Actividades Destacadas

Más artículos

La otra cara del proyecto minero Mirador – Zamora Chinchipe

Hoy, 18 de julio de 2019, arrancó la fase de explotación de cobre a gran escala del proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. El proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A opera en medio de la vulneración de los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

Sentencia en Juliana Campoverde abre el camino a la judialización de casos de desapariciones en el país

Tras cuatro horas de deliberación, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha con votación unánime declaró culpable a Jonathan Carrillo Sánchez y lo sentenció a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. Así lo dijo, hoy la jueza ponente Sara Costales.

El Tribunal de Garantías Penales escuchará los alegatos finales en caso Juliana Campoverde

Este miércoles, 17 de julio de 2019, a las 08:00, se reinstalará la audiencia pública de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, joven de 18 años desaparecida desde el 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Pronunciamiento ante la crisis del sistema penitenciario en el Ecuador

    Las organizaciones: Mujeres de Frente, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-Guayas), Fundación Regional de Asesoría en Derechos (INREDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU); Vivir Libre-Organización LGBTI y las personas abajo firmantes, de manera colectiva, nos pronunciamos frente a la crisis del Sistema Penitenciario en el Ecuador y el estado de excepción que el día martes 16 de julio cumple 60 días de vigencia.  

Cascomi presenta acción extraordinaria de protección a Corte Constitucional por minería en Tundayme

La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor - Mirador (Cascomi) presentó  ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección para que se analice los derechos que no fueron examinados por el Tribunal de segunda instancia, al momento de negar el recurso de apelación. Así lo informó hoy, 10 de julio de 2019, Michelle Erazo, una de las abogadas de la comunidad y coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

Acción de protección: un camino para reparar a las familias desalojadas de Tundayme

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 31 Enero 2018 13:22
Visto: 2237

 

Comunicación INREDH

31/01/2018

Acción de protección: un camino para reparar a las familias desalojadas de Tundayme

 

La mañana de hoy, miércoles 31 de enero de 2018, a las 09:00, la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), la Red Eclesial PanAmazónica  (REPAM)  y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentaron una Acción de Protección solicitando la reparación integral de las 36 familias campesinas e indígenas desalojadas en Tundayme en el año 2014 y 2015, como resultado de la concesión minera otorgada a favor de la empresa Ecuacorriente S.A, en la provincia de Zamora Chinchipe.

 

 

Esta acción, presentada ante la Sala de Sorteos del Complejo Judicial Norte, recayó en las manos del juez Carlos Alfonso Dávila Ortega de la Unidad Judicial de Trabajo. el magistrado luego de aceptar el trámite tiene cinco días para notificar hora y fecha de la audiencia.

 

La acción fue planteada en contra el Estado, en las instituciones del Ministerio de Minería, Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente y Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), así como contra la empresa minera Ecuacorrientes S.A.

 

La acción visibiliza dos de las principales violaciones de las que han sido víctimas los proponentes: primero, la falta de consulta previa y segundo, la violación al derecho a la vivienda digna.   

 

Según el Art. 57 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT de la que el Ecuador es parte,los pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a que se les consulte de forma previa, libre, oportuna e informada acerca de cualquier plan de explotación de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.

 

Para Gabriela Flores, asesora legal de Inredh, la realización de esta consulta es obligatoria según los instrumentos internacionales; sin embargo, en el presente caso, la comunidad de Cascomi  nunca fue consultada acerca de la concesión en cuestión, a pesar de afectar su territorio de forma directa.  Ello constituye una violación a sus derechos constitucionales".  

 

 

Según Francis Andrade, de la Repam, esta acción de protección se alinea con el mandato de apoyo a lucha de la comunidad amazónica a nivel regional en la reivindicación de sus derechos.  

 

 

Esta acción de protección pretende que se haga justicia con las 36 familias afectadas, logrando que el Estado asuma su responsabilidad en las violaciones de estos derechos y repare de forma integral los daños físicos y psicológicos causados, incluyendo la reubicación de las familias desalojadas en territorios que cumpla con características similares del territorio del cual fueron desalojados, la adopción de medidas de rehabilitación y de reactivación económica en favor de la comunidad, las disculpas públicas, entre otros.

 

En la presentación de la acción de protección estuvieron presentes, el presidente de la comunidad de Cascomi, Luis Sánchez, que denunció las afectaciones ambientales como la contaminación del río, los desalojos que sufrieron desde 2014 y los daños psicológicos que implica sufrir un desalojo.

 

 

También acompañó, el vicepresidente de la Conaie, Cesar Tixilema, quien comentó sobre los efectos de la minería y las grave violaciones a estas comunidades y que hasta la fecha no son reubicadas de manera digna.

 

 

 

Para el presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez, quien apoya la acción de protección, es necesario que exista una orden de proteger los derechos de los pueblos, el medio ambiente y la vida.

 

 

Las organizaciones que presentaron esta acción quedan atentas a las demás acciones que sean necesarias para que las 32 familias desalojadas puedan gozar nuevamente de los derechos que les fueron conculcados y vivir de manera digna, sin contaminaciones por cualquier actividad extractiva.

 

Leer Acción de Protección presentada