previa, a familias indígenas y campesinas en la provincia de Zamora Chinchipe, Cantón el Pangui, Parroquia Tundayme. Lugar donde se asientan las actividades para la operación del contrato de explotación minera a gran escala en Ecuador, parte del  Proyecto estratégico Cóndor Mirador.

 

Desde el 2012 hasta la presente fecha, no se ha realizado consulta alguna a la comunidad para obtener su consentimiento sobre este proyecto. Con ello, el Estado claramente incumplió obligaciones derivadas de la Carta Magna y obligaciones internacionalmente adquiridas  respecto a la consulta previa.  Este incumplimiento vuelve ilegal a la concesión del contrato de explotación minera y, consecuentemente, torna ilegales  a todos los procesos de desalojo que se originaron en dichas concesiones.  

La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) llevó a cabo algunos procesos de servidumbres de uso sobre territorios de la zona. La servidumbre implica que los territorios pueden ser dispuestos por el Estado, como de interés público para alguna actividad (en este caso, la extracción minera) lo que hace que esta figura de servidumbre minera este en el marco de la ley. En estos casos, los dueños de los predios no pueden oponerse y únicamente pueden intervenir para negociar el valor a recibir por su predio. 

En este marco 32 familias fueron desalojadas en septiembre y diciembre de 2015 mediante procedimientos ilegales que no respetaron  estándares de protección del derecho a la vivienda digna y al territorio.  Estas afectaciones no se limitan a la pérdida de la vivienda o espacio físico, sino que también se suma la pérdida de medios de vida, que es parte del ejercicio del derecho al trabajo ya que sus actividades de subsistencia están ligadas al uso de la tierra como la agricultura y ganadería. Ello, sin mencionar la relación espiritual e identitaria con su territorio.  

En los procesos de desalojo intervinieron: la Agencia de Regulación y Control Minero, la Empresa Minera ECSA, La Policía Nacional, Militares, agentes del Ministerio de Salud y agentes del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Las familias se encuentran organizadas en la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, a través de la cual, se han mantenido en defensa de sus derechos. Las familias se sienten afectadas porque hasta el momento no han existido acciones reivindicatorias, fueron obligadas a salir de sus localidades, a pagar arriendos para viviendas y tierra para trabajar. 

La afectación a este derecho a llevado consigo la violación constante de otros derechos relacionados a la integridad física y psicológica, esto debido también por la falta de asistencia médica, medida totalmente necesaria y que debe ser tomada en cuenta por el estado frente a estos grandes impactos sociales que conlleva la explotación de recursos naturales en zonas habitadas, de alto valor ecológico y ancestral.

 

Contactos de prensa: 

Luis Sánchez, presidente de Cascomi: 0996028074

Comunicación REPAM - 0998116789

Comunicación INREDH: 0989236441