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Caso Fumigaciones: delegados del cordón fronterizo visitarán la Embajada de Colombia

 Este martes 14 de agosto de 2018, a las 09:00, diez representantes de las comunidades de la nacionalidad Awá, la organización Pluri étnica Pacahamama y la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón fronterizo de Sucumbíos, Esmeralda y Carchi (Forcofecec) se reunirán en la embajada de Colombia, ubicada en Catalina Aldaz N 34-131 y Portugal, al norte de Quito. El objetivo: presentar un plan de trabajo que dé respuesta a las afectaciones y el pago de las indemnizaciones a 30.000 personas, víctimas de las fumigaciones ocurridas en las 4 provincias fronterizas. Se espera que mañana, los delegados se puedan reunir con el representante de la embajada colombiana para abordar los temas de contaminación ambiental y coordinar una audiencia. Contacto de prensa: Víctor Hugo Quiñonez / 0981445510 Jessica Matute / 0998287754

Defensoría del Pueblo pide que se respete el derecho a la defensa de la comunidad Cascomi en la audiencia de protección por actividad minera

Francisco Hurtado, defensor adjunto de derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, dijo  ayer 8 de agosto de 2018, mediante una rueda de prensa que se respete el derecho a la defensa de los habitantes de Tundayme, lugar donde se ejecuta el proyecto minero Mirador, provincia de Zamora Chinchipe.  

Corte Nacional de Justicia ratificó la inocencia de 5 procesados en caso Saraguro

La Corte Nacional de Justicia conformada por el juez ponente Iván Saquicela Rodas, Edgar Flores Mier y Silvia Sánchez ratificaron ayer, 7 de agosto d 2018, la inocencia de Luisa Lozano, dirigente de la mujer de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie); Amable Angamarca, Asunción Zhunaula, Polibio Medina y Karina Monteros, todos procesados por el delito de paralización de servicios públicos ocurrido el 17 de agosto de 2015, durante el levantamiento indígena y paro nacional.

Rueda de prensa: Juez constitucional prohíbe desalojos por actividad minera en Zamora

La Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos (Inredh) y la Red Eclesial Panamazónica (Repam) invitan a la rueda de prensa en la que se emitirá una declaración conjunta sobre el “Juez constitucional que prohíbe desalojos por actividad minera en Zamora”, la misma que se llevará a cabo este miércoles 8 de agosto de 2018, a las 10:00, en el edificio de la Defensoría del Pueblo, ubicado en la Av. de los Shyris N37-252, entre Zurriago y La Tierra, quinto piso. Cabe mencionar que fue el juez Carlos Alfonso Dávila Ortega, de la Unidad Judicial de Trabajo de la provincia de Pichincha, quien ordenó -de forma inmediata- que la compañía Ecuacorriente S.A., encargada de ejecutar el proyecto minero Mirador, ubicado en la localidad de Tundayme, Zamora Chinchipe, suspenda cualquier acto de desalojo previsto en dicha comunidad. Además, dispuso a la empresa abstenerse de realizar acciones intimidatorias en contra de los miembros de la comunidad. Se denuncia, además, que desde el ingreso del proyecto minero (2012), los habitantes de las comunidades han sido víctimas de desalojos, intimidaciones y hostigamiento en toda la zona. Intervienen: - Francisco Hurtado, Adjunto de Derechos Humanos y la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. - Luis Sánchez, habitante de la comunidad de Cascomi - Gabriela Flores, asesora jurídica de Inredh - Francis Andrade, Repam. Contacto de prensa: Christian Martínez, Defensoría del Pueblo / 0984261009 Elvia Arévalo O.  – Comunidad CASCOMI 0939581271 Daniela Andrade – REPAM 0998116789 Comunicación Inredh - 0992058210  

Inredh hace un llamado a velar por el derecho a la verdad en el caso Romo

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos –Inredh-, expresa su más sincera solidaridad  con Alexandra Córdova, madre de David Romo, quien desapareció en la ciudad de Quito el 16 de mayo de 2013. Alexandra enfrentará, tras cinco años de incesante búsqueda y exigencia de justicia por su hijo, la audiencia de juzgamiento este próximo lunes 6 de agosto de 2018 a las 08:30 en el Complejo Judicial Norte de la ciudad Quito.

