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Proyecto de ley sobre desaparecidos entra a primer debate en Asamblea Nacional

La sesión del pleno número 602 de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el pasado 20 de junio del 2019,  en esta sesión del pleno se conoció el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para primer debate.  

Inredh presentó amicus curiae para la audiencia de hábeas corpus de Ola Bini

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó, ayer 19 de junio de 2019, un amicus curiae (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitada a favor de Ola Bini, informático sueco en que cumple prisión preventiva en el Centro de Detención Provisional de Quito, en el sector de Inca. Ola Bini, de 37 años y amigo del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido el 11 de abril de este año en la ciudad de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. El 2 de mayo, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de mayo, le fue negado el pedido de caución (fianza).   Para este jueves 20 de junio a las 16:00, el juez Henry Cáliz Ramos, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, instalará la audiencia de hábeas corpus solicitada por el informático sueco, quien es investigado por el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos”, sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de esta diligencia se espera contar con la presencia de la jueza Yadira Proaño (autoridad que negó la fianza a Ola Bini), así como otras autoridades estatales, en calidad de demandados. Para Alejandro Baño, miembro del equipo jurídico de Inredh, “la figura de amicus curiae busca aportar con criterios técnicos (generalmente jurídicos), a fin de que se resuelva de mejor manera la causa, respetando derechos fundamentales de toda persona dentro de un proceso”. Y que en el caso particular de Ola Bini, este documento busca dar argumentos a los jueces de por qué esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado. Asimismo, Baño asegura que como organismo de derechos humanos estarán vigilantes para que se proteja la libertad, la vida, la integridad física y el debido proceso de Ola Bini como medio de justicia para las personas privadas de libertad.

Un mes durará la audiencia de juzgamiento por la desaparición de Juliana Campoverde

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la Jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.

Coccinelle: de los 80 a la denuncia contra el Estado

Por Ingrid García* Al leer “Los Fantasmas se Cabrearon: crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador” de Alberto Cabral o ‘Purita Pelayo’ encontramos el relato de varios travestis y homosexuales de la época de los 80 y 90’s.

 Fiscalía de la Comisión de la Verdad admitió denuncia del colectivo trans Nueva Coccinelle por delito de lesa humanidad

  El pasado 03 de junio del 2019, la Dirección de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de admisibilidad sobre el caso Nueva Coccinelle. El análisis de la denuncia determinó que hay la posibilidad de hayan existido procesos de discriminación sistemática homofóbica y transfóbica organizado por el Estado durante el gobierno de León Febres-Cordero y de ahí, la necesidad de investigar estos acontecimientos.

Un subteniente y un cabo segundo de la Policía fueron sentenciados por torturar a ex estudiante del Colegio Mejía

Categoría: Actualidad Creado: Martes, 03 Julio 2018 12:06
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Por unanimidad, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha conformado por Milton Maroto Sánchez, María Suárez Tapia y Edmundo Samaniego Luna sentenció ayer, 2 de julio de 2018, al subteniente de la Policía Nacional, David A., como autor directo del delito de tortura cometido en contra de Angelo Ayol Barros, ex estudiante de cuarto curso del Colegio Mejía, el pasado 17 de septiembre de 2014, cuando se desarrollaban protestas sociales.

El Tribunal que deliberó durante 90 minutos señaló que durante la audiencia de juzgamiento se probó la materialidad y responsabilidad del delito tipificado en el artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo cual condenó al subteniente a 10 años de prisión y a  cancelar 40 salarios básicos unificados como multa. Además, se ordenó que la familia Ayol Barros reciba de parte del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos acompañamiento psicológico permanente. 

En la argumentación de la sentencia, el magistrado relató que aquel 17 de septiembre, Ángelo de 17 años salió de clases pasadas las 18:00 cuando fue detenido por miembros de la Policía Nacional que realizaban un operativo de control de las manifestaciones, pero antes de aprenderlo el joven recibió puntapiés, golpes y una moto lo atropelló como lo estableció el peritaje médico, psicológico y de entorno social. Esto bajo la custodia policial del subteniente David A.

 

Para saber más sobre el tema: Cuando la custodia policial concluye en tortura

 

Luego, Angelo fue esposado y trasladado en una moto a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de La Basílica, en el centro histórico de Quito, donde el subteniente David A. entregó a Ayol al cabo segundo de la Policía, Freddy F., encargado de registrar en su bitácora las novedades, sin embargo, en el cuaderno no registró la detención del joven ni proporcionó atención diligente e inmediata al menor lesionado.  En ese lugar, Ayol nuevamente fue golpeado por los policías, quienes de una patada le rompieron dos muelas y con un esfero fue picado en su cuero cabelludo.

El cabo segundo de la Policía responsable del registro en la UPC y ubicado a unos metros del joven Ayol, aseguró  en su declaración que no vio sus heridas, ni escuchó golpes, ni gritos de ayuda del joven, por lo cual no consideró que sus superiores hayan hecho algo alejado a su deber. Esto, pese a que el cabo segundo si logró escuchar las manifestaciones que se desarrollaban a dos cuadras. Tratar de proteger a sus superiores durante el proceso judicial, apegado a un falso espíritu de cuerpo, no bastó para ocultar la responsabilidad policial en estos hechos.

El Tribunal sentenció a Freddy F. por el delito de tortura, inciso 4 que establece: “La o el servidor público que tenga competencia para evitar la comisión de la infracción de tortura y omita hacerlo, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años”. El Tribunal lo sentenció a 5 años de prisión y a cancelar 15 salarios básicos unificados.

Para Harold Burbano, uno de los abogados del caso y coordinador jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), esta sentencia es un precedente histórico para la justicia y los derechos humanos en el Ecuador. Es la primera sentencia en el país en la que se reconoce que la violencia policial en contra de estudiantes menores de edad constituye delito de tortura. Además, es la primera vez que un Tribunal de Garantías Penales aplica el artículo 151 del Código Integral Penal constituyéndose en precedente fundamental para casos futuros.

En tanto, Luis Ángel Saavedra, coordinador Ejecutivo de INREDH, organización que llevó adelante este proceso, considera que si bien es cierto la sentencia es satisfactoria para Ángelo y su familia, una pena de prisión, por más alta que sea, no garantiza la no repetición de estos actos policiales cuando controlan una manifestación, por lo que un Tribunal de Garantías también debe ordenar que en la institución policial se formen agentes que actúen apegados a los derechos humanos y no comprometan su propio futuro al violentarlos.

 

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