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Mesas por la Verdad y Justicia, Perseguidos Políticos Nunca Más recibirá a autoridades indígenas de San pedro del Cañar

Este 13 de noviembre de 2018, a las 15: 00, en la sala de prensa del Consejo de la Judicatura (12 de Octubre n24 -563 y Francisco Salazar) se escuchará los testimonios de los familiares de las autoridades indígenas de Cañar que son procesados por por ejercer y administrar justicia indígena.

Laboratorio de la Fiscalía Provincial de Pichincha analizará el ADN de Juliana Campoverde

Las piezas dentales y óseas encontradas durante la reconstrucción de los hechos realizada el 10 y 11 de noviembre de 2018, en el sector de la Bellavista, norte de Quito para encontrar pistas sobre el paradero de Juliana Campoverde serán cotejadas en el Laboratorio de la Fiscalía Provincial de Pichincha, lugar dónde se realizarán las pruebas de ADN.

Procesado por la desaparición de Juliana Campoverde se acogió a la cooperación eficaz

Jonathan C. pastor evangélico procesado por la desaparición de Juliana Campoverde, vista por última vez el 7 de julio de 2012, se acogió al procedimiento de cooperación eficaz y accedió a a colaborar durante el proceso de la reconstrucción de los hechos. Así lo informó la fiscal del caso Mayra Soria.

Jueza resolverá acción de protección en contra de Inredh y Covidefem la próxima semana

  La jueza constitucional del Complejo Judicial Sur, Myriam Guamán, suspendió ayer 8 de noviembre de 2018, la audiencia de acción de protección planteada por el pastor Patricio C. contra la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y el Comité de Lucha Contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios (Covidefem) por supuesta violación a la integridad física, psíquica y moral, vida libre de violencia, no discriminación, derecho a la manifestaciones religiosas y presunción de inocencia de Jonathan C., quien es investigado por la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el pasado 7 de julio de 2012.   Una vez instalada la audiencia, el defensor de derechos humanos, Mario Melo, argumentó que Inredh no fue notificado debidamente, puesto que la notificación fue entregada a nombre de la directora administrativa, mas no a nombre de la representante legal de la Fundación. Por ello, solicitó se declare nula la diligencia.   La jueza Guamán no dio paso a la solicitud de Melo y  respondió que la directora administrativa pudo notificar a la representante legal y que al ser parte del Consejo Directivo podía comparecer a nombre de Inredh.   David Carrión, abogado de Patricio C., accionante de la acción de protección inició su intervención presentando como pruebas las publicaciones y artículos informativos difundidos a través de la página web y redes sociales de Inredh, afiches donde consta el logo de Covidefem, fotos de mensajes escritos en las paredes de la iglesia cristiana “Oasis de Esperanza” y  finalmente exhibió capturas de pantalla de comentarios realizados por terceros en las publicaciones. Por ello, expuso que su representado y familia se han visto seriamente afectados por los mensajes vertidos por quienes han comentado estas publicaciones.   Carrión solicitó como medidas de reparación que Inredh y Covidefem se abstengan de realizar publicaciones sobre el caso de la desaparición de Juliana Campoverde, borrar las publicaciones donde personas particulares han manifestado su opinión respecto del pastor investigado por la desaparición de Juliana, un tratamiento psicológico para la familia del procesado y una reparación material.   En su réplica, Melo dijo que la única prueba que se presentó en contra de Inredh no ofende ni disminuye la dignidad de ninguna persona. Aseguró que con la solicitud del accionante se pretende coartar la libertad de expresión de la ciudadanía. Además, que esta acción de protección pretende desviar la atención del caso de desaparición de Juliana Campoverde.   Melo, declaró que la vía adecuada para buscar justicia por los comentarios en redes sociales y mensajes en las paredes de la iglesia es la vía penal e insistió en la nulidad por no haber sido debidamente notificado.   En la audiencia, Pamela Chiriboga y Alejandro Baño, que sustentaron la defensa de Inredh, basaron su litigio en la labor y garantías de las personas defensoras de derechos humanos, el derecho individual y colectivo de la libertad de expresión y la presunción de inocencia de los procesados. Por lo tanto, Inredh como Covidefem no pueden responder por comentarios que son autoría de terceros, señalaron los litigantes.   Además, en la audiencia se precisó que los mensajes emitidos por Inredh son de hechos reales y actuales con un lenguaje respetuoso e inclusivo, más  no discriminatorio, sexista ni homófobo. Asimismo, se respeta el derecho  a la presunción de inocencia colocando la palabra sospechoso o procesado sin asegurar su culpabilidad antes de una sentencia del Tribunal.   Por su parte, la defensa de Covidefem explicó también que se notificó de manera errónea, debido a que el apellido de la persona citada no era el correcto y además, esta persona no figura como representante legal, dijo que Covidefem es una organización de hecho y no cuenta con personería jurídica.   Amigos de la corte   Para está audiencia también se presentaron dos Amicus Curiae o amigo de la corte en el proceso, uno por Jefferson Solorzano, en representación de la Defensoría del Pueblo de Ecuador,  y otro por José Valenzuela, defensor de derechos humanos y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica.   Andrés Solórzano rechazó la criminalización y hostigamiento a las personas defensoras de derechos humanos y cuestionó el uso de una acción de protección como herramienta para hostigar. .   Por su parte, José Valenzuela aseguró que este proceso adolece de requisitos de procedibilidad y de fondo  y  que no se puede menoscabar el actuar de defensoras y defensores de derechos humanos. Alerto a la jueza que de darse paso a la acción de protección se estaría vulnerando el derecho a la libertad de expresión.   Tras escuchar, las intervenciones de las partes la jueza dio un plazo de cuatro días para que Covidefem entregue documentación que dé cuenta de la estructura de la organización de hecho para pronunciarse y resolver la acción de protección planteada por el pastor Patricio C.   La audiencia se reanudará el próximo jueves 15 de noviembre a las 14:00 en el Complejo Judicial Sur.    