Acción de protección: un camino para reparar a las familias desalojadas de Tundayme

Categoría: Actualidad Creado: Miércoles, 31 Enero 2018 13:22
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Comunicación INREDH

31/01/2018

Acción de protección: un camino para reparar a las familias desalojadas de Tundayme

 

La mañana de hoy, miércoles 31 de enero de 2018, a las 09:00, la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), la Red Eclesial PanAmazónica  (REPAM)  y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentaron una Acción de Protección solicitando la reparación integral de las 36 familias campesinas e indígenas desalojadas en Tundayme en el año 2014 y 2015, como resultado de la concesión minera otorgada a favor de la empresa Ecuacorriente S.A, en la provincia de Zamora Chinchipe.

 

 

Esta acción, presentada ante la Sala de Sorteos del Complejo Judicial Norte, recayó en las manos del juez Carlos Alfonso Dávila Ortega de la Unidad Judicial de Trabajo. el magistrado luego de aceptar el trámite tiene cinco días para notificar hora y fecha de la audiencia.

 

La acción fue planteada en contra el Estado, en las instituciones del Ministerio de Minería, Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente y Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), así como contra la empresa minera Ecuacorrientes S.A.

 

La acción visibiliza dos de las principales violaciones de las que han sido víctimas los proponentes: primero, la falta de consulta previa y segundo, la violación al derecho a la vivienda digna.   

 

Según el Art. 57 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT de la que el Ecuador es parte,los pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a que se les consulte de forma previa, libre, oportuna e informada acerca de cualquier plan de explotación de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.

 

Para Gabriela Flores, asesora legal de Inredh, la realización de esta consulta es obligatoria según los instrumentos internacionales; sin embargo, en el presente caso, la comunidad de Cascomi  nunca fue consultada acerca de la concesión en cuestión, a pesar de afectar su territorio de forma directa.  Ello constituye una violación a sus derechos constitucionales".  

 

 

Según Francis Andrade, de la Repam, esta acción de protección se alinea con el mandato de apoyo a lucha de la comunidad amazónica a nivel regional en la reivindicación de sus derechos.  

 

 

Esta acción de protección pretende que se haga justicia con las 36 familias afectadas, logrando que el Estado asuma su responsabilidad en las violaciones de estos derechos y repare de forma integral los daños físicos y psicológicos causados, incluyendo la reubicación de las familias desalojadas en territorios que cumpla con características similares del territorio del cual fueron desalojados, la adopción de medidas de rehabilitación y de reactivación económica en favor de la comunidad, las disculpas públicas, entre otros.

 

En la presentación de la acción de protección estuvieron presentes, el presidente de la comunidad de Cascomi, Luis Sánchez, que denunció las afectaciones ambientales como la contaminación del río, los desalojos que sufrieron desde 2014 y los daños psicológicos que implica sufrir un desalojo.

 

 

También acompañó, el vicepresidente de la Conaie, Cesar Tixilema, quien comentó sobre los efectos de la minería y las grave violaciones a estas comunidades y que hasta la fecha no son reubicadas de manera digna.

 

 

 

Para el presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez, quien apoya la acción de protección, es necesario que exista una orden de proteger los derechos de los pueblos, el medio ambiente y la vida.

 

 

Las organizaciones que presentaron esta acción quedan atentas a las demás acciones que sean necesarias para que las 32 familias desalojadas puedan gozar nuevamente de los derechos que les fueron conculcados y vivir de manera digna, sin contaminaciones por cualquier actividad extractiva.

 

Leer Acción de Protección presentada