Organizaciones indígenas, religiosas y de derechos humanos presentaron acción de protección y medidas cautelares contra el Estado y empresas petroleras por derrame de petróleo

Categoría: Covid – 19 Creado: Miércoles, 29 Abril 2020 11:30
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Este miércoles 29 de abril de 2020, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos y varias personas afectadas presentaron una acción de protección con medidas cautelares a favor de aproximadamente 120 mil personas afectadas por el derrame de crudo, ocurrido el pasado 7 de abril en la Amazonía ecuatoriana.

Las familias afectadas exigieron medidas cautelares debido a su grave situación de vulnerabilidad, no sólo por la contaminación del agua, que es su fuente fundamental de alimento, sino por la crisis agravada por la pandemia del COVID-19. Además, dentro de la demanda, solicitaron restauración ecológica de todos los componentes afectados del ecosistema, reparación integral para las personas afectadas y garantías de no repetición, dado que existe un riesgo inminente por una nueva ruptura.

La medida presentada ante un juez en el cantón Francisco de Orellana, con el apoyo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, fue adoptada ante la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades así como, a los derechos de la naturaleza por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, EP Petroecuador y la empresa privada OCP – las entidades demandadas –.

Las familias afectadas exigieron medidas cautelares debido a su grave situación de vulnerabilidad, no sólo por la contaminación del agua, que es su fuente fundamental de alimento, sino por la crisis agravada por la pandemia del COVID-19. Además, dentro de la demanda, solicitaron restauración ecológica de todos los componentes afectados del ecosistema, reparación integral para las personas afectadas y garantías de no repetición, dado que existe un riesgo inminente por una nueva ruptura.

El texto de 80 hojas alegaba que el derramamiento de crudo se pudo prever, ya que estas instituciones estatales y la empresa OCP fueron alertadas por expertos sobre la inestabilidad de la zona, por su cercanía con el volcán Reventador y su alta actividad sísmica, como por sus constantes deslaves y fuertes lluvias.

En febrero de este año, tras el colapso de la Cascada San Rafael, expertos, una vez más, advirtieron que la erosión regresiva de los suelos causada por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ponía en riesgo la infraestructura de los oleoductos. Sin embargo, ni el Estado ni la empresa actuó.

Y ante “su falta de reacción, los demandados incumplieron con su deber constitucional de proteger a las personas y a la naturaleza, que está consagrado en el artículo 389 de nuestra Constitución; es decir, el Estado no actuó en prevención de riesgo y, por ende, tiene responsabilidad por omisión”, explicó María Espinosa, parte del equipo legal de las comunidades afectadas, a través de la rueda de prensa virtual convocada por las organizaciones.

El impacto de esta omisión por parte del Estado y la empresa se ve reflejado en la salud de aproximadamente 105 comunidades de las Nacionalidades Kichwa y Shuar, pertenecientes a 21 parroquias que lindan con los ríos Coca y Napo, quienes dependen del río como fuente de agua y alimento diariamente. 

Según el presidente de la FCUNAE, Carlos Jipa, el Estado no ha tomado en cuenta a las comunidades indígenas para la elaboración de sus planes de emergencia. “Nos sentimos discriminados. Es por eso que, las familias de la FCUNAE decidimos hacer esta demanda, porque no queremos que esto vuelva a ocurrir”, concluye.

Debido a la pandemia del COVID-19 y a las fuertes inundaciones en la zona, las comunidades están viviendo una triple-crisis, que ha reflejado la falta de respuesta estatal para establecer alternativas ante esta situación emergente. Es así que, para Andrés Tapia, dirigente de la CONFENIAE la explotación petrolera y otros minerales “solo son contaminantes del medio ambiente”. Además, en su intervención en la rueda de prensa, enfatizó que con esta pandemia se “ha demostrado al mundo que la gente no vive comiendo petróleo sino de la producción del campo, de los pueblos indígenas y campesinos".

El gobierno y la empresa estiman que se derramó alrededor de 15.000 barriles de crudo, que representaría el derrame más grande en el país durante los últimos 15 años. Sin embargo, las organizaciones indígenas y de derechos humanos alegaron que el Estado no ha dado información oportuna ni transparente desde la fecha del incidente, y pusieron en duda los datos oficiales sobre la magnitud del derrame.

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