Jueces determinan que no hay responsables del desmembramiento del cuerpo de Francisco Cajigas

El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas presidido por el juez Juan José Chele Villamar ratificó la inocencia de los tres funcionarios públicos procesados por el delito de alteración de evidencia y elementos de prueba en el cráneo de Francisco Cajigas Botina, víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Caso Sinangoe: audiencia de apelación de medidas cautelares se suspende por inspección judicial

Categoría: Actualidad Creado: Jueves, 06 Septiembre 2018 15:02
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La Corte Provincial de Sucumbíos suspendió ayer, 5 de septiembre de 2018, la audiencia de apelación de medidas cautelares que resolvió que se vulneró el derecho a la consulta previa, libre e informada de la comunidad Cofán – Sinangoe, provincia de Sucumbíos.

La Corte Provincial indicó que tiene el interés de realizar en próximos días una inspección judicial al sitio afectado.

En la audiencia, la comunidad amazónica A’I Cofán de Sinangoe presentó argumentos para que la Corte ratifique y amplié la sentencia histórica del juez del Cantón Gonzalo-Pizarro que suspendió 52 concesiones mineras por violar el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Además, se logró demostrar que nuestros derechos al agua y la alimentación e encuentran gravemente comprometidos, al igual que los derechos de la naturaleza; y por ello la disposición de simplemente suspender las concesiones no resulta suficiente- dice Mario Criollo, presidente de la comunidad,  toda vez que las mismas fueron otorgadas en vulneración de derechos constitucionales y deberían ser revertidas o declaradas nulas, en concordancia con las disposiciones de la Corte Constitucional.

Por su parte,  el abogado del ministerio de Minas, en presencia del viceministro Henry Troya Figueroa, acusó a la Guardia Indígena de Sinangoe sin ninguna prueba de haber sido “cómplices” en los daños ambientales de las empresas mineras y además los llamó “una guardia civil armada que incumple con su deber de hacer respetar a su espacio”.

Este argumento no pudo ser probado durante la audiencia y fue rechazado por la comunidad.  

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